El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitirá antes de este miércoles al Tribunal Supremo un listado nominal con 76.600 de los 163.020 nacionalizados españoles gracias a la 'ley de nietos', según fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños.
Esos 76.000 'nietos' son los que están incluidos en Dicireg (Digital Civil Registry), la plataforma electrónica del Registro Civil de España.
Esta funcionalidad empezó a implantarse en los registros consulares a partir de septiembre de 2024, por lo que hasta ahora solo contiene el 47% de los nombres de las personas a las que se ha concedido la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática de 2022.
El Tribunal Supremo acordó el pasado viernes requerir a los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que en un plazo de cinco días remitan la relación nominal de las 163.020 personas nacionalizadas por la 'ley de nietos', que no podrán votar el 29-N salvo que los Consulados certifiquen que cumplen la Ley de Memoria Democrática.
Para el cumplimiento de ese plazo el alto tribunal habilitó el sábado 24 y el domingo 25, por lo que la respuesta debe darse antes de las 15 horas del próximo miércoles.
El alto tribunal ha dirigido a Albares y Bolaños un apercibimiento expreso de que, si no envían esa lista, pueden ser objeto de multas reiteradas hasta que lo hagan y la Sala podría deducir testimonio contra ellos para que se les exija la responsabilidad penal que proceda.
Exteriores ha venido haciendo un cómputo de las personas nacionalizadas por la vía de la 'ley de nietos' a meros efectos estadísticos, pero asegura no disponer de un fichero específico con sus nombres. Salvo, a partir de 2024, Dicireg, que depende de Justicia.
Fuentes del Ministerio de Justicia indican que el archivo de los 76.600 'nietos' que sí están identificados en esa plataforma ya fueron remitidos a la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 15 de octubre para colaborar con la OCE y con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Esas fuentes consideran "incomprensible" el requerimiento judicial a Bolaños porque lo que podía hacer Justicia -extraer ese archivo y entregarlo a la OCE- ya se ha realizado y de ello fue informado el Supremo el pasado día 21.
Es a Exteriores al que corresponde la identificación de los expedientes que hay que examinar para cumplir las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo el 10 de septiembre.
El alto tribunal aprecia sospechas de ilegalidad en la conformación del censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) por haberse incorporado miles de personas nacionalizadas por la 'ley de nietos' (una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática), que no cumplen sus requisitos: haber nacido fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles que tuvieron que exiliarse durante el franquismo por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual.
La incorporación al CERA de miles de nuevos españoles sin cumplir lo establecido en la Ley de Memoria Democrática ha sido posible porque desde 2022 los funcionarios consulares vienen aplicando una Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que, sin tener facultades para ello y yendo más allá de la ley, estableció que "se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955".
La Instrucción indicó que, para obtener la nacionalidad, a los 'nietos' les bastaba "acreditar la salida del territorio español" de sus ascendientes.
Con ello, abrió la puerta a la nacionalización de los descendientes de españoles que abandonaron el territorio nacional entre 1936 y 1955, aunque ello no se debiera a razones políticas, ideológicas, de creencia o de identidad sexual, como exigía la Ley de Memoria Democrática. Estas son las inscripciones en el censo sospechosas de ilegalidad.
La lista de Dicireg
El OCE ya ha trabajado con el listado de los 76.600 'nietos' identificados en la plataforma Dicireg. Pero, al cruzar esos nombres con los del censo electoral vigente para las elecciones del 29 de noviembre, solo aparecen 38.188 de ellos.
El resto, señalan fuentes de la Administración, son personas fallecidas y menores de edad que figuran en Dicireg pero no en el censo electoral, y 'nietos' que en su día fueron inscritos en el CERA por residir en el extranjero y ahora pueden estar viviendo en España. Deberían, por tanto, figurar en el CER (censo de electores residentes en España).
No obstante, el Tribunal Supremo solo ha acordado la medida cautelar de suspensión del voto de los 'nietos' que estén en el CERA, no en el CER.
En todo caso, la información correspondiente a esos 38.188 registros fue remitida el 19 de octubre al Ministerio de Exteriores, que es donde está el problema, entre otros motivos porque la comprobación individualizada de los expedientes no empezó el 10 de septiembre sino mucho después, al ser rechazado el 12 de octubre el recurso de la Abogacía del Estado contra las medidas cautelares acordadas por el alto tribunal.
A Exteriores compete el examen de los expedientes para que la OCE pueda apartar del censo a los que indebidamente figuran en él (los que han sido nacionalizados en aplicación de la Instrucción) y que los funcionarios consulares expidan la certificación a los que cumplen la Ley de Memoria Democrática (los nacionalizados cuyos padres o abuelos se exiliaron por motivos políticos en la etapa franquista) por si desean votar.
Todo pasa por tener la relación nominal que demanda el Tribunal Supremo y cuya falta considera "incomprensible" porque "estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración".