Como tantas otras personas migrantes en busca de mejores oportunidades, Joey decidió dejar su país natal, Honduras, para poner rumbo a España, donde llegó en septiembre de 2025, pero pronto descubrió que, sin papeles, las oportunidades se reducían a empleos sin contrato y sueldos muy por debajo del mínimo interprofesional, entre otros muchos obstáculos. En su primer empleo en un restaurante, trabajó cerca de 70 horas a la semana por 800 euros mensuales, asegura, condiciones que le llevaron a renunciar. Después, a lo largo de estos últimos meses, ha sobrevivido gracias a sus ahorros y preparando comida para amigos y conocidos, aprovechando su formación como cocinero.
“Llegar a España no fue el final del viaje, sino el comienzo de una lucha diaria, porque muchas personas se aprovechan de los migrantes que no tienen papeles. A mí hay jefes que me han dicho: ‘ubícate, si no tienes documentos, tienes que agachar la cabeza’”, relata este hondureño de 36 años a Infobae. Por eso la posibilidad de acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes, proceso que el Gobierno puso en marcha a mediados de abril y cuyo plazo cerró el pasado 30 de junio, se ha convertido en una esperanza para quienes como Joey han tenido que depender de la economía sumergida, lo que limitaba su acceso a derechos fundamentales y le exponía a la exclusión.
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Joey presentó su solicitud de regularización en abril y, aunque todavía no ha recibido la resolución definitiva de la Administración, que dispone de tres meses desde la admisión a trámite de cada petición para analizarlas, ya ha obtenido el Número de Identidad de Extranjero (NIE) y el de la Seguridad Social, lo que le permite acceder a un contrato de trabajo. Una vez reciba la respuesta favorable definitiva, deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), pero este trámite acumula demoras, ya que requiere una cita para la toma de huellas en las comisarías de Policía.
“Cuando recibí el email donde me comunicaban que ya tenía el número de la Seguridad Social, tuve que bajarme del metro por la emoción. Sentí que por fin tenía la oportunidad de empezar a trabajar legalmente”, explica Joey, que vio cómo se le escapaban varias oportunidades laborales por encontrarse en situación irregular. “En este tiempo he perdido hasta tres trabajos que me ofrecían como cocinero y ganando un buen salario", lamenta al otro lado del teléfono, al tiempo que agradece la ayuda que le han brindado durante todo este proceso desde el movimiento Regularización Ya para tramitar los documentos que le exigían porque “no podía permitirse pagar a un abogado 500 euros”. En estos últimos días, además, ha recibido una oferta para trabajar como cocinero en un restaurante del centro de Barcelona y espera poder incorporarse en breve.
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Otra de las mayores dificultades que ha vivido desde que llegó a España es el acceso a la vivienda. Explica, de hecho, que solo gracias a un amigo ha podido conseguir un piso en alquiler: “Es él quien figura como titular en el contrato, porque yo solo podía acceder a habitaciones, compartiendo casa con otras personas”.
Respecto al proceso de regularización extraordinaria, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló este lunes que hay más de 620.000 expedientes en tramitación y destacó que el 30 de junio, el mismo día que finalizó el plazo de solicitudes, ya se contabilizaron 160.000 altas en la Seguridad Social de personas inmersas en este proceso. En total fueron algo más de 1,2 millones de personas las que han solicitado acogerse a la regularización, más del doble de lo que en principio estimó el Gobierno.
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La ministra ha vuelto a defender la eficacia de estas medidas señalando que la irregularidad solo genera “vulnerabilidad” y fomenta la economía sumergida, mientras que la regularización incrementa la recaudación fiscal y reduce la informalidad. Saiz también ha reivindicado que sin la migración España “no podría sostener ni el crecimiento, ni el empleo, ni el Estado de bienestar”, y ha recordado que organismos como el Banco de España vinculan el 80% del crecimiento del PIB entre 2019 y 2024 a la contribución de la población migrante.
España cuenta ya con 3,4 millones de trabajadores extranjeros cotizando a la Seguridad Social, lo que representa el 15,4% del total de afiliados. Además, según estimaciones de la Oficina Nacional de Prospectiva, una reducción drástica de los flujos migratorios podría provocar una caída del 22% de la renta por habitante.
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