Un apartamento ubicado en el sector de Unicentro, en Bogotá, terminó convertido en una paradoja para miles de víctimas de DMG. El inmueble, de 98 metros cuadrados y situado en el conjunto residencial Santa Bárbara Norte, tiene 4.290 copropietarios, todos adjudicatarios dentro del proceso de reparación por la captadora masiva de dinero liderada por David Murcia Guzmán.
De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, a 4.257 de esos propietarios les corresponde apenas el 0,023 % del apartamento, mientras que los demás tienen porcentajes incluso menores. La propiedad hace parte de los 595 bienes inmuebles adjudicados en el proceso de liquidación de DMG, pero algunos afectados aseguran que solo se enteraron de que eran copropietarios cuando comenzaron a recibir cobros o cuando les negaron subsidios de vivienda.
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Uno de los adjudicatarios relató que recibió un mensaje de la Secretaría de Hacienda de Bogotá en el que se le informaba que debía corregir el pago de un impuesto predial. Al revisar el caso, advirtió que el CHIP no correspondía a ninguna propiedad suya y que nunca había pagado por ese inmueble.
El ciudadano aseguró que el mensaje indicaba que supuestamente había pagado $1.000, pero que el impuesto real estaba cerca de $3 millones, por lo que se le pedía cancelar casi la totalidad del valor restante. Otros afectados dijeron que descubrieron la situación cuando solicitaron subsidios para comprar vivienda y estos les fueron negados porque figuraban como propietarios en el certificado de libertad y tradición del apartamento.
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La situación resulta especialmente compleja porque algunas de estas personas no tienen vivienda propia, ni siquiera de interés social, pero aparecen registradas como dueñas de una fracción mínima de un apartamento que no pueden usar ni vender fácilmente.
Según la Secretaría de Hacienda, el avalúo del inmueble es de $461.487.000. Si se toma como referencia el porcentaje del 0,023 % que corresponde a la mayoría de copropietarios, cada participación tendría un valor cercano a $106.000, una suma muy inferior a las inversiones de $20 millones, $30 millones y hasta $50 millones que algunos hicieron en DMG.
Dieciocho años después del desplome de la captadora, la adjudicación no solo representa una recuperación marginal frente al dinero perdido, sino que además generó obligaciones asociadas a la propiedad. Una de las fuentes consultadas afirmó que el apartamento estaría ocupado desde hace varios años, según le indicó el vigilante del edificio.
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A las empresas de Grupo DMG S.A. les fueron incautados cientos de bienes raíces, vehículos de lujo, dinero en efectivo y mercancías valoradas inicialmente en más de $130.000 millones, según la Superintendencia de Sociedades. La agente liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, explicó que en 2011 fueron adjudicados 576 bienes inmuebles y en 2013 otros 19, para un total de 595 propiedades repartidas entre más de 200.000 víctimas.
Perry señaló que el apartamento de Unicentro terminó repartido entre miles de afectados porque no fue posible venderlo dentro del plazo previsto por la ley. Una vez quedaron en firme la calificación de créditos y el inventario de bienes, existía un término de dos meses para intentar vender los activos por un valor no inferior al avalúo. En este caso, ese plazo se agotó sin venta.
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Luego se presentó ante la Superintendencia de Sociedades el proyecto para adjudicar el inmueble directamente a los acreedores reconocidos. Según Perry, quienes no quisieran recibir bienes debían manifestarlo expresamente al liquidador. Si guardaban silencio, la ley entendía que aceptaban.
La liquidadora afirmó que ninguno de los 4.290 adjudicatarios manifestó rechazo, por lo que se procedió a registrar los porcentajes en la tradición del inmueble. Sin embargo, varios afectados sostienen que ni siquiera sabían que debían rechazar una adjudicación que desconocían.
Perry explicó que no existía obligación de notificar personalmente a cada adjudicatario y que la decisión fue publicada en la cartelera del Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades y en la plataforma Baranda Virtual. También indicó que, desde la ejecutoria de la adjudicación, los gastos del inmueble quedaron en cabeza de los nuevos propietarios.
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La Superintendencia, según Perry, no puede cancelar ni reversar la adjudicación porque la decisión está en firme, ejecutoriada y registrada. La única salida sería vender el porcentaje de participación, una tarea que debe asumir cada adjudicatario. Para muchos, el temor ahora está en las deudas tributarias acumuladas y en posibles procesos de cobro que puedan afectar su patrimonio.