Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, cuestionó públicamente la versión entregada por Misael Cadavid, señalado como testigo clave en la investigación por presunta corrupción relacionada con seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante la pandemia de covid-19.
A través de su cuenta en X, el exmandatario sostuvo que existen presuntas inconsistencias entre las declaraciones del colaborador de la Fiscalía y los registros de retiros de dinero que, según afirmó, ha revisado. Además, Quintero volvió a defender a su hermano, Miguel Quintero Calle, quien enfrenta un proceso judicial por las presuntas irregularidades en la contratación.
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El exalcalde aseguró que denunciará más presuntas contradicciones durante el juicio; además, cuestionó las condiciones bajo las cuales Cadavid obtuvo un principio de oportunidad para colaborar con las autoridades.
“La versión no cuadra”, afirmó Quintero al comparar los $2.400 millones que, según su publicación, habrían sido retirados mediante cheques con los $940 millones que atribuyó a los retiros realizados por Germán Osorio, conductor de Cadavid, durante el periodo examinado. El exmandatario también señaló que el testigo habría adquirido bienes por un valor de $2.700 millones, mientras Bomberos de Itagüí recibía los pagos de los contratos investigados.
En el mensaje difundido en X, el exalcalde explicó que Cadavid habría declarado que los recursos correspondientes a los presuntos sobrecostos no quedaron en sus manos, sino que fueron retirados en efectivo mediante cheques de $50 millones cobrados por Osorio. Según la versión que Quintero atribuye al testigo, el dinero habría sido entregado posteriormente a intermediarios que, a su vez, lo hacían llegar a Miguel Quintero.
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Quintero también hizo referencia a las adquisiciones patrimoniales que atribuye a Cadavid durante el periodo en el que se efectuaron los pagos de los contratos. Según indicó, el testigo habría comprado lotes, fincas, vehículos y apartamentos por un valor de $2.700 millones.
El exalcalde añadió que el monto podría ser superior y sostuvo que, según cálculos de expertos a los que hizo referencia, el valor comercial de esas propiedades superaría los $5.000 millones.
En su publicación, Quintero también cuestionó el acuerdo suscrito entre Cadavid y la Fiscalía, mediante el cual el investigado obtuvo un principio de oportunidad y pasó a colaborar con la investigación. El exalcalde afirmó que, en audiencias anteriores, el ente acusador había advertido sobre presuntos intentos del testigo de influir en las declaraciones de otras personas involucradas en el expediente.
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“Aquí viene lo que es inaudito: En audiencias previas la Fiscalía había descubierto que Misael Cadavid, para evitar la cárcel, había tratado de manipular la versión de testigos que lo incriminaban, y que estos se habían negado a hacerlo, también había descubierto que parte de la plata la había usado para su campaña”, escribió Quintero.
En el mismo mensaje, cuestionó que la Fiscalía le hubiera concedido el principio de oportunidad pese a esos antecedentes. Según su versión, el acuerdo le permitió salir de prisión, conservar sus propiedades y aportar declaraciones que, a su juicio, no habrían sido corroboradas suficientemente.
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El exalcalde sostuvo que esas actuaciones habrían servido para involucrar a personas que, según él, no tenían relación con los hechos investigados. Sus señalamientos se enmarcan en la defensa pública de su hermano, mientras el proceso judicial continúa su curso.
El pronunciamiento de Daniel Quintero se produjo después de que, el 2 de octubre, el juez 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín impusiera medida de aseguramiento de detención domiciliaria a Miguel Quintero Calle.
La determinación se apartó de la solicitud de la Fiscalía, la Procuraduría y el abogado del Área Metropolitana, quienes habían pedido que el procesado fuera enviado a un establecimiento carcelario. En la misma audiencia, el juez decidió no imponer una medida privativa de la libertad a Sebastián de Dios Ortega Urán, también imputado en el caso.
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El despacho judicial rechazó, además, la petición del abogado Santiago Trespalacios para que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueran declaradas ilegales y excluidas del proceso. Según la investigación, los seis contratos suscritos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí tuvieron un valor conjunto de $17.657 millones.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que parte de esos recursos habría sido desviada mediante un esquema en el que Miguel Quintero presuntamente habría recibido el 15%, equivalente a $2.481 millones.
El ente acusador también señala que Miguel Quintero habría promovido desde 2019 la conformación de una estructura al interior del Área Metropolitana y recomendado a Juan David Palacio Cardona para dirigir la entidad. Mientras Quintero ha sostenido ser inocente, la investigación busca establecer las presuntas responsabilidades de los involucrados y el destino de los recursos públicos.
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