El Gobierno modificó el proyecto de Inocencia Fiscal y excluyó a los funcionarios públicos de los principales beneficios previstos para quienes ingresen al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La decisión se produjo luego de la controversia generada por la adhesión del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La iniciativa obtuvo dictamen en comisión y ahora deberá avanzar en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado. El objetivo oficial es brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y favorecer la incorporación al sistema financiero de parte de los dólares que permanecen fuera del circuito formal.
Según las estimaciones oficiales, los argentinos mantienen alrededor de USD 170.000 millones fuera del sistema.
Qué cambia para los funcionarios
El nuevo texto establece que los funcionarios públicos podrán optar por presentar la declaración jurada simplificada y pagar el impuesto correspondiente, pero no podrán acceder a los beneficios centrales del régimen.
Entre las ventajas que quedarán excluidas se encuentran la presunción de exactitud de las declaraciones y la protección frente a determinados ajustes fiscales retroactivos. En consecuencia, la adhesión no les permitirá exteriorizar fondos bajo las mismas condiciones que el resto de los contribuyentes.
El cambio fue incorporado después de que la oposición cuestionara que funcionarios pudieran acceder a un régimen pensado para incentivar la formalización de activos.
El tributarista Sebastián Domínguez consideró razonable la modificación y sostuvo que quienes ocupan cargos públicos deben quedar sujetos a mayores controles fiscales. A su entender, el Estado debe conservar la posibilidad de realizar ajustes si detecta inconsistencias o un incremento patrimonial que no pueda ser justificado.
Sin embargo, uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con los funcionarios que ya se incorporaron al régimen bajo la legislación vigente.
¿Qué pasa con quienes ya adhirieron?
Especialistas consultados señalaron que quienes ingresaron antes de la eventual modificación legislativa podrían conservar los beneficios que obtuvieron bajo las reglas anteriores.
Mariano Ghirardotti sostuvo que quienes ya adhirieron cuentan con un derecho adquirido y que la modificación no debería aplicarse de manera retroactiva.
La misma interpretación fue planteada por Marcos Felice, quien consideró que quienes ingresaron al régimen durante su vigencia conservarían las condiciones existentes al momento de su adhesión.
El debate adquiere relevancia porque la Ley de Inocencia Fiscal fue sancionada en diciembre y durante los meses posteriores los contribuyentes tuvieron la posibilidad de incorporarse al esquema.
Un régimen más amplio para los contribuyentes
El proyecto también modifica las condiciones de acceso al Régimen Simplificado de Ganancias.
La normativa vigente establecía límites de ingresos y patrimonio para ingresar: hasta $1.000 millones de ingresos anuales y un patrimonio inferior a $10.000 millones.
Los especialistas cuestionaron esos topes por considerarlos demasiado restrictivos. La nueva iniciativa elimina ambos límites y amplía así el universo de personas que podrían incorporarse.
Además, se establecen parámetros para que ARCA determine cuándo existe una discrepancia relevante en las declaraciones juradas.
El proyecto fija como referencia una variación de al menos el 15% en el impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos. Aun cuando se supere ese porcentaje, no necesariamente se produciría la exclusión del régimen si la diferencia no alcanza el 5% del valor de evasión establecido en la Ley Penal Tributaria.
La apuesta por los dólares fuera del sistema
El Gobierno busca que el nuevo esquema genere incentivos para que parte de los dólares que permanecen fuera del circuito financiero vuelvan a la economía formal.
Sin embargo, los tributaristas advierten que la decisión de utilizar esos fondos dependerá en buena medida de la confianza de los ahorristas y de sus expectativas sobre la economía y el escenario político.
Sebastián Domínguez recordó que durante el actual Gobierno un blanqueo permitió el ingreso de unos USD 20.000 millones, mientras que el proceso impulsado durante la gestión de Mauricio Macri alcanzó unos USD 116.000 millones.
La diferencia, según el especialista, demuestra que la seguridad jurídica y las expectativas sobre el futuro tienen un peso determinante en las decisiones de los ahorristas.
Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, coincidió en que no habrá una aparición inmediata de todos los dólares que permanecen fuera del sistema. Para la especialista, el régimen puede reducir el temor de los contribuyentes a exteriorizar sus activos, aunque el resultado dependerá de la confianza que logre generar.
La discusión ahora se trasladará al Congreso. Mientras el Gobierno busca ampliar el alcance del régimen y promover el ingreso de capitales al circuito formal, la exclusión de los funcionarios intenta despejar uno de los principales cuestionamientos políticos que había generado la iniciativa.