El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de la megarreforma legislativa del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, que busca cambiar el rumbo económico del país. El proyecto, que incluye beneficios fiscales para las empresas e inversores, es criticado por la oposición, que cree que reducirá los ingresos destinados a fines sociales.
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El paquete económico aprobado contempla varias medidas que buscan atraer la inversión al país, como una rebaja gradual de cuatro puntos en el impuesto a las grandes empresas. También se eliminan barreras a estos inversores. Supone un cambio con respecto a la política económica de los últimos años.
“Recuperar el ritmo de crecimiento”
“En los últimos 15 años de Chile, el crecimiento ha sido muy distante al que tuvo desde el retorno a la democracia y los primeros 15 años, de crecer a niveles del 5% o 6% a niveles en torno al 1,8% o 1,9%, como fue con el presidente Gabriel Boric. Y eso genera una serie de condiciones económicas que no son las deseables: bajo crecimiento, menos empleo”. Chile enfrenta hoy, además, una crisis de desempleo con tasas que están en torno al 10%”, nos explica Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo de Chile.
Según él, “el objetivo de este proyecto es recuperar el ritmo de crecimiento que Chile conoció antes de la última reforma tributaria del 2014, que fue bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet”.
La oposición recurre al Tribunal Constitucional
La oposición critica que el proyecto favorece a los ricos, y como el Estado ingresará menos por la bajada de estos impuestos, habrá menos dinero para ayudas sociales. “Es lo que ustedes están promoviendo: llenarle los bolsillos a quienes hoy más tienen y quitarle la posibilidad del acceso a la salud, a la educación o incluso a pensiones dignas a quienes hoy más lo necesitan. Y espero que la mayoría, que quienes dicen defender a la clase media y a la gente, se pongan del lado de la gente y no de este gobierno anti trabajadores y trabajadoras”, denunció la legisladora opositora Emilia Schneider.
La oposición ha anunciado que recurrirá a algunos artículos al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la aprobación. “Los plazos del Tribunal Constitucional son bastante inciertos porque es un tribunal autónomo, que tiene otras materias que también revisa. Yo me imagino que por un tema político van a tratar de darle un poquito de celeridad para generar más certeza y despejar rápidamente el tema. Pero yo no creo que antes de un par de semanas, el Tribunal Constitucional pueda revisar los requerimientos. Yo creo que con certeza en un mes debe de estar despejado, pero no antes de eso”, subraya Rodrigo Arellano.
El 56% del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a las empresas. El Gobierno de Kast se ha visto obligado a revisar su previsión de crecimiento del 4% al 3,5% en 2030, cuando finalice su mandato.