La nueva realidad migratoria en Estados Unidos se refleja en historias de familias separadas, personas detenidas y jóvenes que llegaron solos al país.
Ana Gabriela Urizar, abogada de inmigración de origen guatemalteco, conoce de cerca esos casos. Desde el Consulado de Guatemala en Nueva York, donde facilita asesoría legal a migrantes, recibe llamadas de personas detenidas que buscan saber qué pueden hacer, familias que intentan entender por qué sus trámites se han detenido y jóvenes que llegaron solos al país y ahora enfrentan un sistema que apenas comprenden.
“Un día es una resolución, al día siguiente prácticamente es algo nuevo”, cuenta la abogada de inmigración, al describir el ritmo de los cambios que han marcado el primer año y ocho meses bajo el segundo mandato de Donald Trump.
El impacto también alcanza a guatemaltecos que llevan décadas en Estados Unidos y han formado una familia.
“Están separando familias, a inmigrantes que llevan 20, 30 años en Estados Unidos. [...] Hay guatemaltecos que son muy trabajadores, que llevan décadas y que sus hijos son ciudadanos, esposas ciudadanas. Tienen una vida”, dice durante una entrevista presencial en Guatemala.
La situación, sostiene, tiene un impacto particular entre las comunidades indígenas guatemaltecas. Algunos migrantes llegan a las cortes sin hablar español y dependen de intérpretes capaces de comunicarse en sus idiomas maternos.
“Lo difícil que es encontrar un intérprete que hable achí”, explica. Cuenta el caso de un hombre que lleva dos años con cambios constantes de fecha de audiencia porque no ha conseguido un intérprete que hable ese idioma.
El consulado como primer refugio
En este escenario, el Consulado de Guatemala en Nueva York, que atiende ese estado, Connecticut y Nueva Jersey, se ha convertido para muchos migrantes en un punto de referencia. Ana Gabriela trabaja allí dos veces por semana y ofrece consultas gratuitas sobre asuntos migratorios.
Una de las señales del cambio, cuenta, está en el teléfono. “Ahora el teléfono no para de sonar de personas que están detenidas”, asegura.
Parte de ese aumento está relacionado con una campaña para informar a los guatemaltecos de que, cuando son detenidos, tienen derecho a solicitar comunicación con su consulado.
“Cuando te detienen te quitan el teléfono, te quitan todo, tú no tienes a quién llamar. [...] Entonces, otra parte de la educación de las campañas que hemos hecho [...] es correr la voz y educar a los guatemaltecos de que pidan hablar con su consulado”, relata.
Algunas personas, después de pasar semanas o meses detenidas, prefieren regresar a Guatemala.
“Si pelean su caso pueden pasar meses encerrados. La mayoría de ellos se quieren regresar. O sea, no quieren estar encerrados”, señala.
El trabajo también se extiende a los consulados móviles, que llevan trámites y atención a comunidades guatemaltecas alejadas de Nueva York.
“Yo he ido como a dos o tres, llegan tantas personas que el espacio queda pequeño, llegan 600, 800 guatemaltecos. [...] El cónsul y el equipo consular terminan a las 10 de la noche”, cuenta.
Para ella, esas jornadas tienen un valor que va más allá de resolver un trámite al ayudar a construir confianza con una comunidad que durante años pudo haber visto al consulado como una institución distante.
“Ya se va construyendo la confianza, pero este consulado ha trabajado muy duro para ganarse la confianza de los inmigrantes guatemaltecos en esos tres estados”, afirma.
Pero la demanda puede superar la capacidad de respuesta. “No me doy abasto. El equipo consular no se da abasto”, reconoce.
Los niños que llegan solos
Según la abogada de origen guatemalteco, detrás de las cifras y de los expedientes hay otra realidad que le resulta especialmente difícil de procesar: la de los niños guatemaltecos que llegan solos a Estados Unidos.
La abogada habla de niños muy pequeños que cruzan la frontera caminando, algunos acompañados durante parte del trayecto por grupos de migrantes y otros enviados para reunirse con familiares.
“Los niños no acompañados que cruzan la frontera caminando, niños hasta de 6, 7 años, son de Guatemala, Honduras, Nicaragua”, afirma.
Una vez en Estados Unidos, algunos terminan en albergues; otros son recibidos por familiares. Pero la llegada a un lugar conocido no necesariamente significa que estén seguros.
“He visto varios casos donde familiares los han acogido, pero los abusan, los ponen a trabajar como esclavitud”, relata.
El Consulado de Guatemala ha intentado visitar algunos de esos albergues para conocer la situación de los menores. Sin embargo, explica, existen límites y protocolos debido a que algunos niños solicitan asilo en Estados Unidos, es decir, protección frente al país del que provienen.
Ana Gabriela elaboró un memorándum legal para orientar al personal consular sobre qué podía hacer y qué no en esas visitas.
“Ya con eso ellos ya pudieron asegurarse que los niños estén bien, que no les estén violando sus derechos, que tengan ayuda”, explica.
