El operador naviero Ternape recibió 66 millones de galones de diésel industrial entre 2020 y 2024, pero facturó cerca de 57, diferencia supera almacenaje.
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19 de julio, 2026 - 06h15
Una diferencia de 9′070.353 galones de diésel industrial es una de las pruebas documentales que se han presentado en el juicio del caso Triple A, que se reanudó este sábado 18 de julio y continúa este domingo 19 en Quito. En este proceso son juzgados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros 21 procesados por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.La acusación sostiene que esa diferencia en los registros de un operador naviero constituye uno de los indicios del presunto desvío de combustibles subsidiados.
El análisis se concentra en Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., un operador del segmento naviero ubicado en el Astillero Esperanza del Mar (Astiesmar), en Jaramijó, Manabí, que abastecía a embarcaciones nacionales e internacionales a través de los centros de distribución Corpalvah S.A. y Corpalvah NI.
Según la acusación, entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2024, Petroecuador EP despachó a Ternape 66′034.174 galones de diésel industrial. En ese mismo periodo, la empresa registró la facturación de 56′963.821 galones, lo que deja una diferencia de 9′070.353 galones.
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Para la Fiscalía y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), esa diferencia constituye uno de los indicios que sustentan la investigación y forma parte de la prueba documental que analiza el Tribunal.
¿Dónde están esos 10 millones de galones?
El director ejecutivo de la ARCH, Christian Puente, ha explicado en varias entrevistas por qué esa diferencia es uno de los aspectos que la entidad considera relevantes dentro del expediente.
“El operador, dentro del segmento naviero, en el periodo investigado —2020 a 2024— recibió de Petroecuador 66 millones de galones, de los cuales facturó únicamente 56 millones. ¿Dónde están esos 10 millones de galones? Son galones que deberán justificar”, señaló.
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Puente sostuvo que, si ese combustible no fue comercializado, tendría que encontrarse almacenado físicamente.
“Si estuvieran almacenados, deberían estar en algún lugar físico en Manabí. Pero la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero tiene registrado un tanque de almacenamiento con capacidad para 250.000 galones“, afirmó.
Aunque el funcionario redondeó la cifra en 10 millones de galones, los datos incorporados por la Fiscalía al expediente reflejan una diferencia de 9′070.353 galones, es decir, un volumen que supera ampliamente la capacidad de almacenamiento registrada por la empresa.
Cuál fue el papel de Ternape
Dentro del proceso, la Fiscalía identifica a Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. como un operador autorizado para abastecer al segmento naviero mediante los centros de distribución Corpalvah S.A. y Corpalvah NI.
La acusación también sostiene que Aquiles Alvarez figura como representante de la compañía y de esos centros de distribución durante parte del periodo investigado.
Los reportes remitidos por Petroecuador e incorporados al expediente muestran que la empresa recibió combustible para el segmento naviero, mientras que los registros tributarios y los informes técnicos de la ARCH fueron utilizados para reconstruir las ventas y el recorrido del diésel.
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Además de la diferencia entre el combustible despachado y el facturado, la Fiscalía incorporó informes técnicos de la ARCH sobre operaciones que considera irregulares.
Según esos documentos, Ternape realizó ventas de diésel a empresas como Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Bienpetrol S.A. y Fuelcorp S.A., pese a que, de acuerdo con la autoridad de control, no contaba con autorización para comercializar combustible con esos sujetos.
Los informes técnicos incorporados al expediente detallan ventas de 957.450 galones de diésel premium a Corpalubri entre 2021 y 2023; 99.839 galones a Bienpetrol en 2023; 53.459 galones a Indudiesel ese mismo año y 101.000 galones a Fuelcorp.
Para la ARCH, esas operaciones representan un presunto incumplimiento de la cadena de comercialización de derivados de hidrocarburos.
El expediente también analiza las ventas registradas por Ternape a Txopituna S.L., identificada en la documentación como una embarcación internacional.
Con base en información del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Fiscalía sostiene que entre 2021 y 2024 la empresa facturó a ese cliente 5′509.213 galones de combustible, equivalentes a 12,63 millones de dólares.
Al contrastar esos registros con la información de Petroecuador, la acusación sostiene que parte de ese combustible no tendría un origen justificado dentro de los despachos registrados para el segmento naviero internacional, aspecto que también forma parte de la prueba documental presentada durante el juicio.
Ternape enfrentó clausura en 2024
Mientras avanzaba la investigación, el 23 de septiembre de 2024, la ARCH dispuso la clausura temporal de Ternape, ubicada en el Astillero Esperanza del Mar, en Jaramijó, por una presunta venta ilegal de combustibles.
La medida administrativa fue ejecutada con apoyo de la Policía Nacional y autoridades locales y se mantiene como uno de los antecedentes de la investigación que llegó a juicio.
La defensa de los procesados ha sostenido durante el juicio que las comercializadoras y operadores investigados actuaban únicamente como intermediarios dentro de la cadena de distribución de combustibles. Sin embargo, la Fiscalía y la ARCH sostienen una posición distinta. Según los contratos suscritos con Petroecuador y la normativa que regula la comercialización de derivados de hidrocarburos, los operadores autorizados tenían obligaciones específicas de custodiar el combustible, garantizar su trazabilidad, verificar el destino del producto y cumplir estrictamente con el segmento para el que fueron autorizados.
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