Sevilla, 24 oct (EFE).- Los abogados Manuel Parrilla y Germán Grima, que representan a afectados por el mayor brote de listeriosis en España por carne mechada contaminada en el caso Magrudis -pendiente de cerrar un acuerdo que evite un macrojuicio-, han señalado este sábado que "indemnizar a las víctimas no exige condenar a nadie".
Esta reacción se produce después de que el Ayuntamiento de Sevilla, que figura como responsable civil subsidiario derivado del supuesto fallo en sus controles sanitarios, señalara que solo pagará y acatará la decisión si finalmente la justicia decidiera que la inspectora veterinaria municipal que está procesada es culpable.
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Parrilla y Grima, que informaron este viernes de que la Audiencia de Sevilla ha autorizado ampliar hasta el próximo 3 de noviembre el plazo para intentar una conformidad en esta macrocausa, apuntaron al Consistorio sevillano como principal escollo en la negociación.
Tras la respuesta dada por el Ayuntamiento, han recordado a través de un comunicado que la obligación de indemnizar nace de la Constitución, no de una condena, además de que el control sanitario a la empresa Magrudis, en cargada de la elaboración y comercialización de la carne mechada contaminada, era competencia de esta administración municipal.
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"Seguimos con la mano tendida. El aplazamiento del juicio hasta el 3 de noviembre abre una oportunidad que no debería desaprovecharse", han recalcado, al tiempo que han advertido sobre la necesidad de contar con un fondo público para cuando se produzcan graves crisis alimentarias.
Según estos letrados, el caso Magrudis ha puesto de manifiesto que el sistema actual "no basta" y que, cuando un brote alimentario alcanza esta dimensión, las pólizas de responsabilidad civil de las empresas y de las administraciones implicadas "no llegan a cubrir los daños de todas las víctimas".
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"Lo que no puede volver a ocurrir es lo que sucede ahora: que la cobertura de las pólizas de los seguros no alcance a indemnizar a todas las víctimas", han indicado.
El conocido como caso Magrudis, que causó cuatro muertes, siete abortos y lesiones a más de 200 personas, sienta en el banquillo a seis personas, como principales acusados cuatro miembros de la familia gestora de la empresa cárnica, que se enfrentan a peticiones iniciales de unos diez años de prisión y distintas multas por parte de la Fiscalía.
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Un arquitecto técnico contratado por la empresa y una inspectora veterinaria municipal también están acusados en este procedimiento, que se dirige además contra las mercantiles Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL y contra varias compañías aseguradoras como responsables civiles directas, mientras que el Ayuntamiento de Sevilla figura como responsable civil subsidiario. EFE