La continuidad de los Centros Intégrate enfrenta incertidumbre ante la falta de definiciones institucionales y presupuestales para garantizar su operación después del 30 de septiembre de 2026.
De acuerdo con un comunicado de prensa divulgado en agosto, documentos técnicos oficiales advierten que, si no se trasladan oportunamente los recursos y las competencias a una entidad responsable, la estrategia podría suspender sus actividades a nivel nacional, con el cierre de sus sedes, la desvinculación de más de 200 profesionales y la interrupción de los servicios dirigidos a población migrante, colombianos retornados y comunidades de acogida.
La situación ha generado preocupación entre actores territoriales, organizaciones sociales y entidades relacionadas con la implementación de la Política Integral Migratoria, debido al papel que cumplen actualmente los Centros Intégrate en la orientación y articulación del acceso a servicios públicos. La estrategia cuenta con 20 Centros Intégrate, nueve Tríadas de Atención Integral y una Unidad Móvil, con presencia en 25 municipios de 18 departamentos.
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Los centros funcionan en territorios considerados estratégicos para la gestión migratoria, entre ellos Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Riohacha, Santa Marta, Bucaramanga, Valledupar, Arauca, Pasto, Ipiales y Maicao. Su distribución responde a corredores migratorios y zonas de acogida, donde brindan orientación sobre regularización, acceso a derechos, atención humanitaria y otros servicios.
Con corte al 15 de agosto de 2026, los Centros Intégrate habían registrado 559.952 atenciones y habían atendido a más de 200.000 personas, entre migrantes, colombianos retornados y miembros de las comunidades de acogida.
La oferta incluye orientación general, acompañamiento jurídico y psicosocial, regularización migratoria, protección internacional, inclusión productiva mediante empleo y emprendimiento, orientación en salud y gestión de casos. Estos servicios se prestan mediante equipos interdisciplinarios y mecanismos de atención territorial y móvil.
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La estrategia hace parte de la implementación territorial de la Política Integral Migratoria, establecida mediante la Ley 2136 de 2021 y el CONPES 4100. En ese contexto, quienes respaldan su continuidad señalan que su funcionamiento no está planteado como una iniciativa asociada exclusivamente a una administración gubernamental, sino como una capacidad institucional desarrollada para atender la realidad migratoria del país.
“Los Centros Intégrate no son una política de gobierno; son una capacidad del Estado. Durante años Colombia ha construido una red que acerca la oferta institucional a las personas migrantes, retornadas y comunidades de acogida. Su continuidad es una oportunidad para fortalecer una capacidad pública que ya demostró resultados y que el país necesitará cada vez más en el futuro”, afirmó Marcos Muleth, coordinador nacional de la Estrategia Centros Intégrate.
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El origen de esta estrategia se remonta a Barranquilla, donde en 2019, junto con la entonces Oficina de Fronteras del nivel nacional y organismos de cooperación internacional, se puso en marcha el primer Centro de Integración Local para Migrantes. La experiencia fue posteriormente replicada en otros territorios hasta convertirse en la actual red de Centros Intégrate.
El comunicado también cita información sobre el aporte económico de la población migrante. Un estudio elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Fundación Ideas para la Paz, CAVEX y la Fundación Konrad Adenauer encontró que, en 2022, la migración venezolana generó aproximadamente USD 529 millones en ingresos fiscales para Colombia, equivalentes a cerca del 1,9% de la recaudación nacional.
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Según ese análisis, el aporte podría incrementarse mediante mayores niveles de integración y regularización. Otros estudios citados en el documento han relacionado la integración de la población migrante con la formalización laboral, el crecimiento económico y el fortalecimiento de la base tributaria.
En el comunicado, los actores vinculados a la estrategia solicitan al Gobierno nacional y a las entidades competentes adoptar las medidas necesarias para evitar la interrupción de las operaciones.
Entre las instituciones mencionadas están el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el Ministerio de Relaciones Exteriores, los organismos de control, las entidades de protección de derechos y otras autoridades con competencias en materia migratoria.
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La solicitud contempla que se definan las decisiones administrativas y presupuestales necesarias para garantizar la continuidad de la Estrategia Intégrate después del 30 de septiembre de 2026. El documento advierte que, sin un traslado oportuno del presupuesto y de las competencias hacia una entidad responsable, la estrategia podría suspender actividades a nivel nacional.
La definición sobre la continuidad de la estrategia deberá establecer, de acuerdo con el comunicado, qué entidad asumirá los recursos, las competencias y la operación necesaria para mantener la red territorial. Mientras no se adopten esas decisiones, permanece la incertidumbre sobre el funcionamiento de los Centros Intégrate después de la fecha señalada.
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