Escenario de Vida
He detectado que las principales inquietudes son el sustento técnico y científico, y en especial, la certeza jurídica.
Guatemala tiene ante sí una oportunidad que durante décadas ha sido postergada: contar finalmente con una ley de aguas. No se trata de una legislación más. Me satisface que la iniciativa 6816, promovida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), ya esté en el Congreso de la República. Su discusión es, por ello, de enorme importancia.
La ministra de Ambiente (saliente) en varias entrevistas publicadas, ha explicado que la propuesta busca ordenar la gestión del recurso y que no pretende privatizar el agua, sino garantizarla como un bien común. Ha señalado que el agua destinada al consumo humano de las familias en sus hogares no estaría sujeta a permisos, licencias ni cobros por su utilización, mientras que determinados aprovechamientos productivos y comerciales sí serían regulados. Lo loable es que la ley garantiza la participación de los pueblos indígenas y falta ver cómo. Sin embargo, me asalta la duda de si los condominios que han hecho sus pozos y gastado en ello serán tratados como empresas y se les cobrará licencias también.
Tener agua no significa necesariamente tener acceso a ella. Hay comunidades sin abastecimiento suficiente, fuentes contaminadas y mantos freáticos sometidos a una explotación que requiere mayor orden. A esto se suman el crecimiento urbano, las necesidades de la agricultura y el cambio climático.
La iniciativa pretende proteger fuentes y zonas de recarga hídrica, ordenar los aprovechamientos, mejorar el saneamiento y planificar mejor el almacenamiento y distribución del recurso. También contempla incentivos para conservar bosques estratégicos para la generación y protección del agua, lo que me complace. Pero ¿de dónde saldrán esos fondos y a discreción de quien?
Precisamente por eso quise saber qué falta para que pueda convertirse en una legislación comprendida, aceptada y cumplida por todos. Fue así que consulté al sector privado (Cacif) y a empresarios de algunas gremiales, exportadores y ambientalistas dentro de Asorema.
Todos ellos consideran necesaria una ley de aguas. Plantean fortalecer la institucionalidad, asegurar continuidad técnica y científica, gestionar el agua por cuencas, y establecer controles efectivos sobre la contaminación. Además, piden que haya claridad de cómo quedarán regulados los aprovechamientos de aguas subterráneas, los pozos y las inversiones que ya se han realizado en infraestructura y plantas de tratamiento. ¿Se les debe medir a todos con la misma vara?
La principal inquietud que he detectado es la continuidad de la ley al cambiar de gobierno. Finalmente, que la regulación sea aplicable a todos, no solamente a unos. Por ende, si el agua es un bien de todos, ¿las obligaciones para protegerla no deberían ser también de todos? Digo esto, pues veo que a las municipalidades no se les está pidiendo que cumplan con los reglamentos, aunque tienen responsabilidades fundamentales en abastecimiento y saneamiento. Si existen dudas sobre la forma en que deben quedar reguladas, sería conveniente aclararlo.
Guatemala ha esperado demasiado tiempo por una ley de aguas. No deberíamos desperdiciar esta oportunidad por falta de diálogo. He detectado que las principales inquietudes son el sustento técnico y científico y, en especial, la certeza jurídica. Empresarios manifiestan su deseo de que se revise la normativa técnica para su cumplimiento, que se escuchen sus últimas observaciones que no fueron incluidas y se aclaren dudas. De tal forma que finalmente podamos alcanzar el consenso nacional que permita aprobar una ley que proteja el agua de hoy sin comprometer la de las generaciones que vienen.