Además de confirmar la caída de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor o “Naín”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn o Los Pachenca), el Gobierno de Abelardo de la Espriella formalizó el cierre de dos espacios de conversación que habían sido abiertos bajo la política de Paz Total de la administración de Gustavo Petro.
Los casos en concreto son la mesa con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur (una disidencia del ELN —Ejército de Liberación Nacional—) y el proceso con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
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Las decisiones quedaron consignadas en resoluciones expedidas el 3 de septiembre.
Las medidas se conocen después de que el presidente planteara una estrategia de seguridad centrada en la persecución de estructuras armadas y criminales. Durante una intervención realizada el viernes 4 de septiembre en Riohacha, luego de la muerte de alias Bendito Menor, el mandatario afirmó que su administración no respaldará negociaciones con organizaciones dedicadas al narcotráfico y la extorsión.
La Resolución Ejecutiva número 365 de 2026, firmada el 3 de septiembre, ordenó terminar la mesa entre los representantes autorizados del Ejecutivo y los integrantes del Frente Guerrillero Comuneros del Sur.
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El documento estableció que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá comunicar la decisión a las autoridades competentes. Además, determinó que la resolución entró en vigencia desde su expedición y derogó la Resolución número 369 del 13 de septiembre de 2024.
La medida puso término formal a un espacio de diálogo que se desarrollaba con esa organización. En los considerandos de otra resolución expedida el mismo día, el Gobierno recordó que la Constitución colombiana reconoce la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, además de establecer que el presidente debe preservar el orden público en todo el territorio.
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La Resolución Ejecutiva número 368 de 2026 revocó la designación de Carlos Augusto Erazo Murcia como representante del Gobierno en la mesa. También retiró a Ángela María Robledo Gómez, Andrei Giovani Gómez Suárez, Clemencia Carabalí Rodallega, Juan David Correa Ulloa y Pablo Francisco Pardo Velasco del equipo negociador.
La segunda determinación del Ejecutivo alcanzó al espacio de conversación que se mantenía con organizaciones criminales de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.
Ese mecanismo reunía al Estado con estructuras ilegales de la capital de Antioquia y municipios de su área metropolitana.
El cierre implica que la nueva administración desistió de continuar con ese canal de diálogo, que había sido planteado como una vía para reducir hechos de violencia y abordar la situación de las organizaciones criminales de la región.
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Las decisiones modifican la continuidad de los procesos que se habían abierto dentro de la política de Paz Total, bajo la cual el gobierno Petro promovió contactos y mesas con grupos armados y organizaciones criminales.
El presidente De la Espriella sostuvo el viernes que la paz que defiende su administración se impondrá “con la fuerza de las armas y las leyes de la República”. También afirmó que la fuerza pública tendrá respaldo político para actuar contra quienes continúen en actividades criminales.
En ese escenario, queda pendiente conocer la posición del Gobierno sobre otros acercamientos que permanecían abiertos. Uno de los principales interrogantes es el caso del Clan del Golfo, organización con la que el Estado había mantenido contactos.
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Hasta el momento no se conoció una resolución que ordene la terminación de ese proceso. El Ejecutivo tampoco informó si buscará mantenerlo, reformularlo o reemplazarlo por otra estrategia.