Ismael “El Mayo” Zambada tiene 76 años, múltiples enfermedades y sabe que morirá en una celda estadounidense. Su defensa pide que al menos la prisión en donde pase sus últimos días con vida tenga médico. La fiscalía de Estados Unidos respondió el 13 de julio: la salud importa, pero también importa que uno de sus hijos sigue dirigiendo el Cártel de Sinaloa y que el capo podría operar desde cualquier prisión donde lo pongan.
El escrito de sentencia que la fiscalía presentó ante el juez Brian Cogan de la Corte del Distrito Este de Nueva York pide cadena perpetua y una orden de decomiso de 15,000 millones de dólares, monto que supera los 12,600 millones que se le ordenó pagar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en su sentencia.
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La diferencia refleja tanto el liderazgo conjunto de ambos como las operaciones adicionales que Zambada dirigió en solitario tras la captura de su exsocio en 2016. La audiencia está programada para el 20 de julio.
En su memorándum del 6 de julio, el abogado defensor Frank Pérez pidió al juez que recomiende al Buró Federal de Prisiones designar a Zambada en una de tres instalaciones médicas federales: el FMC Butner en Carolina del Norte, el FMC Rochester en Minnesota o el MCFP Springfield en Missouri. Zambada padece múltiples condiciones de salud relacionadas con la edad, progresivas y con tendencia a agravarse, según el documento de la defensa.
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La fiscalía respondió que no tiene objeción a que el juez considere esas condiciones médicas al formular una recomendación de designación. Pero agregó una condición: cualquier recomendación debe también reconocer explícitamente los riesgos de seguridad que representa el capo.
El argumento es directo. Zambada es cofundador de una de las organizaciones criminales más violentas del mundo, el Cártel de Sinaloa.
Miembros del cártel siguen siendo leales a él. Uno de sus hijos (Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco) permanece como líder de su facción dentro del Cártel de Sinaloa en su ausencia. Por esas razones, desde su llegada a Estados Unidos en julio de 2024, Zambada ha estado detenido bajo Medidas Administrativas Especiales, el régimen de aislamiento más estricto del sistema federal de prisiones.
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“Existe causa sustancial para preocuparse de que, si se le permite hacerlo, el acusado podría continuar dirigiendo el cártel desde prisión”, señala el documento de la fiscalía presentado ante el juez Cogan.
Las instalaciones que propone la defensa no son prisiones ordinarias. Son centros médicos federales de seguridad administrativa, lo que significa que pueden alojar reclusos de cualquier clasificación de seguridad siempre que requieran atención médica especializada que no puede proporcionarse en una prisión estándar.
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El FMC Butner, en el condado de Granville, Carolina del Norte, abrió en 1995 y aloja a 798 reclusos. Cuenta con un hospital especializado en oncología, múltiples especialidades médicas y quirúrgicas y el único programa residencial del sistema federal dedicado al tratamiento de delitos sexuales. Ahí murieron Bernie Madoff en 2021 y Theodore Kaczynski, el Unabomber, en 2023.
El FMC Rochester, en Minnesota, abrió en 1984 y aloja a 834 reclusos. Es uno de los seis centros de referencia médica del Buró de Prisiones y ofrece servicios de salud mental, psiquiatría, psicología y tratamiento de abuso de sustancias. Entre sus reclusos actuales se encuentra Jared Lee Loughner, autor del tiroteo de Tucson en 2011 en el que hirió a la entonces congresista Gabby Giffords y mató a seis personas.
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El MCFP Springfield, en Missouri, es la más antigua de las tres: abrió en 1933 y aloja a 1,113 reclusos. Tiene un historial directo con el crimen organizado de alto perfil. Varios líderes de familias de la mafia estadounidense recibieron atención médica ahí, entre ellos Vito Genovese, quien murió en esa instalación en 1969, y John Gotti, quien murió ahí en 2002. En octubre de 2025 murió en Springfield Juan Matta-Ballesteros, el narcotraficante hondureño condenado por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.
La fiscalía no descarta ninguna de las tres de manera explícita, pero advierte que la lista propuesta por la defensa “no es una lista exhaustiva de instalaciones apropiadas” y que las instalaciones favorecidas por Zambada “pueden no ser apropiadas para los riesgos de seguridad que representa el acusado”.
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La recomendación que emita el juez Cogan el 20 de julio no es vinculante. Bajo el artículo 18 U.S.C. § 3621(b), el Buró Federal de Prisiones retiene la autoridad final para designar el lugar de encarcelamiento, sujeto a disponibilidad de camas, clasificación de seguridad, necesidades médicas y otros factores institucionales. El mismo estatuto obliga al BOP a considerar las recomendaciones del tribunal sentenciador, pero no a seguirlas.
El abogado Frank Pérez lo planteó en el memorándum de la defensa en términos directos: el problema de salud de Zambada no debe ignorarse por la gravedad de los delitos a los que se declaró culpable, y el BOP tiene la obligación estándar de proporcionar atención médica adecuada a cada recluso bajo su custodia.
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“La sentencia a imponer debe cumplirse de manera consistente con la obligación estándar del BOP de proporcionar atención médica apropiada a cada recluso bajo su custodia”, respondió la fiscalía. Pero agregó que eso no significa que las instalaciones que pide la defensa sean las únicas opciones ni las más adecuadas dado el perfil del acusado.
Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de un cargo de conspiración para crimen extorsionado y un cargo de dirigir una empresa criminal en continuidad. Desde su llegada a Estados Unidos no ha presentado ninguna queja sobre sus condiciones de detención ni ha solicitado ninguna modificación a su régimen de aislamiento de 24 horas, según señala la defensa en su memorándum.
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