Cinco personas vinculadas a la Operación Jericó fueron declaradas penalmente responsables luego de que una jueza validara acuerdos de pena alcanzados entre el Ministerio Público y sus defensas.
Las condenas corresponden a delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, dentro de una de las investigaciones contra el narcotráfico de mayor alcance desarrolladas en Panamá.
La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, emitió la Sentencia n.° 1505 del 21 de agosto de 2026.
Uno de los condenados, recluido en el centro penitenciario La Joya, recibió 68 meses de prisión, mientras otro, detenido en un centro penitenciario de Chiriquí, fue sentenciado a 62 meses. Ambos deberán pagar además una multa de $250 al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses.
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La defensa del condenado a 68 meses, ejercida por el abogado Antony Cantos, solicitó sustituir la prisión por detención domiciliaria debido a razones de salud. La jueza rechazó la petición porque no se presentó oficialmente un informe médico que la sustentara. La defensa apeló la decisión y la audiencia fue fijada para el 8 de septiembre de 2026, a las 8:30 a.m., en la Sala 3 del edificio Fortuna.
Para los otros tres implicados, los acuerdos establecieron penas principales de 60 meses de prisión y multas de $500, pagaderas al Tesoro Nacional en un año.
Sin embargo, el tribunal sustituyó las condenas de cárcel por trabajo comunitario no remunerado en juntas comunales, que deberán cumplir un día por semana, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., además de reportarse los días 15 y 30 de cada mes.
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Con estos cinco acuerdos, el expediente continúa para otros 17 imputados que deberán enfrentar la etapa intermedia, entre ellos Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La audiencia intermedia del caso fue reprogramada para febrero de 2027, etapa en la que deberá discutirse la acusación y las pruebas que eventualmente serían llevadas a juicio.
Rico Pineda es una de las figuras de mayor exposición pública dentro de Jericó. La Fiscalía lo vinculó al presunto delito de blanqueo de capitales mediante estructuras empresariales, mientras las investigaciones identificaron sociedades que presuntamente habrían permitido movilizar y estratificar dinero procedente de actividades ilícitas.
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Actualmente mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario, después de haber permanecido en detención provisional.
Entre las sociedades investigadas aparece Servicios Múltiples Rama S.A., vinculada a Rico Pineda y que había mantenido contratos con entidades públicas.
Durante las investigaciones, fiscales expusieron que el hijo del diputado contaba con varias empresas y que una de las sociedades habría sido utilizada para estratificar dinero presuntamente procedente del narcotráfico, uno de los componentes financieros que las autoridades intentan probar dentro del expediente.
La investigación de la Operación Jericó comenzó formalmente el 30 de junio de 2023, cuando las autoridades identificaron una organización presuntamente dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
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Las diligencias posteriores incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos, análisis de rutas y pesquisas sobre empresas y bienes, hasta desembocar en allanamientos y capturas en diferentes puntos del territorio nacional.
Los operativos alcanzaron las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Darién, Coclé y Los Santos, con más de 50 allanamientos.
Las autoridades reportaron la aprehensión de al menos 31 personas y el decomiso de más de una tonelada de sustancias ilícitas y más de $300.000 en efectivo, además de vehículos, armas de fuego y otros bienes relacionados con la investigación.
La estructura investigada habría recibido droga procedente de Colombia mediante lanchas rápidas y embarcaciones de pesca artesanal, principalmente por sectores de Guna Yala y Darién.
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Posteriormente, cargamentos eran movilizados mediante mochileros hasta puntos de acopio y trasladados en vehículos hacia San Miguelito y Juan Díaz, donde se habrían utilizado automóviles modificados con dobles fondos para continuar el recorrido hacia Chiriquí, Costa Rica y finalmente México.
Otro movimiento reciente dentro del expediente fue la extradición desde Colombia de Néstor Sánchez, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la organización.
Tras su llegada a Panamá quedó detenido provisionalmente después de que se le imputaran cargos por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales, reforzando la dimensión internacional de una investigación que ha requerido cooperación con autoridades de otros países.
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En la audiencia en la que se validaron los cinco acuerdos participó el fiscal Julio Campines en representación del Ministerio Público, mientras las defensas particulares estuvieron a cargo de Cecilia Ramos, Agustín Martínez, Antony Cantos y Jean Carlos Cerrud.
Con las primeras condenas ya dictadas, el proceso continuará ahora respecto de los restantes acusados, mientras avanzan las actuaciones judiciales derivadas de la investigación iniciada hace más de tres años.