El legislador de Renovación Popular decidió dar marcha atrás con la polémica propuesta y señaló que es para priorizar en la agenda política la seguridad ciudadana y la mitigación del fenómeno de El Niño.
El diputado de la bancada de Renovación Popular, Aldo Bravo, anunció este domingo la decisión de retirar su polémico proyecto de ley que pretendía sancionar penalmente la apología al delito durante contextos de crisis políticas y conflictos sociales.
A través de una columna publicada en el diario Expreso, el legislador argumentó que toma esta determinación con el fin de evitar distracciones en la actividad legislativa y enfocar los esfuerzos del país en la agenda prioritaria nacional, que actualmente se centra en mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y enfrentar el incremento de la inseguridad ciudadana.
Bravo indicó que su decisión llegó luego de que el presidente de su partido, Rafael López Aliaga, señalara que el país afronta problemas mucho más graves que requieren atención inmediata.
La iniciativa de Bravo (N.° 00043/2026-2031-CD) buscaba incorporar sanciones de cuatro a cinco años de cárcel para quienes, teniendo capacidad de convocatoria, promovieran o justificaran el uso de artefactos explosivos o sustancias peligrosas durante situaciones de crisis política o conflictos sociales.
Sin embargo, gremios periodísticos rechazaron tajantemente la propuesta argumentando que sus términos ambiguos ponían en grave peligro la libertad de expresión, ya que la cobertura informativa o la difusión de información de interés público por parte de periodistas, comunicadores e influencers en redes sociales podrían ser interpretadas arbitrariamente como apología y derivar en persecuciones penales.
El parlamentario argumentó en su columna que su proyecto buscaba penalizar únicamente a quienes promuevan la violencia y afecten la vida o el patrimonio nacional y aseguro que la iniciativa obtuvo un respaldo ciudadano contundente.
"Lo cierto es que me ha impresionado el potente respaldo ciudadano a mi planteamiento, que busca penalizar a quien, abusando de su capacidad de influencia pública, promueva, aliente, enaltezca o legitime el uso de material explosivo, artefactos incendiarios, sustancias peligrosas u otros medios que afecten la vida, la integridad de las personas o el patrimonio público o privado", escribió Bravo.
Asimismo, sostuvo que las críticas en contra de su iniciativa formaban parte de una campaña de desprestigio ideológica de la oposición. Admitió que, de todos modos, prefiere deponer algunas batallas para priorizar los problemas urgentes del país.
"Se trata de ceder sin conceder. Es también una oportunidad para acrisolar esta propuesta, perfeccionarla y, cuando llegue el momento, volver a la carga" escribió y luego cerró con un mensaje a sus supuestos adversarios ideológicos: "Así que, progres y caviares, no es por ustedes. Es por el Perú".
En declaraciones previas a Ampliación de Noticias (ADN) de RPP, el diputado ya había defendido la necesidad de tipificar este agravante penal para frenar la violencia. El legislador aseveró que su propuesta no limitaba el periodismo, sino que combatía el uso de redes para legitimar atentados.
"Es un proyecto que lo que pretende decir es: ‘Ninguna persona que tiene capacidad de convocatoria, y se señala explitamente quiénes son, puede intentar atentar contra la vida de nadie’", afirmó en ADN.
Por último, el congresista de Renovación Popular detalló que su intención original era perfeccionar la propuesta en el Parlamento. Explicó que el debate y las mesas de trabajo legislativas habrían servido para enriquecer y pulir el texto de la norma.
El Consejo de la Prensa Peruana advirtió que no solo los periodistas se encontrarían bajo amenaza, sino que cualquier ciudadano que comparta información u opiniones críticas sobre manifestaciones sociales en redes virtuales podría enfrentar condenas de cárcel bajo una aplicación excesivamente amplia de la norma.
Advertencias de los gremios periodísticos sobre la libertad de prensa
El Consejo de la Prensa Peruana manifestó un rotundo rechazo a la iniciativa legislativa, alertando que su redacción imprecisa podría derivar en interpretaciones que consideren la labor informativa como apología al delito.
Para la organización, conceptos como períodos de crisis política carecen de definiciones técnicas claras, lo cual deja a criterio de los juzgadores determinar la comisión de un delito.
Asimismo, el gremio advirtió que no solo los periodistas se encontrarían bajo amenaza, sino que cualquier ciudadano que comparta información u opiniones críticas sobre manifestaciones sociales en redes virtuales podría enfrentar condenas de cárcel bajo una aplicación excesivamente amplia de la norma.
Por su parte, el Instituto de Prensa y Sociedad consideró que la terminología planteada por el legislador, especialmente al tipificar acciones como señalar o promover, carece de límites precisos y abre la puerta a arbitrariedades penales contra la prensa independiente.
Según la entidad, la cobertura periodística ordinaria de las manifestaciones públicas o la difusión de entrevistas realizadas a los líderes de protestas podrían ser criminalizadas, por lo que solicitaron el archivamiento definitivo del proyecto de ley.
Adicionalmente, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú se sumó a las críticas, sosteniendo que informar de forma transparente sobre la violencia de los conflictos civiles no debe equipararse con justificarla.
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