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10 de septiembre, 2026 - 07h19
El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz anunció la noche del miércoles 9 de septiembre que buscará anular la sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión que recibió ese mismo día como colaborador del delito de delincuencia organizada, dentro del caso Pruebas COVID-19.
A través de una publicación en X, Bucaram calificó el fallo como “macabro e inmoral” y aseguró que será anulado. Como parte de sus argumentos, cuestionó la actuación de uno de los jueces que integró el tribunal que emitió la sentencia.
“Tenemos la prueba de 40 tweets de uno de los jueces del año 2020 donde despotrica contra mi familia”, escribió el exmandatario, quien sostuvo que el magistrado debía haberse excusado del proceso por esas publicaciones.
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Bucaram no identificó en su publicación cuáles son las 40 publicaciones a las que se refiere, pero aseguró que las presentará durante una rueda de prensa convocada para el jueves 10 de septiembre, a las 13:00, en su domicilio.
El expresidente también cuestionó al juez Gandhy Cervantes y afirmó que su tesis, realizada en 2018, demostraría una supuesta cercanía con sus adversarios políticos León Febres-Cordero y Jaime Nebot. Bucaram sostuvo que estos elementos demostrarían un conflicto que, a su criterio, debía haber impedido la participación del magistrado en el proceso.
“En cualquier país del mundo ese juez debía excusarse, pero no lo hizo”, señaló. Además acusó ante la prensa que presuntamente la exministra María Paula Roma y el expresidente Guillermo Lasso estarían detrás del proceso.
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Bucaram habló de su estado de salud
En su publicación, el expresidente también se refirió a su estado de salud. Afirmó que ha sido diagnosticado como paciente de “muerte súbita” y aseguró tener 13.000 arritmias ventriculares por día.
Bucaram explicó que, pese a su condición, pidió el alta médica para poder escuchar la lectura de la sentencia porque, según sostuvo, sabía que el fallo sería nulo.
El miércoles, el Tribunal de Juicio de Pichincha lo sentenció junto con su hijo, Jacobo Bucaram Pulley, a nueve años y cuatro meses de prisión, en calidad de colaboradores de delincuencia organizada. Ambos recibieron además una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, $9.640.
La sentencia se produjo después de un proceso relacionado con la presunta comercialización irregular de alrededor de 21.000 pruebas rápidas para COVID-19, además de mascarillas y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
Según la decisión del tribunal, entre los elementos considerados para establecer la responsabilidad de Bucaram estuvieron el allanamiento realizado el 3 de junio de 2020 en su vivienda de Kennedy Norte, en Guayaquil, donde Fiscalía encontró cajas con miles de mascarillas y pruebas rápidas.
El tribunal concluyó que la participación atribuida a Bucaram no correspondía a la dirección de toda la estructura investigada, pero que existieron acciones conscientes que contribuyeron a su funcionamiento, por lo que determinó su responsabilidad como colaborador.
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El caso también incluyó referencias a gestiones relacionadas con el ciudadano israelí Shy Dahan, quien posteriormente fue asesinado el 8 de agosto de 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral. El tribunal mencionó supuestos intentos para que Dahan modificara su versión con el objetivo de evitar consecuencias legales para Jacobo Bucaram.
Primera sentencia penal en su trayectoria política
La sentencia constituye la primera condena penal de Bucaram en más de 45 años de trayectoria política.
El expresidente ya había enfrentado otros procesos judiciales. Tras su salida de la Presidencia en 1997, fue procesado por los casos Mochila Escolar y Gastos Reservados. Esas causas prescribieron en 2017, después de 20 años, debido al régimen jurídico vigente en ese momento, que impedía juzgarlo en ausencia y no establecía la imprescriptibilidad para esos delitos.
En 2020, Bucaram fue vinculado además a investigaciones por la comercialización de pruebas para COVID-19, tráfico de armas y tráfico de bienes culturales. En este último caso fue sobreseído, mientras que el proceso por tráfico de armas continúa en etapa judicial.
La lectura de la sentencia del caso Pruebas COVID-19 se concretó después de varios intentos fallidos. El juicio había concluido el 14 de marzo de 2026 y el tribunal permaneció en deliberación hasta la lectura del fallo.
Bucaram había comparecido de manera telemática desde una clínica de Guayaquil, donde permanecía bajo custodia policial. Días antes, la Corte Provincial del Guayas negó un habeas corpus presentado por su esposa, María Rosa Pulley, para impedir la ejecución de la orden de detención por sus inasistencias. (I)