Alberto Núñez Feijóo decidió el pasado lunes que su campaña del 29‑N pivote sobre un documento solemne: su "Contrato con España", con 15 compromisos firmados "en primera persona" para la "reconstrucción nacional".
La dirección del PP sostiene que esos puntos son "el acta fundacional de una nueva era política". Y, en el fondo, una agenda que ya se ha intentado ya llevar al BOE con 23 proposiciones de ley, mociones y planes frenados por la mayoría de Pedro Sánchez y sus socios.
Por eso, sostienen, el bloqueo del sanchismo en esta "legislatura inútil" es el aval de que el documento con "principios y valores" sobre soberanía, pensiones, inmigración, vivienda, sanidad, educación, seguridad y financiación autonómica se cumplirá si él gobierna.
El mensaje es que ésa es la "hoja de ruta" de reformas que el PP impulsará desde el Gobierno, tras haberlas defendido desde la oposición durante la XV Legislatura.
Esta fórmula tiene antecedentes. Antes de las primeras elecciones autonómicas que ganó Feijóo en Galicia, el 12 de febrero de 2009, firmó ante Monte Pío un "contrato con Galicia" con 14 objetivos que los ciudadanos podrían usar "para pedirle cuentas" al final de la legislatura.
La dirección del PP reivindica hoy aquel ensayo como prueba de que la firma de Feijóo "no es retórica", sino un compromiso "personal" cuyo cumplimiento le dio cuatro mayorías absolutas "crecientes" en su región.
En Génova señalan el contraste con Sánchez, "que llegó prometiendo que nunca gobernaría con Podemos" y que se mantuvo "jurando nunca aprobaría una amnistía", y que "mintió en ambos casos. Sobre ese "recurso al engaño" construyen la idea de un líder "con currículum de credibilidad" basado en la palabra dada y la "rendición de cuentas".
Feijóo enmarcó su firma en "cuatro principios": la verdad, la ley, el esfuerzo y la unidad. Promete que "la palabra de un presidente vuelva a tener valor", y pide que se le juzgue "por los hechos y no por el relato".
Un contrato de 15 puntos
1. Defender la soberanía nacional y la integridad territorial. La seguridad de los españoles está por encima de todo.
2. Recuperar la calidad de nuestra democracia y el respeto a la separación de poderes.
3. Un Estado más ligero y más limpio.
4. Atender eficazmente el primer problema de los españoles: la vivienda.
5. Ordenar la inmigración. España, como cualquier país, tiene derecho a elegir quién entra, cómo y para qué.
6. Garantizar las pensiones actuales y futuras.
7. Que nuestro tren, el AVE, las Cercanías y Rodalíes, vuelva a ser un orgullo nacional.
8. Invertir en infraestructuras hídricas que nos preparen mejor para inundaciones y sequías.
9. Fortalecer la Sanidad Pública: más médicos y con mejores condiciones para tener mejor Sanidad.
10. Elevar el nivel educativo. Una mejor educación, más exigente y con mejores resultados.
11. Más seguridad en las calles.
12. Subir el salario medio de los españoles.
13. Fin al infierno fiscal que asfixia a las familias. Bajar los impuestos.
14. Recuperar el prestigio internacional de España.
15. Una nación de ciudadanos libres e iguales, con los mismos derechos y servicios, vivan donde vivan.
"Contrato con Galicia" en 2009
La escena del pasado lunes en el Espacio Larra de Madrid, con banderas de España y de la UE, tiene el precedente de hace 17 años ante el Monte Pío de Santiago de Compostela y enmarcado en banderas gallegas, Feijóo abría su primera campaña con su firma sobre un documento de 14 compromisos.
Alberto Núñez Feijóo, luce su firma en su “Contrato con Galicia”, firmado en Santiago de Compostela, en la campaña de sus primeras autonómicas, en 2009.
PP
Para empezar, darle la "máxima prioridad" a la lucha contra el paro, mediante el diseño de una "estrategia económica" frente a la crisis, entonces en pleno apogeo.
Aquel documento incluía la "austeridad administrativa" —menos gasto en publicidad, coches y altos cargos—, una "rebaja de impuestos autonómicos", una mejora de la sanidad pública a través de la fijación de tiempos máximos en lista de espera por ley, y la aplicación real de la Ley de Dependencia.
Como ya prometió hace un par de años a nivel nacional —y las CCAA del PP vienen aplicando—, el líder gallego prometió escuelas de 0 a 3 años gratuitas "para facilitar la conciliación".
Y en el plano institucional, reformas para eliminar trabas burocráticas y una "regeneración democrática" contra el clientelismo del que acusaba al bipartito del socialista Emilio Pérez Touriño.
Feijóo lo presentó como un examen a cuatro años y prometió sacar un "sobresaliente", invitando a oposición, medios y ciudadanos a "usar ese contrato" para pedirle cuentas al final de la legislatura.
Revalidó, pero con "notable"
En la dirección del PP sostienen que ese formato contribuyó a consolidar su imagen de político serio y que su evolución electoral —mayorías absolutas en 2009, y cada vez mayores en 2012, 2016 y 2020— refuerza la idea de que "no aplica el rodillo" y es un político "de fiar".
Y es cierto que su gestión fue avalada cada vez por más votantes, pero de aquellos compromisos no todos fueron cumplidos. Al menos, en su literalidad.
Sobre el tamaño del Gobierno, Feijóo prometió fijar por ley un número máximo de consejerías, pero se contentó con decretos que fijaron un máximo de diez departamentos durante sus mandatos en la Xunta.