Cuando la migración se convierte en explotación
Uno de los casos que más la ha marcado es el de un adolescente guatemalteco de 14 años, enviado a Estados Unidos después de que su familia contrajera una deuda que no podía pagar.
La abogada sitúa el caso en comunidades rurales indígenas donde algunas familias recurren a préstamos con intereses extremadamente altos para invertir en sus cultivos.
“Imagínate, te prestan Q10 mil y la deuda termina como de un millón de quetzales. Como parte del cobro, los prestamistas ofrecen ‘colocar’ a los hijos en EE.UU. para trabajar y entonces así ellos puedan saldar la deuda”, relata.
El adolescente habría llegado a los 12 años y terminado trabajando para una persona vinculada con quienes habían prestado el dinero. “Lo tenía como esclavo, o sea, trabajaba 18 horas al día. El niño se escapó”, cuenta.
Para Ana Gabriela, no se trata solamente de explotación laboral. El caso revela una posible red que conecta la deuda contraída en Guatemala con la explotación del menor en Estados Unidos.
“Estas mismas personas que prestaron el dinero tienen conexiones allá en Estados Unidos para recibir a los niños para ponerlos a trabajar. Ya crearon un sistema”, sostiene.
La historia salió a la luz gracias a una trabajadora social de la escuela. El adolescente se quedaba dormido en clase y tenía hambre constantemente. Fue ella quien, después de conocer en redes sociales y noticias que el Consulado de Guatemala ofrecía asesoría legal gratuita, buscó ayuda.
“Entonces ahí fue donde se descubre que el niño estaba trabajando hasta las 2, 3 de la mañana”, recuerda la abogada.
Casos como este muestran por qué la trata de personas puede ser difícil de reconocer. A veces empieza con una deuda, un empleo prometido o la entrega de un pasaporte. “El tráfico humano tiene tantas caras”, enfatizó.
“Me decían: ‘mire señor, pues yo me vine acá por un trabajito, pero fíjese que me quitaron mi pasaporte, me cerraban con llave, pero me escapé’. Y yo: ¿qué? Eso es una visa de tráfico humano”, describe con el mismo asombro.
Una alianza para atender a las víctimas
Ante esta realidad, el Consulado de Guatemala en Nueva York concretó una alianza con la Coalition to Abolish Slavery and Trafficking —CAST— (Coalición para Abolir la Esclavitud y la Trata), organización especializada en la atención de víctimas de trata de personas.
Ana Gabriela y otra abogada cercana a ella promovieron el proceso. El objetivo es capacitar al personal consular y a líderes comunitarios para reconocer señales de trata y canalizar casos que puedan acogerse a mecanismos de protección migratoria.
La alianza tiene un componente práctico, ya que CAST asumirá gratuitamente los casos que califiquen, un apoyo relevante en procesos que, según la abogada, pueden resultar inaccesibles para muchas víctimas.
“Estamos hablando de gestionar una visa de tráfico humano que es un proceso puede costarte desde $10 mil a $15 mil dólares. Van a tomar los casos gratuitamente para ayudar a los guatemaltecos”, explica.
La alianza también busca que los migrantes reconozcan que la trata puede estar detrás de una oferta de trabajo, una deuda o una situación de dependencia.
Muchos casos nunca llegan a denunciarse. “Imagínate, no le cuentan a nadie. Nadie sabe esto. Esto no se habla. Se mantiene en silencio”, afirma.
Una comunidad que busca respuestas
La abogada también ha encontrado en las redes sociales una herramienta para llegar a personas que difícilmente buscarían asesoría. En el gremio legal lo común es mantenerse al margen.
Cambió de opinión sobre utilizarlas cuando comenzó a recibir casos de personas que habían seguido consejos de usuarios de TikTok y perjudicado sus procesos migratorios.
“Ahí fue donde yo dije: yo tengo que explicarles en español, en videos, qué es lo que está pasando”, cuenta.
Ahora recibe mensajes de jóvenes que aseguran haber entendido por primera vez qué deben hacer gracias a esos contenidos.
Para la abogada de origen guatemalteco, la información se ha convertido en una forma de defensa en un contexto en el que las reglas cambian constantemente.
Su propia historia migratoria explica en parte su cercanía con estos casos. Llegó a Estados Unidos de adolescente junto con su hermana gemela, Lucía Damerau, quien también es abogada especializada en estos temas.
“Nosotras vemos un ser humano, una persona, a nosotras de niñas. O sea, no podemos decir que no”, dice al hablar de los casos que ella y su hermana atienden.
Hoy considera que su trabajo consiste en algo más que interpretar leyes, es escuchar a quienes están detenidos, orientar a familias y tratar de encontrar una salida para niños que llegaron solos.
“Siempre trato de poner el nombre de Guatemala en alto a donde sea que vaya”, asegura.
En una época en la que muchas decisiones migratorias se toman lejos de las comunidades afectadas, para ella la tarea comienza por algo básico: que los guatemaltecos sepan que tienen derechos y dónde pedir ayuda.
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