EDITORIAL
La nueva ley antilavado traerá un inédito monitoreo de flujos dinerarios.
Los más de Q10 mil 200 millones en operaciones sospechosas reportados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) entre enero y agosto de este año constituyen un indicio preocupante de las actividades ilícitas que podrían estar asociadas con tales operaciones. No se puede aseverar que todo ese monto detectado sea constitutivo de delito, pero justamente para ello se presentan las denuncias en el Ministerio Público. Este radar financiero funciona aún bajo los lineamientos de la Ley Antilavado que se verán reforzados por la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, sancionada hace tres meses y que ayer entró en vigencia.
Al momento de su aprobación, algunos diputados trataron de llevar agua para su molino e incluso lavarse la cara con ella, presumiendo de haber votado a favor, lo cual era su simple y llana obligación, de acuerdo con su investidura y porque de no haber sido así, en estos tiempos, habría denotado interés por mantener atrasada la lucha contra el dinero sucio. Es más, la iniciativa de ley se presentó en julio de 2025; pasó varios meses en “análisis”, pese a que los capitales ilícitos constituyen un verdadero campo minado para la seguridad pública, la actividad política-partidaria y la certeza económica —y una mina de oro para grupos criminales, hordas corruptas y tipos transeros—.
La Ley Antilavado corregida y aumentada aún no puede ser aplicada, pues necesita de un reglamento, que debe ser claro, funcional y pertinente. La buena noticia es que, a decir de Juan Carlos Monroy, jefe de la IVE, esta entidad comenzó a trabajarlo desde junio y han tenido acercamiento y consultas con varios sectores. En la reciente Convención Financiera dijo que podrían presentarla este mismo mes.
Queda claro que la nueva norma antilavado no debe tener impacto negativo en la actividad productiva, comercial y financiera lícita ni representar costos que ahuyenten la inversión local o extranjera. Por ello tiene gran valor la actitud de puertas abiertas de la IVE, para recibir sugerencias prácticas en beneficio de la transparencia financiera del país que será objeto de una auditoría internacional en 2027.
Existe una relativa reducción del monto de alertas respecto de los primeros ocho meses del 2025, que totalizaban Q13 mil 236 millones; sin embargo, aún falta un tercio del año. Podría ser parte del efecto disuasivo de los monitoreos y de la inminencia del endurecimiento de los mismos, o quizá un movimiento hacia actividades que aún no son objeto de escrutinio pero que pronto lo estarán, tras un cuarto de siglo de la vieja norma. El Congreso estipuló como fecha máxima para la aprobación del reglamento el 17 de marzo de 2027, pero, de cumplirse lo anticipado por la IVE, podría —y debería— estar vigente este mismo año. La propuesta se presenta a la Presidencia de la República para su revisión y aprobación. No está lejos pensar que ese es otro de los factores que llevan a grupos ilícitos a fomentar discursos inflamables bajo pretextos demagógicos.
No está de más recordar que estamos a las puertas de un proceso electoral en el cual se agitan intereses de mafias por incidir en el financiamiento de campañas a todo nivel. Si bien esta es una misión del Tribunal Supremo Electoral, este aún no presenta mayores innovaciones en los controles de fondos de campaña. La nueva ley antilavado traerá un inédito monitoreo de flujos dinerarios y es posible que el miedo al cierre de grifos de lavadero esté llevando a delincuentes a ocultar alijos millonarios de efectivo, como el hallado ayer en la zona 3 capitalina.