Un grupo de 25 estados de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, argumentando que los nuevos aranceles a las importaciones son un intento de sustituir impuestos que la Corte Suprema declaró inválidos en febrero. La demanda sostiene que el Gobierno está utilizando un nuevo fundamento legal para volver a imponer gravámenes que, según los estados demandantes, ya habían sido rechazados por el máximo tribunal del país.
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció la acción judicial y criticó duramente la decisión del Gobierno federal.
“Después de perder ante la Corte Suprema, la administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos para las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, afirmó James según NBC Los Angeles.
Los estados que se unieron al proceso
Además de Nueva York, la demanda fue presentada por Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
Los fiscales generales de estos estados consideran que la nueva política comercial excede las facultades del Poder Ejecutivo.
El mes pasado, Estados Unidos impuso aranceles de entre 10% y 12,5% a 59 países y a la Unión Europea, argumentando que esas economías no han hecho lo suficiente para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzado.
Estas tarifas comenzaron a aplicarse justo después de que expiraran los aranceles temporales que Trump había implementado tras la derrota sufrida ante la Corte Suprema.
Los fiscales sostienen que el Gobierno intenta reemplazar impuestos que la Corte Suprema ya había declarado ilegales. (Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL)
El origen del conflicto legal
Durante su mandato, Trump defendió que unos aranceles más altos ayudarían a recuperar la industria manufacturera estadounidense.
Inicialmente recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para justificar los gravámenes, alegando que el déficit comercial representaba una emergencia nacional.
Sin embargo, la Corte Suprema determinó que esa legislación no otorgaba autoridad para imponer este tipo de aranceles, obligando al Gobierno a reembolsar el dinero cobrado a los importadores.
La nueva estrategia de la Casa Blanca
Tras esa decisión judicial, la administración recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite aplicar sanciones comerciales a países que mantengan prácticas consideradas desleales.
Trump ya había utilizado esta herramienta durante su primer mandato para imponer aranceles a productos procedentes de China, medidas que superaron las impugnaciones judiciales.
Por su parte, la Casa Blanca sostiene que los nuevos aranceles cumplen con la ley. El portavoz Kush Desai declaró: “Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas irrazonables que perjudican el comercio estadounidense. El hecho de que un país extranjero no prohíba ni haga cumplir de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzado es irrazonable y perjudica el comercio de Estados Unidos, incluidos los trabajadores estadounidenses, y debe abordarse. Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta legalmente sólida desde el primer mandato del presidente, y siguen siéndolo ahora”.
El caso podría definir el alcance de las facultades presidenciales para imponer aranceles sin autorización del Congreso. (Foto: EFE / EPA / BONNIE CASH /POOL)
También existen otras demandas contra los aranceles
Según el medio citado, la demanda de los estados se suma a otras dos acciones legales presentadas en julio por pequeñas empresas ante el Tribunal de Comercio Internacional.
Los demandantes sostienen que el Gobierno no justificó adecuadamente por qué cada país fue incluido en la medida ni explicó cómo los aranceles eliminarían las prácticas que pretende combatir.
El profesor de derecho Barry Appleton explicó que esta es la tercera ocasión en que la administración intenta aplicar aranceles globales mediante diferentes leyes, lo que podría dificultar su defensa en los tribunales.
No obstante, también señaló que la Sección 301 tiene un respaldo legal más sólido porque fue utilizada durante décadas.
“Los presidentes la han utilizado durante décadas, y el Congreso la diseñó con verdaderos mecanismos de control: investigación, consultas y un registro público. La defensa del Gobierno no será: ‘No tenía autoridad para hacer esto’. Será: ‘Me mantuve dentro de los límites que estableció el Congreso’. Esa es una disputa real, no una formalidad, y será la que decida este caso”, explicó el docente.