Hace unas semanas, la ministra Ximena Lincolao puso en discusión el financiamiento estatal de los proyectos de investigación de Fondecyt. Eso bastó para desatar una polémica. Las columnas y cartas al director se multiplicaron; las redes sociales hicieron el resto. No hay nada más controversial que revisar un programa cuyos beneficios recaen sobre grupos identificables, mientras sus costos se distribuyen silenciosamente entre millones de contribuyentes.
Pero más allá del caso específico, la ministra abrió una discusión que Chile debió haber tenido hace años: cuál es la calidad de los programas de investigación y becas que financiamos todos los chilenos. ¿Se asignan esos dineros a los usos que maximizan el beneficio de largo plazo para el país?
La discusión se ha centrado en proyectos de investigación y apoyos posdoctorales. Pero esa no es la única arista del problema, ni la más trascendental. Más importante es saber si Chile está gastando bien los dineros de Becas Chile. Y la pregunta no tiene que ver con las materias estudiadas —humanidades, matemáticas, ciencias sociales, medicina o derecho—, sino con la calidad de las universidades a las que el país envía a sus becarios. ¿Se otorgan las becas para estudiar en instituciones de gran calidad, o se trata, como algunos han sugerido, de mero “turismo académico”?
ANID mantiene un repositorio abierto con las más de cinco mil becas de magíster y doctorado adjudicadas desde 2015. Basta cruzar esa información con cualquier ranking internacional razonable para aproximarse a la calidad de las instituciones que financiamos.
Muchos becarios han sido enviados a lugares extraordinarios: el Royal College of Art, probablemente la mejor institución del mundo en arte y diseño, o la Architectural Association de Londres, donde enseñaron Zaha Hadid y Rem Koolhaas. Becas Chile también ha financiado centenares de estudios en Harvard, Oxford, Cambridge, Columbia, University College London y Melbourne. Exactamente lo que uno espera de un programa concebido para ampliar las capacidades del país.
Hasta aquí, las buenas noticias.
Al comparar los destinos con el QS World University Rankings también aparece un resultado incómodo: casi la mitad de las becas fue a universidades ubicadas por debajo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto, por sí solo, no prueba nada. Pero obliga a preguntar.
Veamos qué más dicen los datos. Australia y el Reino Unido muestran una concentración muy alta en universidades de primer nivel; Europa continental, un panorama distinto. Y España —el segundo destino de Becas Chile— es el caso más llamativo: prácticamente todas las becas destinadas a universidades españolas fueron a instituciones situadas por debajo de la Católica, y seis de cada 10 también por debajo de la Universidad de Chile. No es una crítica a España. Es una descripción.
Un ejemplo pone las cifras en perspectiva. Durante 11 años, todo el sistema de la Universidad de California —Berkeley, UCLA, San Diego y los otros siete campus— recibió 120 becarios chilenos; 24 de ellos en mi propia UCLA. La Universidad de Granada, alrededor del puesto 450 del mundo, recibió 101: cuatro veces más que UCLA, una de las 50 mejores universidades del mundo.
Pero el problema no es España. Ni los rankings. Ni las ciencias sociales. Ni las humanidades. El problema es otro. Durante casi dos décadas nadie se detuvo a responder una pregunta sorprendentemente simple: ¿Qué debía ofrecer una universidad extranjera para justificar que el Estado chileno pagara varias veces más de lo que costaría formar a ese mismo estudiante en Chile? Esa pregunta nunca tuvo una respuesta explícita. Y, sin una respuesta, resulta imposible saber si los recursos públicos están siendo asignados donde generan el mayor beneficio para el país. Las políticas públicas no fracasan solo cuando hacen cosas equivocadas. También fracasan cuando nunca definen qué significa hacerlas bien.
Nada de esto significa que estudiar un magíster en Granada sea una mala experiencia. Seguramente no lo es. Ni que algunas universidades españolas carezcan de programas excelentes. Muchas los tienen. La pregunta es dónde rinde más ese peso del contribuyente.
Chile posee hoy más de 300 programas acreditados de magíster y un número creciente de doctorados de buena calidad, muchos por una fracción del costo de enviar a alguien afuera. Si la calidad es comparable, el Estado no solo ahorra recursos: también fortalece las universidades nacionales, amplía su masa crítica, crea nuevas líneas de investigación y genera empleo académico para quienes regresan con grados avanzados. Es decir, obtiene dos beneficios por el precio de uno. Enviar estudiantes a universidades que no ofrecen un valor superior al disponible en Chile significa renunciar a esas ganancias sin razón alguna.
La solución tampoco parece complicada. Primero, establecer un umbral explícito de calidad, tanto para instituciones como para programas. Segundo, definir con claridad el objetivo: Becas Chile no existe para maximizar el número de estudiantes que cruza la cordillera o el Atlántico, sino los beneficios que esos recursos generan para el país en el largo plazo. Como ha señalado el académico César Hidalgo, esos beneficios pueden existir aun si el becario no regresa de inmediato: armar redes con el extranjero es extremadamente valioso.
La ministra Lincolao tuvo el mérito de abrir una discusión difícil. Ahora conviene dar el siguiente paso: antes de seguir debatiendo sanciones, retribuciones o auditorías, respondamos la pregunta que durante 18 años nadie pareció hacerse. ¿Qué está comprando exactamente Chile cuando financia un posgrado en el extranjero?
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