Actualizado Lunes, 19 octubre 2026 - 01:28
La denuncia realizada por las víctimas del terrorismo ha sido atendida por Cáritas. Según ha podido saber EL MUNDO, esta organización ha endurecido las condiciones exigidas a los miembros de ETA para que puedan acceder a sus programas de acción social, tras recibir la denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).
Tal y como informó este periódico, la asociación que preside Daniel Portero envió el pasado mes de septiembre un escrito al presidente de Cáritas, Luis Ayala, mostrando su preocupación por que esta organización sin ánimo de lucro estuviera acogiendo a sanguinarios miembros de ETA -como la ex jefa de la banda terrorista Soledad Iparraguirre, alias Anboto, o al etarra Igor Solana- en sus programas de acción social.
Al recibir la misiva, el presidente de Cáritas tomó la iniciativa de reunirse con representantes de esta asociación de víctimas que puso en su conocimiento las irregularidades que se estaban produciendo en torno a estas labores de voluntariado.
Se da la circunstancia de que los miembros de la organización terrorista ETA condenados por la Audiencia Nacional y encarcelados que se encuentran clasificados en segundo grado pueden acogerse al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, y pasar a disfrutar de gran parte de los beneficios que están contemplados para los presos de tercer grado (semilibertad), si cumplen un plan de reinserción social.
El problema radica, sin embargo, en que la facilidad con la que el Gobierno vasco está concediendo los 100.2 ha convertido la medida en un coladero para que los terroristas condenados a elevadas penas de prisión adquieran con mayor celeridad el régimen de semilibertad.
En el caso de Cáritas, DyJ denunció que etarras como Anboto, «condenada por una decena de asesinatos», se había acogido a un programa de Cáritas en el que, en realidad, se había dedicado a «cuidar la huerta y los jardines parroquiales y a la atención de personas con riesgo de exclusión social como mérito para conseguir el acceso al artículo 100.2».
Al tener conocimiento de estos hechos, la organización que preside Ayala ha decidido que «en los casos de personas condenadas a penas graves de prisión, cuando la colaboración voluntaria esté vinculada a la aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario, la Diócesis de San Sebastián y los organismos sociocaritativos vinculados a ella no contemplarán dicha colaboración hasta que las instancias competentes hayan resuelto sobre la aplicación del precepto». De esta forma, Cáritas da un paso determinante para evitar que sus planes de acción social actúen como coartada para acceder a los 100.2 por parte de miembros de ETA.
Desde Dignidad y Justicia valoran de forma muy favorable la actuación de esta organización y el hecho de que haya decidido poner coto a las irregularidades denunciadas.
Por otro tarde, el malestar de las víctimas es mayúsculo con el Gobierno vasco después de que haya decidido días atrás que va a dejar de facilitar información sobre las semilibertades a los terroristas de ETA a estas asociaciones.
La decisión adoptada por la consejera de Justicia María Jesús San José llega después de que estos colectivos hayan denunciado que las salidas de prisión orquestadas a través del artículo 100.2 y de terceros grados son «amnistías encubiertas». La consejera San José entiende que la comunicación a las asociaciones de víctimas de las medidas aplicadas a los etarras es inadecuada «por falta de transmisión a las víctimas en algún caso y por filtración de aspectos sensibles y protegidos de los expedientes en otros».
En el caso de Portero, ha denunciado que se ha concedido el tercer grado al ex jefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, quien ordenó el asesinato de su padre, el fiscal Luis Portero, sin que nunca haya pedido perdón a las víctimas ni haya mostrado su arrepentimiento. A este malestar desde DyJ se ha sumado el de Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), quienes también han denunciado esta semilibertad.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había recurrido previamente por prematura la semilibertad que el Gobierno vasco concedió a la Olarra Guridi el pasado mes de mayo y el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro lo había revocado al considerar que fue concedido de manera prematura.
Ahora, las víctimas han vuelto a pedir al departamento que dirige el fiscal jefe Jesús Alonso que vuelva a recurrir la concesión del tercer grado a este sanguinario miembro de ETA.