Celia Medrano, investigadora y consultora, explicó que, ante la incertidumbre sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha presentado cinco alternativas para quienes podrían perder este beneficio. Medrano advirtió que la mayoría de los beneficiarios no puede acceder a ninguna de estas opciones.
Según lo relatado por Medrano, en la entrevista Diálogo, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos respondió a una carta de un congresista demócrata detallando que existen cinco posibles caminos para quienes pierdan el TPS. Medrano enfatizó que, según la respuesta oficial, “el noventa por ciento de tepesianos desfavorecidos por TPS actualmente no reúnen los requisitos para las cinco alternativas que usted plantea, porque son personas que pesa sobre ellos una decisión administrativa o de un tribunal migratorio de deportación, y eso está suspendido mientras gozan de TPS”.
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Una de las alternativas es la petición familiar para obtener una residencia permanente o green card. Medrano señaló que este mecanismo es “difícil, muy difícil” para la mayoría, ya que requiere haber ingresado a Estados Unidos de manera regular, con visa, condición que no cumplen la mayoría de los tepesianos. Agregó que, si una persona decide regresar a El Salvador bajo la figura de autodeportación, enfrenta una penalidad de diez años sin posibilidad de trámite para reingresar al país.
Otra alternativa es el asilo. Medrano indicó que quienes tenían perfil para solicitarlo probablemente ya lo hicieron durante estos veinticinco años, y que ahora sería muy difícil que alguien bajo TPS pueda acceder a esta vía, aunque podrían existir excepciones si se demuestra un temor fundado por la vida o la integridad en caso de regresar a El Salvador.
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La opción de acceder a un estatus de no inmigrante, como ciertas clasificaciones temporales de estudiante o empleo, también está limitada. Medrano insistió en que el requisito principal es haber entrado con visa y no haber violado la ley migratoria, lo que excluye a la mayoría de los beneficiarios actuales.
La última opción mencionada es la acción diferida, que solo puede evaluarse caso por caso y requiere circunstancias extraordinarias. Medrano explicó que sería necesario demostrar situaciones muy específicas, como ser la única persona que cuida a un hijo con discapacidad en Estados Unidos. Solo en esos casos podría diferirse la orden de deportación.
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El TPS vigente para El Salvador se originó en 2001, tras dos terremotos consecutivos que devastaron el país. Celia Medrano aclaró que este beneficio no se destinó a todos los salvadoreños que migraron tras los sismos, sino únicamente a quienes ya residían en Estados Unidos y pudieran demostrar que no podían regresar por la situación en el país.
Durante los veinticinco años de vigencia, distintos gobiernos salvadoreños han realizado gestiones constantes para lograr sucesivas extensiones del programa. Según Medrano, la última prórroga fue concedida en enero de 2025, poco antes de que finalizara el mandato del expresidente Joe Biden, y extendió la protección hasta el 9 de septiembre de 2026.
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Al abordar el contexto actual, Medrano afirmó que la política migratoria de Estados Unidos está marcada por un endurecimiento, impulsado desde la presidencia de Donald Trump en su segundo mandato. Para ella, lograr una nueva extensión del TPS sería muy difícil, ya que iría en contra de la línea antimigratoria predominante en la administración estadounidense.
En medio de este panorama restrictivo, organizaciones promigrantes han solicitado que, tras los recientes terremotos en Venezuela, también se suspenda la cancelación del TPS para unos 600 mil venezolanos como una muestra de respaldo real. Medrano subrayó que, aunque Estados Unidos envía ayuda humanitaria a ese país, el verdadero apoyo sería permitir que estas personas no tengan que regresar.
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Respecto a la relación bilateral, Medrano destacó que, aunque existe cierta cercanía entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, los temas de seguridad y los vínculos con China siguen siendo prioritarios para Washington. Naomi Fellows, encargada de negocios de la embajada estadounidense en El Salvador, recalcó que el TPS es “temporal” y que, en el caso salvadoreño, ya se ha extendido durante veinticinco años. Por su parte, Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, afirmó en declaraciones de 2020 y 2026 que la única vía para una solución migratoria permanente es el Congreso estadounidense, aunque reconoció la falta de voluntad política para avanzar en ese sentido.
Al analizar el impacto demográfico, Medrano detalló que el segundo periodo del TPS para salvadoreños comenzó con 235 mil beneficiarios y ha descendido a 170 mil. Explicó que esta disminución obedece a que muchas personas han logrado regularizar su situación migratoria por otras vías, otros han perdido el TPS por faltas administrativas y algunos han optado por distintos procesos legales. Además, a lo largo de estos veinticinco años, según Medrano, unos 150 mil hijos de beneficiarios han nacido en Estados Unidos y cuentan con la ciudadanía estadounidense.
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Medrano destacó que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó, por seis votos contra tres en los casos de Haití y Siria, la potestad del Ejecutivo para cancelar el TPS. Señaló que esta resolución deja muy poco margen de acción para los beneficiarios, aunque insistió en la importancia de agotar los procesos judiciales para ganar tiempo o profundizar el debate constitucional.
También mencionó la decisión reciente del tribunal constitucional que negó la potestad presidencial para modificar el derecho a la ciudadanía de niños nacidos en territorio estadounidense, protegido por la decimocuarta enmienda. Explicó que esto garantiza la ciudadanía para todos los nacidos en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
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