La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca contratar una empresa privada para localizar en Guatemala, México y Honduras a migrantes que fueron deportados o abandonaron voluntariamente ese país y que aún mantienen multas migratorias pendientes de pago.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) publicó una convocatoria federal en la que solicita una compañía registrada en Estados Unidos con capacidad para ubicar a los deudores fuera del territorio estadounidense, notificarles el monto adeudado y gestionar el cobro.
El documento establece que la empresa deberá ofrecer servicios de localización de deudores, como mínimo, en México, Guatemala y Honduras, aunque la medida también forma parte de una estrategia dirigida a ciudadanos de otros países con sanciones migratorias pendientes.
¿Qué hará la empresa contratada?
Según la convocatoria, una vez que la persona sea localizada, la empresa deberá comunicarle el monto de la multa y ofrecer opciones para resolver la deuda.
Entre ellas se incluyen:
- Pago total de la multa.
- Acuerdo para cancelar la deuda en cuotas.
- Otro mecanismo autorizado por las autoridades estadounidenses.
El pago podrá ser realizado por el propio migrante o por un tercero.
Además, la empresa deberá demostrar ante las autoridades que identificó correctamente a la persona. Para ello podrá recopilar pruebas como fotografías de la vivienda, facturas de servicios públicos, registros laborales o, si el migrante falleció, el certificado de defunción.
Más de 66 mil migrantes mantienen multas pendientes
La CBP estima que 66,387 inmigrantes que fueron deportados o salieron voluntariamente de Estados Unidos aún tienen multas civiles sin pagar.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calculó en julio que el monto acumulado de estas sanciones asciende a US$423 millones.
El Gobierno de Trump reactivó el año pasado el cobro de multas civiles por distintas infracciones migratorias, entre ellas incumplir una orden de expulsión.
La sanción diaria por permanecer en Estados Unidos después de una orden definitiva de deportación fue fijada originalmente en US$500 por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) en 1996 y, tras los ajustes por inflación, actualmente alcanza US$998 por día.
EE. UU. busca ampliar la cobranza fuera de sus fronteras
Actualmente, la CBP mantiene contratos con tres empresas privadas encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
Sin embargo, esas compañías operan únicamente desde territorio estadounidense y, según la CBP, hasta julio pasado ninguna había logrado localizar a un deudor que residiera en el extranjero mediante cartas o llamadas telefónicas.
Con esta nueva contratación, el Gobierno estadounidense busca ampliar su capacidad para ubicar directamente a los migrantes en los países donde viven actualmente y gestionar el cobro de las multas migratorias pendientes.
La CBP señaló que, por ahora, no tiene contratada ninguna empresa de cobranza que opere fuera de Estados Unidos, por lo que esta convocatoria busca cubrir esa necesidad.
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