Para el miércoles 2 de septiembre de 2026 estaba prevista la audiencia de imputación de cargos contra funcionarios vinculados a la investigación por la muerte del menor Kevin Acosta, quien padecía hemofilia, por el presunto delito de homicidio culposo.
La diligencia tiene con las decisiones de Nueva EPS sobre el suministro de medicamentos y la atención del menor.
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Sin embargo, la audiencia fue aplazada por segunda vez, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que argumentó razones de salud de algunos de los involucrados. Las autoridades deberán fijar una nueva fecha para la diligencia.
Entre las personas señaladas se encuentran Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de Nueva EPS; el médico hematólogo Nelson Ramírez Plazas; y las funcionarias administrativas Jessika Paola Triana y Diana Marcela Caballero Arias.
El proceso también incluye la investigación por una posible filtración de la historia clínica de Kevin Acosta.
La familia de Kevin Acosta presentó una acción judicial contra el Estado colombiano por la muerte del niño de siete años, diagnosticado con hemofilia A severa. Los familiares reclaman una compensación económica tras un período en el que el menor no recibió el tratamiento indispensable para controlar los riesgos asociados a su condición.
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La demanda se apoya en una investigación de la Procuraduría General de la Nación, que atribuyó el fallecimiento a omisiones de Nueva EPS. La entidad se encuentra bajo intervención estatal, circunstancia que llevó a los demandantes a incluir al Estado entre los responsables por las fallas en la atención médica.
Antes de iniciar un juicio, la familia propuso una conciliación extrajudicial. El monto inicial supera los $1.800 millones. La oferta contempla una reducción hasta $923,26 millones si las partes alcanzan un acuerdo que evite un proceso judicial prolongado.
Kevin recibía en su domicilio el tratamiento para la hemofilia mientras vivía en Huila. Cuando su familia solicitó el traslado de la cobertura a Santander, la entrega de los medicamentos continuó en Charalá durante un tiempo. La situación cambió el 31 de diciembre de 2025.
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Ese día, la madre fue notificada de que la IPS Medicarte suspendería la prestación del servicio desde el 1 de enero de 2026. Según le informaron, la decisión obedecía a la ausencia de un contrato vigente con Nueva EPS. A partir de entonces, el niño quedó sin acceso regular a los fármacos requeridos.
El informe de la Procuraduría, fechado el 17 de marzo, determinó que Kevin Arley Acosta permaneció casi dos meses sin emicizumab. Ese medicamento era esencial para prevenir hemorragias. La falta de suministro deterioró su estado clínico y elevó el peligro ante cualquier lesión.
La investigación también identificó posibles responsabilidades en distintos niveles de la atención. La Fiscalía señaló que Efret Enrique Morales Murgas debía cumplir funciones de auditor de concurrencia en el hospital, dado que Nueva EPS no contaba con un profesional destinado a esa tarea.
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Respecto de Triana Sagastuy, el ente acusador sostuvo que tenía la obligación de asegurar la entrega del medicamento prevista para el 12 de enero. Diana Marcela Caballero Arias, por su parte, debía verificar la contratación de la atención especializada y la continuidad de los servicios. Luis Óscar Galves Mateus, como interventor, tenía el deber de supervisar la calidad y oportunidad de la asistencia brindada por la EPS.
La Fiscalía resumió su planteamiento en una frase citada por el medio: “El suministro oportuno del medicamento el 12 de enero, durante la consulta del 27 de enero o la entrega del factor de coagulación tras el accidente del 8 de febrero pudo haber mantenido el riesgo de sangrado dentro de lo jurídicamente permitido”.
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El 8 de febrero de 2026, Kevin cayó de una bicicleta en Palestina, Huila, desde una altura aproximada de 1,50 metros. Presentó sangrado por el oído y la nariz. Fue atendido primero en un puesto de salud y después trasladado al Hospital de Pitalito, donde no había factores de coagulación disponibles, según la Fiscalía.
El niño murió el 13 de febrero en el Hospital de la Misericordia, en Bogotá. El expediente incluye además una compulsa de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine eventuales responsabilidades del entonces presidente Gustavo Petro.