El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que los atentados y amenazas contra los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no frenarán la política de traslados de internos. Esto, después del ataque que se registró contra dragoneantes en Barranquilla.
El jefe de Estado se pronunció el domingo 11 de octubre luego de que dos funcionarios del Inpec resultaran heridos en un atentado a bala registrado a la salida de la cárcel El Bosque, en Barranquilla. El mandatario vinculó el hecho con las amenazas que circularon contra el sistema penitenciario por los recientes movimientos de personas privadas de la libertad ordenados por el Gobierno nacional.
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“Los atentados y las amenazas contra los guardianes del INPEC no quedarán impunes (sic)”, escribió Abelardo de la Espriella en su cuenta de X. El presidente sostuvo que los grupos criminales pretenden presionar a las autoridades mediante ataques contra los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
El mandatario añadió que el Gobierno reforzará la protección de los funcionarios, buscará a los responsables del atentado y mantendrá las decisiones relacionadas con el control penitenciario. “Los traslados continuarán. Hoy, más que nunca y con total determinación”, afirmó.
En el cierre de su mensaje, De la Espriella lanzó una advertencia dirigida a quienes estén detrás de las intimidaciones: “Quien se mete con los funcionarios del gobierno, se mete con el Tigre (sic)”.
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El atentado ocurrió la noche del sábado 10 de octubre, después de que los dragoneantes Shirly Dallana Acosta y Daniel Steven Tapiero terminaran su turno en el centro penitenciario.
Según la información conocida por las autoridades, los funcionarios salieron del penal en una motocicleta y fueron interceptados por hombres armados que también se movilizaban en moto. Los atacantes dispararon contra los integrantes del Inpec y huyeron del lugar.
Ambos guardianes sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados a un centro asistencial de la capital del Atlántico, donde permanecen bajo atención médica. Reportes iniciales indicaron que su condición era estable, aunque delicada.
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El caso quedó bajo investigación para establecer quiénes participaron en el ataque, cuál fue la ruta de escape de los responsables y si existían amenazas previas contra las víctimas.
Por su parte, el Ministerio de Justicia rechazó el ataque y afirmó que el episodio ocurrió en medio de nuevos mensajes intimidatorios relacionados con los traslados de personas privadas de la libertad.
En un comunicado divulgado en redes sociales, la cartera señaló que existen alertas sobre posibles acciones violentas contra integrantes del sector penitenciario y otros funcionarios. El Gobierno indicó que la autenticidad, el origen y el alcance de esas amenazas están bajo verificación, al igual que su eventual vínculo con el atentado ocurrido en Barranquilla.
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“Las amenazas contra el presidente, el ministro, el director del Inpec y los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia no doblegarán la institucionalidad”, señaló el Ministerio de Justicia. La entidad sostuvo que las medidas de traslado, vigilancia y control en las cárceles seguirán en ejecución.
El Gobierno también informó que reforzó los protocolos preventivos de seguridad y autoprotección junto con la Policía Nacional y otras autoridades. El objetivo, según indicó, es proteger a los funcionarios que participan en labores de custodia, transporte y vigilancia de internos.
La Organización de Servidores Penitenciarios (OSP) condenó el atentado contra Acosta y Tapiero y advirtió sobre la circulación de un comunicado amenazante atribuido a un grupo que se identifica como “Fuerzas Unidas de los Presos” (FUP).
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De acuerdo con la organización gremial, el documento anuncia ataques contra buses y vehículos destinados al traslado de internos desde Bogotá hacia otras cárceles del país. La OSP calificó el contenido como una amenaza contra los servidores penitenciarios, los conductores, el personal de custodia y la seguridad del sistema carcelario.
El gremio pidió una investigación para identificar y judicializar tanto a los autores materiales como a los determinadores del ataque. Además, solicitó que las autoridades adopten medidas urgentes para reforzar la seguridad durante los traslados y proteger a los funcionarios expuestos a posibles agresiones.
Días antes del atentado contra los dos dragoneantes, hombres en motocicleta dispararon contra la fachada de la cárcel Modelo de Barranquilla, ubicada sobre la vía 40. Ese episodio fue interpretado como una posible intimidación contra la dirección del penal.
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Tras los hechos, las visitas en la cárcel El Bosque fueron suspendidas hasta nueva orden. Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno mantiene su postura de continuar con los traslados de internos y reforzar la seguridad para el personal penitenciario.