El acceso de niños y adolescentes a las redes sociales se ha convertido en uno de los temas de discusión en Costa Rica, donde dos proyectos de ley buscan establecer edades mínimas para utilizar estas plataformas, en medio de la creciente preocupación por los riesgos que enfrentan las personas menores de edad en Internet.
Las propuestas legislativas pretenden limitar la exposición al ciberacoso, el grooming, los contenidos perjudiciales y la presión social, fenómenos que han intensificado el debate internacional sobre la necesidad de establecer mayores controles en el entorno digital.
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Sin embargo, la Fundación La Casa de los Niños advierte que fijar una edad mínima no necesariamente garantiza la protección de los menores, debido a que muchos de los riesgos también están presentes en videojuegos, sitios web, aplicaciones y contenidos audiovisuales que pueden utilizarse sin necesidad de crear una cuenta.
La organización considera que el desafío debe abordarse mediante una combinación de regulación, educación digital, acompañamiento familiar y responsabilidad de las empresas tecnológicas, en lugar de concentrar todos los esfuerzos en prohibir determinadas plataformas.
La psicóloga Catalina Chaves, directora de la fundación, sostiene que la tecnología forma parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones y que la prevención debe incluir herramientas para reconocer situaciones peligrosas.
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“Ninguna ley puede cubrir todos estos espacios. Por eso, la herramienta más amplia y duradera es enseñar a niños y adolescentes, desde pequeños, a reconocer la información falsa y la manipulación digital”, explicó.
En la Asamblea Legislativa de Costa Rica se encuentran en discusión dos iniciativas que plantean establecer límites de edad para el acceso a plataformas de interacción social.
La primera corresponde al expediente 25.805, presentado recientemente, que propone fijar una edad mínima de 15 años para crear y mantener cuentas en determinadas redes sociales.
La iniciativa también contempla obligaciones para los proveedores de estas plataformas, con el objetivo de impedir que personas menores de esa edad mantengan cuentas activas.
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Por otra parte, el expediente 25.336, presentado en diciembre de 2025, plantea establecer una edad mínima de 14 años para la creación y utilización de cuentas en servicios digitales que permiten la interacción social.
Aunque ambas propuestas buscan fortalecer la protección de niños y adolescentes, presentan diferencias en el límite de edad que consideran adecuado.
La discusión legislativa se desarrolla mientras distintos países evalúan mecanismos para reducir la exposición de los menores a contenidos violentos, interacciones riesgosas y otras situaciones que pueden afectar su bienestar.
Australia restringió las redes a menores de 16 años, pero muchos continuaron utilizándolas
El debate costarricense coincide con decisiones adoptadas en otros países, donde las autoridades han establecido restricciones más estrictas para el acceso de menores a determinadas plataformas.
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Uno de los casos es Australia, que comenzó a aplicar en diciembre de 2025 restricciones dirigidas a impedir que menores de 16 años crearan o mantuvieran cuentas en determinadas redes sociales.
Sin embargo, una evaluación publicada en 2026 en la revista médica The BMJ, citada por la Fundación La Casa de los Niños, encontró resultados que ponen en discusión la efectividad inmediata de estas prohibiciones.
Según el estudio, aproximadamente tres meses después de la entrada en vigor de las restricciones, más del 85% de los adolescentes menores de 16 años que participaron en la investigación reconoció haber utilizado plataformas sujetas a la medida.
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La evaluación también identificó mecanismos mediante los cuales los usuarios podían evadir los controles de edad.
Los resultados no permiten establecer que todas las restricciones sean ineficaces, pero sí evidencian dificultades para impedir completamente el acceso de adolescentes a estas plataformas.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido que las restricciones por edad, aplicadas de manera aislada, no garantizan la seguridad de niños y adolescentes en Internet.
La organización internacional también reconoce que las herramientas digitales pueden ofrecer oportunidades relacionadas con aprendizaje, comunicación, entretenimiento, expresión y participación social.
Desde esta perspectiva, la protección infantil requiere considerar tanto los riesgos como los beneficios que pueden ofrecer los espacios digitales.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la Fundación La Casa de los Niños es que las redes sociales representan solamente una parte del entorno digital al que pueden acceder los menores.
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La organización advierte que existen riesgos en juegos en línea, donde niños y adolescentes pueden interactuar con personas desconocidas, participar en conversaciones privadas o enfrentar presiones para realizar compras dentro de las aplicaciones.
También identifica posibles peligros en videos, caricaturas y contenidos audiovisuales que aparentan estar dirigidos a públicos infantiles, pero incluyen mensajes inadecuados o escenas violentas.
A estos espacios se suman sitios web de acceso libre y plataformas que permiten consumir contenidos sin necesidad de registrar una cuenta personal.
Por esta razón, establecer una edad mínima para determinadas redes sociales no impediría automáticamente que los menores entren en contacto con contenidos o interacciones perjudiciales en otros servicios.
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Catalina Chaves considera que la prevención debe centrarse también en desarrollar habilidades para identificar información falsa, reconocer comportamientos manipuladores y solicitar ayuda cuando surjan situaciones de riesgo.
La especialista señala que durante la adolescencia existen factores que pueden aumentar la vulnerabilidad frente a plataformas diseñadas para captar la atención de los usuarios.
Entre ellos menciona la necesidad de aceptación social y el desarrollo todavía incompleto del control de impulsos, condiciones que pueden influir en la forma en que los adolescentes interactúan con los contenidos digitales.
La fundación advierte que una prohibición sin acompañamiento podría provocar que algunos menores utilicen estas herramientas a escondidas, dificultando la intervención de padres, madres o encargados cuando enfrenten situaciones peligrosas.
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La organización plantea que la protección digital debe construirse mediante un proceso gradual, adaptado a la edad y madurez de cada niño o adolescente.
Uno de sus principales planteamientos es promover la autonomía progresiva, de manera que el acceso a herramientas tecnológicas comience bajo supervisión adulta y evolucione hacia mayores niveles de independencia.
Este proceso debe acompañarse de acuerdos claros sobre el tiempo de uso, las aplicaciones disponibles y las situaciones que requieren consultar con una persona adulta.
Otro aspecto fundamental es fortalecer la confianza dentro de las familias.
La fundación considera importante que los menores puedan comunicar experiencias incómodas o peligrosas sin temor a recibir castigos automáticos, ya que el miedo a perder el acceso a sus dispositivos podría dificultar que denuncien situaciones de acoso o contacto inapropiado.
También recomienda mantener conversaciones frecuentes sobre las experiencias digitales, en lugar de limitar la interacción familiar al establecimiento de prohibiciones.
Preguntar cómo se sienten al utilizar videojuegos, redes sociales o plataformas de video puede ayudar a identificar preocupaciones y desarrollar criterios para reconocer contenidos perjudiciales.
Además, los adultos deben prestar atención a determinados cambios de comportamiento.
Alteraciones en el sueño, aislamiento, irritabilidad o secretismo repentino pueden representar motivos para iniciar una conversación sobre lo que está ocurriendo en el entorno digital.
No obstante, estas conductas no constituyen por sí mismas pruebas de que exista una situación de violencia o acoso en Internet.