Instruido por el directorio de Codelco, y a través de un proceso de licitación previo, el comité de auditoría, compensaciones y ética (CACE) contrató una revisión externa sobre la producción de la estatal para los años 2024 y 2025 con la auditora KPMG, una de las famosas big four.
La medida viene de la mano de la producción extra que reportó Codelco el año pasado por 27 mil toneladas de cobre, y que provocó la salida de ejecutivos y el inicio del proceso de devolución de bonos por parte de trabajadores.
“La auditoría interna estuvo focalizada en las 20 mil toneladas que fueron incorporadas en la denuncia más las 6.875 (toneladas) que se identificaron en el proceso. Pero para mayor tranquilidad de la Corporación y, por supuesto, de todos los chilenos, es que se estableció la ampliación de la revisión al año 24-25 y en cuanto estén esos resultados, se darán a conocer cuando KPMG nos los entregue”, sostuvo la directora de Codelco, Tamara Agnic, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que fiscaliza el caso.
En tanto, el expresidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, descartó ante la comisión presiones a ejecutivos para no cumplir normas de validación en materia de producción.
“Aquí se ha utilizado públicamente una expresión de “operación rastrillo” para sugerir que existió una política destinada a incorporar cualquier material disponible con el propósito de elevar artificialmente la producción, y esa caracterización no corresponde. Lo que sí existió fue un proceso de búsqueda de oportunidades operacionales legítimas, para reducir inventario, procesar materiales disponibles, mejorar la recuperación y ejecutar iniciativas que generaran producción para la empresa. Ese tipo de gestión se hace habitualmente en minería”, declaró Alvarado.
El ejecutivo deslizó que todas las iniciativas para encontrar oportunidades de producción estuvieron sujetas a normas, controles y autorizaciones como cualquier decisión operacional tiene.
Si bien reconoció que tanto el directorio como él solicitaron esfuerzos para aumentar la producción, no era en descrédito de la seguridad y el cumplimiento de normas.
“Ninguna instrucción de la presidencia ejecutiva debió reemplazar esas validaciones y ningún ejecutivo podía interpretar una exigencia de gestión como una autorización para omitirla. Por lo tanto, no es real que la incorporación de estos materiales hubiese sido conocida por toda la alta administración ni el directorio, o que hubiese respondido a presiones para incrementar la producción”, sostuvo.
Y añadió que “cuando una iniciativa no cumple los requisitos, la obligación profesional es advertirlo, rechazarlo o elevar la controversia. Esa responsabilidad no desaparece por la existencia de metas exigente”.
La operación rastrillo
Alvarado se refirió a un correo que se hizo público en el que se hablaba de activar la “operación rastrillo”. El ex ejecutivo explicó que esto hacía referencia a algo habitual de las operaciones para buscar materiales, bajar stock y bajar materiales que cumplieran con las normas y que fueran comercializables, en línea con las normativas internas de la compañía.
“Lo que se buscaba era que efectivamente pudiésemos mitigar los temas de producción que estaban siendo afectados a partir de julio producto del lamentable accidente en El Teniente. Eso significa que tenemos que, tanto los materiales de stock, poder ponerlos en valor para poder ser comercializados”, apuntó.
Agnic planteó que tras la falla de la primera línea de las personas encargadas de aplicar los controles, los cuales no se ajustaron, y que fue identificado en la auditoría interna de Codelco, se establecieron las sanciones correspondientes.
“Se identificó un ex ejecutivo al que no se podía sancionar porque ya no formaba parte de la corporación. Siete personas sí fueron sancionadas. La única sanción no es la desvinculación, hay un marco, una escala de sanciones que corresponden también a los procesos internos que adopta la corporación”, agregó Agnic.
En tanto, y a modo de reconocer errores, el ex presidente de Codelco concluyó su intervención ante la comisión investigadora señalando que “existieron decisiones incorrectas, controles preventivos insuficientes y responsabilidades funcionales concretas. Las responsabilidades tienen que establecerse según la participación efectiva, las atribuciones y los deberes de cada persona”.
Sostuvo que “la auditoría estableció las responsabilidades respecto a quienes intervinieron en la formulación, validación e incorporación de estas iniciativas. A la administración le corresponde respetar esas conclusiones y, al mismo tiempo, tomar las acciones que permitan fortalecer los controles preventivos que prevengan la recurrencia de este tipo de hechos. Desde la perspectiva de la administración, la principal lección es clara: las metas del negocio deben ser exigentes, pero los procesos de validación deben ser aún más rigurosos”.
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