Las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer por presunto tráfico de dinero, drogas y armas trasladaron el foco del debate político colombiano hacia los pedidos de investigación y protección de testigos.
La exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro afirmó a Revista Semana que la ex primera dama habría encabezado una organización ilegal con operaciones entre Venezuela y Colombia.
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En su declaración al medio citado, Ferrer aseguró que Alcocer trasladó USD 2,5 millones desde el vecino país a Colombia, aunque no presentó documentos, fotografías ni las versiones de las personas señaladas, por lo que las imputaciones proceden exclusivamente de la estratega catalana.
Las reacciones incluyeron solicitudes para que entidades colombianas y autoridades de Estados Unidos indaguen las denuncias. Ese fue el caso de el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes Simón Molina que pidió que se conozcan los registros de las instituciones mencionadas y que se adopten medidas para resguardar a quienes puedan declarar.
Molina sostuvo que la acusación exige una respuesta institucional: “Quiero pedirle a las autoridades de Colombia, Estados Unidos y los demás países involucrados que se investigue a fondo estas graves denuncias”. También solicitó actuaciones de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.
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El senador de la República Germán Rodríguez vinculó las declaraciones de Ferrer con supuestos movimientos de dinero ilícito, nexos con narcotráfico y tráfico de armas. Al referirse a las acusaciones divulgadas por la revista, afirmó: “Deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias”.
El senador Germán Rodríguez realiza un pronunciamiento grabado desde el interior de un vehículo. En sus declaraciones, el funcionario vincula testimonios con supuestos movimientos de dinero ilícito, narcotráfico y tráfico de armas - crédito @GermanRSenador/X
Rodríguez agregó que Ferrer habría mencionado aportes irregulares para la campaña presidencial de 2022 y entregas de dinero a Alcocer. Según el senador, la exfuncionaria habló de más de 50.000 euros atribuidos a Papá Pitu y de más de 250.000 euros que, según su versión, habría aportado Euclides Torres para un proyecto político.
El senador también planteó la necesidad de proteger a Ferrer por sus afirmaciones sobre el riesgo que enfrentaría. “Está asustada por su vida”, dijo Rodríguez, antes de pedir que se le brinde seguridad suficiente.
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El coronel Guillermo Blanco contrapuso las acusaciones contra Alcocer con cuestionamientos dirigidos a Ana Lucía Pineda por un viaje a París que, según expresó, fue pagado con recursos propios. “Una cosa es viajar a París con dinero propio y otra muy distinta es enfrentar acusaciones de narcotráfico con presunto uso de recursos públicos”, afirmó.
El congresista Andrés Forero cuestionó el silencio que, a su juicio, existe dentro del Pacto Histórico frente a las denuncias. “En el @PactoCol están indignados porque la primera dama Ana Lucía viajó a París con recursos propios, pero andan callados ante las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer de lavado de activos y tráfico de drogas y de armas”, escribió.
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La exsenadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Daniel Briceño reprodujeron la misma postura sobre las acusaciones.
Ambos calificaron de graves las denuncias y aludieron a la versión según la cual Alcocer habría transportado dinero y droga desde Venezuela en una aeronave oficial.
“Petro ayudaba a los grandes narcos de Colombia con la «paz total», mientras que Verónica Alcocer llevaba droga a Venezuela en aviones oficiales, según Eva Ferrer. Aun así, hay gente en la izquierda que todavía llora porque Petro y Verónica están en la lista de la Ofac", escribió Briceño en su cuenta de X, y agregó: “En la Casa de Nariño no solo operaba un cartel de corrupción sino también un cartel de la droga”.
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Las denuncias elevaron la presión sobre las autoridades colombianas y reactivaron el cruce político entre sectores oficialistas y opositores. Sin pruebas públicas que respalden por ahora las afirmaciones de Eva Ferrer, los reclamos se concentran en determinar si existen elementos para abrir investigaciones formales, esclarecer el supuesto uso de recursos estatales y garantizar la seguridad de quienes puedan aportar información al caso.