Viajar siempre ha exigido dos cosas: tiempo y dinero. Y, durante siglos, gran parte de la población carecía de ellos. El disfrute de balnearios y playas paradisiacas se reservaba a las clases altas, y los obreros se resignaban al trabajo constante.
La idea de las vacaciones tal como las entendemos hoy nace como consecuencia de la Revolución industrial. Por supuesto, el descanso siempre ha existido, pero venía determinado por el calendario religioso (domingos y festividades puntuales) o el agrícola (con épocas menos ajetreadas en función del ciclo natural de la tierra).
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Con la industrialización se transforma de arriba abajo el mundo laboral. Las fábricas imponen su propio ritmo de producción, con jornadas muy extensas. La dureza de las condiciones lleva a los trabajadores a organizarse en busca de un marco más digno, siendo el tiempo de descanso una reclamación inevitable. Aunque las vacaciones pagadas aún no figuraban en el orden de prioridades, sí se asentó la idea de que el descanso no constituía un privilegio, sino un derecho asociado a la actividad laboral.
Las primeras concesiones
Llegado el siglo XX, con las tensiones sociales inflamadas por la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa, los gobiernos del resto de Europa empezaron a temer sublevaciones en sus países y fueron asumiendo paulatinamente demandas obreras.
En la España de 1918, durante la monarquía de Alfonso XIII, se aprobaron quince días de vacaciones para los funcionarios públicos, como militares o maestros, y en 1919 se ampliaba a los capitanes y oficiales de la marina mercante. La clase trabajadora no gozaría de esta posibilidad hasta la Segunda República.
El 22 de noviembre de 1931, con Manuel Azaña como presidente del Consejo de ministros y Francisco Largo Caballero en la cartera de Trabajo, se aprobó la Ley de Contrato de Trabajo. En ella constaban las vacaciones remuneradas como un derecho de los asalariados, que pasaban a disfrutar de siete días de descanso pagado al año.
Sin embargo, que las vacaciones pagadas se reconociesen como un derecho no supuso que pasaran automáticamente a formar parte de la vida de la gente. La polarización política durante el período republicano y la crisis de legitimidad del sistema político complicaron su aplicación, en especial en el caso de los obreros del sector primario, sujetos al calendario agrícola.
La Segunda República aprobó una de las legislaciones laborales más avanzadas de Europa, pero fue más una conquista jurídica que una práctica social consolidada.
Fue Francia la que amplió, cinco años después, esta conquista de derechos. En los Acuerdos de Matignon se establecía la semana laboral de 40 horas, se reconocía la negociación colectiva y se estipulaban quince días de vacaciones pagadas. Gracias a estas medidas, los obreros comenzaron a disponer de tiempo y dinero. De hecho, aquel mismo año, cientos de miles de trabajadores franceses viajaron por primera vez en su vida, muchos de ellos a la playa. Es el momento que suele señalarse como fundacional, cuando viajar dejó de ser un privilegio de clase para convertirse en un derecho universal.
De los domingueros al turismo ‘low cost’
El régimen franquista conservó las vacaciones pagadas conquistadas por la Segunda República. Quedaron reconocidas en el Fuero del Trabajo de 1938. Aun así, no se consolidó la costumbre vacacional, pues las circunstancias políticas y económicas del país paralizaron su popularización durante casi dos décadas.
De la primera etapa de la dictadura solo se puede resaltar la creación, en 1939, de la Obra Sindical de Educación y Descanso, destinada a regular el tiempo libre de los trabajadores con actividades culturales y deportivas. Una de sus iniciativas fue la construcción de ciudades vacacionales como la Ciudad Residencial de Tarragona o la de Perlora en Asturias. Este control del ocio obrero seguía los modelos de la Opera Nazionale Dopolavoro, creada en la Italia de Mussolini en 1925, y la Kraft durch Freude de la Alemania nazi, iniciada en 1933.
El verdadero punto de inflexión en España llegó en 1959 con el Plan de Estabilización, un conjunto de reformas con las que el régimen quiso romper con la autarquía económica para abrirse a nuevas oportunidades de mercado. La simplificación de trámites para la entrada de visitantes, entre otras medidas, impulsó el turismo extranjero y habituó la mirada doméstica a una nueva costumbre, aunque todavía no estuviera al alcance de cualquiera.
A lo largo de los años sesenta y setenta, las vacaciones pagadas, una mayor estabilidad económica, la mejora de los transportes y, sobre todo, el creciente acceso al automóvil ensancharon los confines de la evasión familiar. Los utilitarios democratizaron la movilidad, y los pueblos de origen de quienes se habían desplazado a las grandes ciudades se convirtieron en los primeros destinos de masas. La profesionalización que el sector turístico había atravesado para atender al cliente foráneo serviría también para ofrecer paquetes vacacionales a los locales una vez lo permitieron los bolsillos.
Más tarde, con la Constitución de 1978, que protegió el derecho al descanso retribuido, España se suma definitivamente al calendario del resto de la Europa occidental, y el mes de vacaciones en agosto se convierte en una institución.
Con el nuevo siglo surgieron las ofertas low cost y las reservas a golpe de smartphone. El resultado, más allá de un turismo accesible, también es el de un turismo más masivo que nunca, más rápido y difícil de gestionar para las ciudades y los territorios que lo reciben. La gentrificación de barrios enteros y el debate sobre el overtourism son la otra cara de la moneda de esta democratización del viaje.