Buenos Aires, 15 sep (EFE).- Dos consorcios, uno de ellos con participación de capitales brasileños, presentaron este martes ofertas en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la mayor empresa distribuidora de agua del país, con 3,8 millones de usuarios.
Según informó en rueda de prensa el portavoz del Gobierno argentino, Adrián Ravier, se presentaron dos ofertas técnicas: una liderada por la firma Rowing y la otra por el grupo Roggio, ambos de capitales argentinos.
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El consorcio liderado por Rowing está también integrado por la empresa argentina Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y el fondo PHX.
El otro grupo, liderado por Roggio ROAS, está también integrado por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
El proceso busca vender a privados la totalidad de las acciones de Aysa en manos del Estado nacional, cuya participación en la distribuidora asciende al 90 %.
El 10 % restante de las acciones de Aysa pertenecen a los 6.200 trabajadores de la compañía a través de un programa de propiedad participada.
Según Ravier, el nuevo operador deberá realizar inversiones entre 2027 y 2031 de 2.000 millones de dólares.
Aysa presta servicios a 3,8 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios que rodean a la capital argentina, un área de 3.363 kilómetros cuadrados donde viven 15,1 millones de personas.
En 2006, el entonces Gobierno del peronista Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió el contrato de concesión de servicios por treinta años firmado en 1993 con Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez (39,93 %) y participada por la española Aguas de Barcelona (25,01 %).
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Al rescindir el contrato, el Gobierno de Kirchner alegó la mala calidad del servicios prestado en algunas áreas y el incumplimiento por parte de la compañía de las inversiones pautadas en el contrato.
Aguas Argentinas, de la que también eran socios el Banco Galicia, la francesa Vivendi, la Corporación Financiera Internacional y la británica Anglian Water, fue entonces disuelta y se creó la estatal Aysa para hacerse cargo del servicio.
El Gobierno de Milei ha cuestionado que desde 2006 y hasta 2023 Aysa requirió para funcionar fondos del Tesoro por unos 13.400 millones de dólares, pese a lo cual hubo un fuerte deterioro de la infraestructura. EFE