La Fiscalía General de la Nación investiga la liberación de un presunto narcotraficante capturado con 4,5 kilos de pasta de base de cocaína el 31 de enero de 2024 en Cauca, en un procedimiento que habría sido ordenado por el general Federico Mejía y que ahora pone bajo examen la legalidad de la decisión, el uso de recursos militares y la responsabilidad de la cadena de mando.
La indagación también revisa el costo del operativo: la movilización aérea para devolver al detenido al lugar de su captura habría superado los $100.000.000, de acuerdo con cálculos citados en la denuncia. El caso, expuesto por Semana, ocurrió en la vereda El Diamante durante una operación militar en El Plateado.
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Según la publicación, Melciades Guaca Armero fue interceptado por una unidad militar que actuaba contra el narcotráfico. Los soldados hallaron la droga en el equipaje de un hombre que se movilizaba en motocicleta, informaron al ente acusador, le leyeron sus derechos y lo trasladaron en helicóptero a una base en Popayán para su judicialización.
Una vez en esa ciudad, los uniformados recibieron la orden de dejarlo en libertad y retornarlo, junto con la sustancia incautada, al sitio donde había sido detenido. La denuncia recogida por la Fiscalía y reconstruida por el medio atribuye esa instrucción al general Federico Mejía, entonces comandante del Comando Específico del Cauca.
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El Tribunal de Popayán ordenó al Ejército Nacional de Colombia entregar información al medio citado sobre el caso de un presunto traficante de cocaína liberado por orden del general Federico Mejía. La institución militar confirmó que en ese proceso participaron 36 militares, entre ellos tres oficiales: un coronel, un teniente coronel y un mayor.
El órgano de justicia concluyó que el Ejército no justificó la reserva con la que había clasificado la información solicitada por el medio. “No logró (Ejército) acreditar la configuración de un daño presente, probable y específico como lo exigen la norma y la jurisprudencia constitucional; como tampoco demostró que la información era clasificada y reservada, se trata de información pública a la que puede tener acceso el periodista”, señaló el Tribunal Administrativo del Cauca.
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En el expediente figura el general Mejía, actual jefe de Educación y Doctrina del Ejército. Según el texto, el alto mando militar reconoció en documentos firmados por él que ordenó liberar al presunto traficante, capturado por soldados con misión de combatir el narcotráfico en la región del Cauca.
Por este caso y otros, el general afronta indagaciones en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por delitos que el escrito menciona como concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial y abuso de función pública.
La explicación central del caso es una disputa sobre el riesgo que existía en el lugar. El general Federico Mejía comunicó a sus superiores que la orden buscaba evitar una asonada, es decir, una reacción violenta de la comunidad tras la captura.
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Soldados que participaron en el operativo declararon ante la Fiscalía que la situación estaba controlada y que no existía una amenaza inmediata de violencia civil. Conforme a las versiones citadas por el medio, parte de la población ya se había retirado después de dialogar con los uniformados.
En su respuesta a la revista, Mejía negó haber impartido la instrucción: “En ningún momento ordené la liberación de persona alguna, entre otras razones porque no ostentaba la competencia funcional directa sobre el procedimiento”. La publicación, sin embargo, informó que accedió a un documento firmado por el general y dirigido al entonces comandante del Ejército Emilio Cardozo, en el que se reconoce la orden y se describen detalles de la liberación.
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La Fiscalía busca establecer si la amenaza era real, si la reacción militar fue proporcional y quiénes conocieron, avalaron o toleraron la decisión. Entre los altos mandos que, de acuerdo con las investigaciones, estaban enterados de lo ocurrido figuran el general Helder Giraldo, de las Fuerzas Militares, Mauricio Ospina y el propio Cardozo.
El expediente también examina la respuesta disciplinaria, o la ausencia de ella, dentro de la estructura castrense. Los fiscales ya han interrogado a oficiales operativos y superiores para determinar el nivel de responsabilidad de Mejía y de su cadena de mando.
El caso adquirió mayor sensibilidad porque, además de esta investigación, Mejía enfrentaba otra indagación por concierto para delinquir. Al presentar su versión, el general defendió el proceder del Comando Específico del Cauca y sostuvo que se actuó conforme a las responsabilidades operativas tras evaluar los riesgos de la región.
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