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Cuenta atrás para el decreto sobre vivienda que el Gobierno previsiblemente aprobará en la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes y que ya ha suscitado la petición de constructores y sindicatos para que los grupos parlamentarios en el Congreso la apoyen.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha pedido este viernes a las formaciones políticas que tengan como prioridad el interés general, de modo que la vivienda no sea un arma de confrontación política. Para ello, la patronal de los constructores solicita que la norma que el Ejecutivo pretende aprobar incluya una reforma de la ley del Suelo, dado que supone una medida prioritaria para que el desarrollo urbanístico cuente con mayor seguridad jurídica, además de aumentar la oferta y plantear soluciones a la baja disponibilidad en el mercado.
Según la CNC, reformar la ley del Suelo supondría una medida “valiente y necesaria”, que se adecuaría a la urgencia de falta de vivienda, a la vez que destaca que el texto legal puede ser susceptible de mejoras.
Precisamente, este miércoles, Podemos ha denunciado que la norma que el Gobierno de coalición está elaborando incluye una reforma de la mencionada ley que implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales y eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin, según el partido de Ione Belarra.
Piden que la vivienda no suponga más de un 30% de la renta disponible de los hogares
De forma similar, las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT también han hecho una llamada a las fuerzas políticas para que “antepongan el derecho a la vivienda de millones de personas” y logren un acuerdo que permita avanzar en resolver el problema, ya que la ciudadanía reclama “acuerdos con mayorías suficientes, estabilidad y soluciones”.
Los sindicatos piden que la vivienda no suponga más de un 30% de la renta disponible de los hogares. En paralelo, critican que la falta de una mayoría parlamentaria en febrero hizo decaer la moratoria sobre la protección de las personas afectadas por desahucios.