Tampoco reguló la relación con el jefe de la oposición, en cumplimiento del compromiso a dar un cauce legal a ese vínculo. Hoy, Feijóo no lo ha incluido en su "Contrato con España", pero lleva meses anticipando que cuando sea presidente convertirá en estable una reunión "al menos una vez al año" con el líder de la oposición.
Pero es la gestión de la radiotelevisión pública gallega la que le baja la nota al "notable".
Su contrato gallego incluía la promesa de liberar a la CRTVG del control partidista, y el Gobierno de Feijóo, efectivamente, impulsó en 2011 una ley de medios que acercaba el modelo al estándar europeo: director general con mayoría reforzada, consejos de informativos y estatuto profesional.
Pero esa norma se desarrolló de forma irregular y ha sido rebajada con reformas posteriores, especialmente con la última reforma, ya con Alfonso Rueda en la Xunta.
El PP señala como ejemplo negativo el decreto aprobado el 30 de octubre de 2024, en plena tragedia de la dana de Valencia, que ampliaba el Consejo de RTVE, rebajaba las mayorías necesarias y facilitaba el asalto del ente por la coalición de Gobierno y sus socios.
De las leyes al contrato
La dirección del PP sostiene que los 15 compromisos del "Contrato con España" están respaldados por las Proposiciones de Ley, PNL, mociones y planes registrados en las Cortes durante la legislatura. Son al menos 23 las normas impulsadas por los populares de Feijóo en estos últimos tres años las relacionadas con estas promesas.
La primera, en seguridad y soberanía, es la última iniciativa en el tiempo: la proposición de ley orgánica para reformar la Ley de Extranjería y extender el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla a las entradas irregulares a nado. Se registró en el Congreso el 16 de julio y nunca fue siquiera tomada en consideración.
En la agenda institucional, el PP ha presentado la Proposición de Ley Orgánica 124/000046 para cambiar el sistema de elección del CGPJ y que los 12 vocales judiciales sean elegidos directamente por jueces y magistrados, iniciativa que el Congreso rechazó en septiembre.
También registraron los populares una proposición de ley para obligar al Gobierno a someter a votación cualquier incremento extraordinario del gasto en Defensa, después de denunciar casi 69.000 millones comprometidos sin control parlamentario.
El compromiso de "un Estado más limpio y más ligero" se vincula a una PNL que reclama un inventario de normas obsoletas y un plan nacional de simplificación, con el principio de "una norma nueva, tres derogadas" como límite a la hiperregulación.
En vivienda, la hoja de ruta incluye la proposición de ley de suelo y otra ley de vivienda, impulsadas desde el Senado. Además, la ley antiokupas promovida por el PP para reformar el Código Penal, expulsarlos en 48 horas y permitir cortar suministros en inmuebles okupados, aprobada en la Cámara Alta y bloqueada en la Baja.
La ordenación de la inmigración se apoya, además de en la reforma de Extranjería, en la moción del PP que logró que el Congreso pidiera al Gobierno renunciar a la regularización masiva de inmigrantes y reforzar retornos y expulsiones.
Sobre pensiones, el PP ha registrado una proposición para blindar por ley la revalorización automática con el IPC incluso en años sin Presupuestos. La norma fue impulsada en noviembre de 2025 y ratificada repetidamente la semana pasada.
El compromiso de que "nuestro tren vuelva a ser un orgullo nacional" se concreta en una PNL sobre transporte que reclama recuperar las indemnizaciones de Renfe, en un plan de choque en infraestructuras ferroviarias e incluso en líneas concretas del AVE Madrid-Extremadura, o sobre el tren litoral de la Costa del Sol para la conexión Málaga–Marbella–Estepona.
En agua, el PP ha impulsado varias PNL exigiendo inversiones suficientes en presas, para explicar la falta de obras en la destrozada cuenca del barranco del Poyo tras la dana, y para modificar la Ley de Aguas frente a inundaciones y sequías.
La sanidad se vincula a la moción del Senado que propone un Estatuto del personal médico con más plantillas, mejores condiciones laborales y planificación de recursos humanos.
En educación, la agenda incluye la proposición de ley sobre escolarización en educación especial, para reforzar la libertad de elección de las familias y ampliar la edad de permanencia, y la proposición de ley de Alta Inspección Educativa que busca garantizar el uso del castellano y combatir el adoctrinamiento.
La seguridad en las calles se ha abordado con una proposición de ley orgánica de multirreincidencia del PP y, después, con la ley de multirreincidencia promovida por Junts, en cuya tramitación los populares introdujeron parte de sus enmiendas para endurecer las penas por hurtos y estafas leves repetidos.
Las promesas económicas de subir el salario medio y poner fin al "infierno fiscal" se apoyan en el decálogo de reformas económicas del PP y en el Plan de Choque para el poder adquisitivo, con PNL y mociones que recogen rebajas del IVA a alimentos básicos, reducciones en el IVA de la energía y deflactación del IRPF.
Por último, la igualdad de derechos y servicios "vivas donde vivas" se articula en la Declaración de Zaragoza, firmada por Feijóo y sus barones autonómicos para reclamar una reforma de la financiación basada en la igualdad, la negociación multilateral y un fondo transitorio de nivelación frente al modelo asimétrico pactado por el Gobierno con ERC.
Entre aquel contrato gallego de 2009 y el Contrato con España de 2026, Feijóo apuesta a que la fuerza de su firma y la lista de estas 23 iniciativas convenzan a los electores de que no se trata sólo de un acto solemne en campaña.
Serán la hemeroteca y el BOE los que dicten sentencia, si gobierna tras el 29-N, sobre si la palabra dada se convierte en reformas o se queda en un papel con su nombre escrito a pluma.