La Audiencia Provincial de Madrid confirma la continuación del procedimiento con jurado popular solo por los delitos de tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y malversación contra María Cristina Álvarez, mientras que no seguirá para Juan Carlos Barrabés. Descarta los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida y revoca las medidas cautelares, devolviéndole el pasaporte.
Esta decisión establece un nuevo rumbo para la investigación sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que involucra a la esposa del presidente del Gobierno. Según el auto, la Sección 23ª de la Audiencia Provincial desestima varias acusaciones, pero Gómez no se libra de enfrentarse a un jurado popular.
PUBLICIDAD
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido excluir del proceso principal a Juan Carlos Barrabés Cónsul tras no hallar pruebas de que se beneficiara irregularmente en la adjudicación de contratos públicos relacionados con la Cátedra. Los magistrados eliminan los cargos de corrupción en los negocios, apropiación indebida y administración desleal para todas las personas investigadas. Mantiene abierta la posibilidad de que la investigación continúe por la vía penal ordinaria para esclarecer si hubo irregularidades en las adjudicaciones a empresas vinculadas al entorno de Barrabés.
El tribunal también levanta las medidas cautelares personales que pesaban sobre Begoña Gómez Fernández y María Cristina Álvarez Rodríguez, entre ellas la prohibición de salir del país, la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y la retirada del pasaporte. Los jueces consideran que ambas han mostrado suficiente arraigo y colaboración con la justicia, eliminando el riesgo de fuga y destacando que han respondido a todos los requerimientos judiciales durante el proceso sin incidentes.
PUBLICIDAD
El auto judicial confirma que el proceso seguirá exclusivamente contra Begoña Gómez Fernández, directora de la cátedra, y su asistente, María Cristina Álvarez Rodríguez. La sala aprecia indicios de que Gómez Fernández habría aprovechado su vínculo de pareja con el presidente del Gobierno para impulsar la creación de la cátedra, captar financiación de grandes empresas y orientar la gestión de fondos y recursos a su favor, actuando en beneficio propio.
En cuanto a la malversación, el tribunal señala que ambas habrían desviado recursos, en especial un software de certificación empresarial, hacia fines privados, causando un perjuicio al patrimonio de la UCM. La investigación se centra en el uso de recursos públicos, tanto económicos como personales, en proyectos de carácter privado fuera del ámbito académico y del servicio a la universidad.
PUBLICIDAD
Respecto a la asistente, el auto indica que asumió funciones que iban más allá de su puesto en la Presidencia del Gobierno, participando activamente en la gestión de proyectos cuya titularidad resultó privada. La sala ordena repetir la fase intermedia del proceso para ajustarla a los nuevos hechos y, por ello, limita la acusación a tráfico de influencias y malversación para Gómez, y a malversación para Álvarez Rodríguez. Además, la investigación separada sobre contratación pública vinculada al caso sigue su curso.