La digitalización avanza con fuerza en las administraciones públicas de Europa. Empresas tecnológicas especializadas en inteligencia artificial desarrollan sistemas capaces de integrar y procesar grandes volúmenes de datos generados por organismos estatales y oficiales. El objetivo es lograr que toda la información sobre cualquier ciudadano —desde historiales médicos hasta registros fiscales o antecedentes penales— pueda consultarse de manera inmediata y centralizada.
Esta integración, eficiente en la gestión administrativa según sus defensores e impulsores, plantea vulnerabilidades notables y evidentes. Una brecha en estos grandes bancos de datos podría exponer un gran volumen de información sensible sobre millones de personas.
Las administraciones europeas han demostrado repetidamente que están lejos de ser infalibles en materia de ciberseguridad: este martes, el gobierno francés pidió “disculpas” por el pirateo del sitio web del fisco, que permitió el robo de datos de unas 700.000 personas y empresas. Según confirmó la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP). Destaca también el ciberataque sufrido por la Comisión Europea en marzo de 2026, que afectó a una treintena de organismos comunitarios y permitió a los atacantes acceder y extraer grandes volúmenes de información sensible a través de una brecha en sistemas en la nube. Ese mismo mes, el Ministerio de Finanzas de Países Bajos fue objeto de un ataque que comprometió los sistemas del departamento de políticas y expuso datos personales de empleados, lo que obligó a bloquear plataformas y reforzar las medidas de seguridad.
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En junio de 2026, el servicio cifrado de mensajería Tchap, utilizado por la administración francesa, fue vulnerado mediante suplantación de identidad, dando lugar a una investigación sobre posibles accesos indebidos a conversaciones y datos oficiales. Además, el servicio de inteligencia civil belga notificó un ataque que permitió el acceso no autorizado a datos de contacto y localización de personal a través de la explotación de vulnerabilidades en su sistema de gestión de dispositivos móviles. Y España, por su parte, es, según un informe de Kaspersky, el décimo país que más ciberataques recibe a nivel global. Lejos de ser infalibles, por mucho que existan mecanismos de defensa.
Otra preocupación creciente es la dependencia técnica de las administraciones públicas de proveedores externos. Cuando un organismo público contrata software para gestionar datos o servicios críticos, pasa a depender del proveedor para el mantenimiento, las actualizaciones y el acceso a la información.
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En 2022, el Ministerio de Defensa adjudicó a Palantir una prueba de concepto para sistemas de inteligencia mediante un procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de 256.200 euros. Ese contrato sirvió de puerta de entrada al contrato principal: en 2023, la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa adjudicó a Palantir Technologies Spain S.L. un contrato de 16.540.000 euros sin IVA (unos 20 millones con IVA) para una “solución de fusión y análisis de inteligencia” en el Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
El BOE publicó el contrato el 13 de noviembre de 2023, tras una adjudicación realizada el 10 de octubre de 2023 mediante un procedimiento negociado sin publicidad, con una sola oferta recibida y bajo el criterio de adjudicación de precio al 100%. El contrato está en vigor hasta el próximo mes de noviembre y pendiente de renovación.
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Gotham, el software contratado, permite integrar datos de distintos orígenes, procesar altos volúmenes de información, automatizar tareas, visualizar vínculos y realizar análisis temporal, estadístico y geoespacial. Newtral recogió en octubre de 2023 las dudas de expertos en contratación pública sobre la transparencia y concurrencia del procedimiento; Francisco Blanco, colaborador del Observatorio de Contratación Pública, señaló que la selección no habría seguido un procedimiento ordinario y advirtió sobre la vinculación política con estrategias de inteligencia militar de EEUU. Lorena Jaume-Palasí, experta en ética e inteligencia artificial, indicó que Palantir busca establecerse como infraestructura a largo plazo, lo que implica que la compañía dispondría de un acceso exclusivo y privilegiado al desarrollo, integración y soporte de estos sistemas dentro de la estructura de la Defensa española.
