Artículo 19 exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit avanzar con las investigaciones en torno al caso del atentado contra el periodista ambiental Erik Saracho, ocurrido hace seis meses, el 11 de marzo de 2026, así como identificar a los autores intelectuales de la agresión por la cual el comunicador y su familia permanecen desplazados de la entidad.
La organización sostiene que la investigación no ha llevado ante la justicia a todas las personas responsables. Señala que la falta de resultados mantiene impune la planeación del atentado y prolonga las consecuencias para Saracho, quien no ha podido volver a su comunidad ni retomar su proyecto de vida en Nayarit.
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Artículo 19 plantea que el caso debe investigarse a partir de la labor de Saracho como defensor del territorio y comunicador ambiental. El periodista es cofundador de Alianza Jaguar A.C., una organización asentada en San Pancho, Nayarit.
El 11 de marzo de 2026, Erik Saracho fue atacado con armas de fuego en la entrada de su domicilio, minutos después de dejar a su hija en el transporte escolar. Recibió uno de dos impactos de bala y logró resguardarse antes de recibir atención médica.
Dos días antes, el asistente del periodista recibió una amenaza de muerte, de acuerdo con Artículo 19. La organización advierte que la agresión armada ocurre después de una serie de actos de hostigamiento que buscaban desgastar y silenciar al defensor ambiental.
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Saracho ha documentado afectaciones contra la naturaleza en la costa de Nayarit. Entre sus denuncias se encuentran la pérdida de felinos protegidos y de selva tropical, la fragmentación del corredor biológico del jaguar y la ocupación irregular de la franja marítimo-terrestre por proyectos inmobiliarios y turísticos.
Las denuncias del periodista contra un desarrollo residencial y la privatización de bienes nacionales en playas de San Francisco provocaron hostigamientos entre 2016 y 2018. Entre ellos, menciona el congelamiento de cuentas bancarias personales y citatorios judiciales por presuntos daños morales y económicos.
Artículo 19 reportó que desde 2019 permanece vigente una medida cautelar que impide a Saracho realizar señalamientos públicos sobre el proyecto Punta Paraíso y una empresa relacionada. Para la organización, esa resolución constituye una restricción anticipada a la libertad de expresión.
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El organismo consideró que la medida impone exigencias desproporcionadas sobre la veracidad de las publicaciones y limita el derecho de la sociedad a conocer distintas posturas sobre asuntos de interés público. Después de ese proceso judicial, Saracho enfrentó una campaña digital para desacreditar su trabajo, según el comunicado.
La organización exigió que la Fiscalía General del Estado de Nayarit realice una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y transparente sobre el ataque. Pidió que las autoridades prioricen las líneas vinculadas con la defensa ambiental de Saracho y con los intereses inmobiliarios y económicos que habrían resultado afectados por sus denuncias.
“A seis meses de los hechos, la ausencia de resultados contundentes es inaceptable”, sostuvo Artículo 19. No basta con investigar a quienes ejecutaron el ataque y plantea la necesidad de determinar quiénes ordenaron, financiaron o facilitaron la agresión.
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La organización de derechos humanos señaló que el atentado contra Saracho envía un mensaje de intimidación contra quienes denuncian afectaciones al territorio. La violencia busca imponer costos a las personas que cuestionan intereses económicos y generar miedo entre defensores ambientales y periodistas, aseveró.
Este caso se da dentro de un entorno marcado por dinámicas de macrocriminalidad, economía criminal y violencia sistemática en Nayarit. El desplazamiento forzado de Saracho y su familia muestra que la impunidad también opera como un mecanismo para crear zonas de silencio.
Saracho y su familia continúan fuera de Nayarit desde el atentado. Artículo 19 exigió al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantener medidas de seguridad integrales, adecuadas y sostenidas para el periodista y sus familiares.
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La organización pidió que dichas acciones incluyan condiciones para un retorno seguro cuando la familia decida regresar. También solicitó que se garantice el derecho de Saracho a ejercer su labor periodística y de defensa ambiental sin temor a nuevas represalias.
Artículo 19 demandó a las autoridades federales, estatales y municipales establecer condiciones de seguridad para quienes documentan proyectos inmobiliarios y turísticos en la entidad y planteó medidas de no repetición para impedir que la violencia y el desplazamiento continúen silenciando denuncias sobre el territorio.
También solicitó al Consejo de la Judicatura y a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco investigar una posible desviación de poder en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial. El señalamiento se relaciona con la medida cautelar impuesta contra defensores del territorio, la cual, según Artículo 19, carece de proporcionalidad y vulnera la libertad de expresión.
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