La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó su preocupación por el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y promovido por el Gobierno federal como parte de la implementación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Mientras la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que el objetivo de la propuesta es fortalecer los derechos de las audiencias y fomentar la autorregulación en los medios electrónicos, la industria considera que algunos apartados del documento podrían generar discrecionalidad en la aplicación de la norma y afectar la libertad de expresión.
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Los lineamientos permanecerán en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto, periodo en el que concesionarios, especialistas, organizaciones y ciudadanos podrán presentar observaciones y propuestas de modificación.
A través de un comunicado, la CIRT informó que analiza el contenido de los lineamientos y que realizará un proceso de consulta con sus más de mil 200 estaciones afiliadas para construir una postura conjunta que será presentada durante la consulta pública.
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El organismo aclaró que respalda el objetivo de proteger los derechos de las audiencias y reconoció la apertura de la CRT para recibir comentarios.
Sin embargo, señaló que existen aspectos que, desde su perspectiva, requieren una definición más precisa para evitar interpretaciones discrecionales.
Entre sus principales preocupaciones destaca que el proyecto permitiría a la autoridad determinar qué información puede considerarse falsa o descontextualizada, situación que, a juicio de la Cámara, modificaría los mecanismos de autorregulación y limitaría la autonomía de las defensorías de las audiencias.
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Entre los aspectos señalados por la CIRT se encuentran:
- La posibilidad de que la autoridad determine cuándo una información es falsa o está fuera de contexto.
- Multas de hasta 1% de los ingresos anuales de concesionarios o programadores por presuntas faltas informativas.
- La creación de un recurso mediante el cual la CRT podría revisar las resoluciones emitidas por las defensorías de las audiencias.
- La solicitud para que las quejas anónimas no sean admitidas, con el argumento de evitar denuncias falsas o mecanismos de presión contra periodistas y comunicadores.
- La participación de la industria en la consulta pública para proponer ajustes al documento antes de su entrada en vigor.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los lineamientos no tienen como propósito censurar a los medios de comunicación, sino fortalecer un esquema de autorregulación previsto en la legislación vigente.
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La mandataria explicó que las disposiciones únicamente aplicarán a concesionarios de radio y televisión, tanto públicos como privados, y no abarcan a la prensa escrita ni a los portales informativos en internet.
Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, indicó que el proyecto fue elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para desarrollar los derechos de las audiencias contemplados en la nueva legislación.
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Entre las obligaciones planteadas destacan la adopción de un Código de Ética, la designación de una persona defensora de las audiencias, la diferenciación entre información y opinión, la identificación de contenidos publicitarios, la garantía del derecho de réplica y la implementación de medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.
Asimismo, explicó que cuando una audiencia considere vulnerados sus derechos deberá presentar primero su inconformidad ante la defensoría del medio correspondiente. Sólo si el procedimiento no resuelve el caso, la CRT podrá intervenir y, en determinadas circunstancias, imponer sanciones.
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La CIRT sostuvo que continuará revisando el documento para presentar observaciones sustentadas durante el proceso de consulta pública. El organismo consideró positivo que exista un espacio para revisar el contenido del proyecto, aunque insistió en que algunos apartados deben modificarse para evitar afectaciones a la libertad de expresión y preservar los mecanismos de autorregulación de los medios.
Por su parte, el Gobierno federal reiteró que la consulta permitirá incorporar opiniones de concesionarios, especialistas, académicos, organizaciones civiles y ciudadanía en general antes de emitir la versión definitiva de los lineamientos.
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Con ello, el debate sobre la regulación de los derechos de las audiencias se mantiene abierto, mientras autoridades e integrantes de la industria de la radiodifusión exponen posturas distintas respecto al alcance que deberán tener las nuevas disposiciones y a su impacto en el funcionamiento de los medios de comunicación en México.