De forma similar, Oracle (que lleva unas cuatro décadas operando en España) ha recibido numerosos contratos —el último, de 11,3 millones de euros, se publicaba en el BOE este 10 de agosto— de la administración pública española mediante procedimientos negociados sin publicidad y sin concurrencia, bajo el argumento de ser el único proveedor posible por razones técnicas o de derechos exclusivos sobre su software. Si solo Oracle o Palantir pueden proporcionar el soporte, las actualizaciones, la integración o el mantenimiento de determinados sistemas o soluciones, se consolida un monopolio técnico en servicios y sistemas críticos.
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El riesgo se intensifica si la empresa adjudicataria está sometida a la jurisdicción de otro país. Mucho se ha hablado del riesgo que podría suponer la fábrica de SAIC Motors, empresa china de vehículos eléctricos, en Ferrol, cuando paralelamente se delega el control de infraestructuras digitales críticas de la administración y de la defensa nacional en compañías estadounidenses con vínculos documentados a sus propios aparatos de inteligencia y al sector militar israelí. Palantir, con la CIA a través de In-Q-Tel; y Oracle con el Ministerio de Defensa israelí y con unidades de inteligencia militar. Su entonces CEO, Safra Catz, declaró públicamente en enero de 2024 que Oracle ayuda “al gobierno, al ejército y a la economía israelí” y que puso a disposición israelí lo que llama “tecnología profundamente aterradora” para apoyar sus operaciones. Ambas compañías disponen de acceso exclusivo para intervenir, mantener y gestionar sistemas críticos de la administración española desde fuera del país.
En Alemania, la Sociedad para los Derechos Civiles (GFF) ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra el uso del software Palantir por parte de las autoridades policiales. El sistema permite crear perfiles detallados de cualquier persona a partir de datos policiales, dispositivos móviles y redes sociales, incluso sin que exista una sospecha concreta. GFF sostiene que esto vulnera derechos fundamentales como la autodeterminación informativa y el secreto de las telecomunicaciones. Además, la organización subraya la opacidad del funcionamiento del software y el riesgo de que datos sensibles queden sujetos a normativas extranjeras.
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Palantir, fundada en 2003 y conocida por su tecnología de análisis de datos y vigilancia masiva, ha sido objeto de controversia desde sus orígenes. Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que “cualquier licitador de contratación pública cuyas actividades hayan sido vinculadas a graves abusos de los derechos humanos —como es el caso de Palantir— debería ser excluido por motivos de ‘falta profesional grave’, tal como lo permite la ley de contratación pública”, según declaró Peter Frankental, director de negocios y derechos humanos de la organización en Reino Unido.
En los últimos años, varios países europeos firmaron contratos con Palantir, en parte por su capacidad tecnológica y su posición dominante en el sector. El Reino Unido, por ejemplo, adjudicó a la compañía la gestión tecnológica del Servicio Nacional de Salud y un contrato de tres años con el Ministerio de Defensa. Francia, Alemania, Dinamarca y España también han recurrido a sus servicios en distintos ámbitos.
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En los últimos meses, sin embargo, la confianza pública en la compañía se ha deteriorado y varios países europeos han iniciado procesos para desvincularse de Palantir y buscar alternativas desarrolladas en Europa. Francia, Alemania y Dinamarca ya han avanzado en esa dirección. En el Reino Unido, el Comité de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento advirtió de que la dependencia de Palantir “representa un inaceptable punto de debilidad” y su presidenta, Dame Chi Onwurah, afirmó que esa dependencia podría “paralizar” sus servicios públicos y su economía.
La asimilación a nivel institucional y gubernamental de herramientas de análisis e integración de datos proporcionadas por actores privados y agentes extranjeros puede acabar produciendo una dependencia difícil de revertir. Llevado al extremo, en un contexto de dependencia del software de una empresa extranjera para el funcionamiento de las bases de datos y sistemas informáticos de las administraciones públicas, bastaría con que la compañía suspendiese unilateralmente el servicio para que todo el aparato estatal quedase paralizado y millones de ciudadanos perdiesen acceso a dichos servicios. De ahí que la tendencia europea sea ahora la inversión en capacidades y soluciones tecnológicas propias, como ChapsVision, una empresa francesa especializada en el desarrollo de software de análisis de datos e inteligencia artificial dirigido a sectores estratégicos como defensa, seguridad y servicios públicos.
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