El exdirector General de Personal del Gobierno del Estado de México, Jaime Noé Hernández Bocanegra fue detenido el pasado 11 de julio en Guanajuato por presunta venta de ilegal de plazas para docentes en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue arrestado durante la tarde del sábado en el municipio San Diego de la Unión, en la calle principal de la comunidad Presa de Monjas, tras su captura fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía estatal, para posteriormente ser entregado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
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Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el caso, relacionado con una presunta red de corrupción. Se espera que en los próximos días las autoridades informen sobre su situación jurídica.
La investigación sobre la red de plazas docentes apócrifas en el Estado de México ha puesto en el centro de la atención a varios personajes del sector. De acuerdo con los datos más recientes, la Fiscalía estatal ha esclarecido que se encuentran bajo proceso 33 personas, de las cuales 28 han sido detenidas y vinculadas formalmente al caso, según el reporte actualizado hasta el 2 de julio.
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Este delito provocó un daño patrimonial que ronda los 100 millones de pesos, resultado de la detección de 459 movimientos de alta asociados a vacantes magisteriales inexistentes. Las maniobras ocurrieron entre enero de 2025 y febrero de 2026, periodo durante el cual los responsables lograron desviar recursos significativos mediante el uso de identidades y nóminas falsas.
Las indagaciones han revelado que los participantes en de estos actos ilícitos recibían sumas superiores a los cuatro millones de pesos cada quincena, además de pagos adicionales por conceptos como aguinaldo, prima vacacional y distintos bonos. Estas cifras podrían ser revisadas y ajustadas de forma retroactiva desde el año 2021, lo que implicaría un mayor quebranto al erario en caso de confirmarse más movimientos fraudulentos.
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La estructura delictiva no se limitaba a la creación de plazas inexistentes, sino que también diseñó un sistema para maximizar el aprovechamiento de los fondos públicos. En algunos casos, se reportaban ingresos de hasta 200 mil pesos, aunque los beneficiarios directos recibían apenas seis mil pesos, mientras que los altos mandos absorbían la mayor parte del dinero a través de tácticas específicas sobre los montos que podían transferir a cuentas bancarias.
Los servidores públicos de mayor jerarquía no solo se aseguraban varias plazas con sueldos aproximados a 50 mil pesos mensuales, sino que mantenían estas posiciones bajo licencias irregulares. El objetivo era conservarlas como respaldo para obtener jubilaciones anticipadas o utilizarlas si perdían sus cargos de confianza. Este esquema les permitió financiar viajes a destinos internacionales como París, Dubái, Las Vegas, Islas del Caribe, China y Egipto, así como adquirir vehículos, prendas y propiedades de lujo.
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