La Cámara Federal de Casación deberá resolver si los directivos de Aeropuertos Argentina 2000 pueden ser considerados funcionarios públicos dentro de la llamada causa Securitas, un punto clave para definir cómo sigue la investigación por el pago de sobornos.
De esta forma, en el marco de la causa, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, a través del juez Mariano Hernán Borinsky, dio trámite al recurso del Ministerio Público Fiscal contra el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que dejó sin efecto la decisión de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con la que consideró que los directivos de Aeropuertos Argentina 2000 revisten calidad de funcionario público.
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Securitas es una multinacional de seguridad y vigilancia privada que, en 2019, detectó mediante una auditoría interna que su filial argentina pagó coimas a funcionarios públicos, al menos, desde 2013.
Los sobornos, según se desprende de la investigación, fueron para garantizarse contratos con empresas y organismos estatales en todo el país, o cobrar servicios adeudados en gestiones anteriores.
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Securitas se autodenunció en febrero de 2020.
La defensa de uno de los acusados se había presentado en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro con planteos liberatorios tales como la atipicidad y su prescripción, al entender que no son reprochables los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles en la medida en que su defendido, gerente de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, no es funcionario público.
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Las pretensiones fueron rechazadas por la jueza Arroyo Salgado por considerar que los integrantes de esa compañía desempeñan en una función pública típica al gestionar la explotación y administración de los aeropuertos que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos, lo que constituye un servicio público esencial para la comunidad.
Cabe destacar, además, que el Estado nacional posee una participación accionaria minoritaria en Aeropuertos Argentina.
La juez federal de San Isidro rechazó el pedido de extinción de la acción penal por considerar que la prescripción se suspende cuando en el delito intervinieron quienes desempeñan un cargo público. Y, además, recordó que el caso también involucra a funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
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Los abogados recurrieron ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que resolvió de forma favorable a su pretensión y revocó lo resuelto en primera instancia.
Para ello, los magistrados consideraron que Aeropuertos Argentina 2000 es una sociedad anónima privada con participación estatal minoritaria. De esa forma devolvió la causa a primera instancia para que analice nuevamente la situación de todos los imputados en el caso de AA2000.
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Contra este último fallo, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación, que fue denegado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y motivó un recurso de queja directo ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Por orden del juez Mariano Hernán Borinsky, en calidad de presidente de la Sala IV, se le dio trámite al recurso de la fiscalía que deberá ser evaluado por el fiscal general ante dicha instancia, Javier De Luca.
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Entre las empresas y organismos públicos implicados en la causa Securitas aparecen AySA, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), la Oficina General de Contaduría del Ejército Argentino, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de diversas provincias, el Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia y el Registro Nacional de Armas (RENAR).
Los delitos detectados por la Justicia Federal fueron cohecho, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos.
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