En sus discursos de bienvenida a los nuevos agentes del Federal Bureau of Investigation, J. Edgar Hoover solía pronunciar siempre la misma frase: “Esta es la organización más grande que jamás haya ideado una mente humana”, decía sin ocultar su orgullo. Se sentía su artífice y de alguna manera lo era, porque durante los 48 años que dirigió el FBI con mano de hierro, lo convirtió no solo en una fuerza policial de enorme envergadura con oficinas en Estados Unidos y decenas de países, sino también en un instrumento de poder que más de una vez desafió al de los presidentes que se fueron sucediendo durante esos años sin atreverse a removerlo de su puesto, en el que estaba apalancado por la información sensible que manejaba. De hecho, mantuvo el cargo hasta el día de su muerte, ocurrida el 2 de mayo de 1972.
El peso de la figura de Hoover en la historia del FBI es tal que da la impresión de que esa agencia federal nació con él y que antes de su llegada no había nada, lo que es falso. Si bien con otro nombre, existía desde hacía 16 años y había tenido un origen más bien humilde. Se llamaba Bureau of Investigation (BOI) y cuando fue creado, el 26 de julio de 1908, su plantel sumaba apenas a 34 agentes, muy diferentes a esos hombres y mujeres de acción de las películas, que se dedicaban más que nada a la búsqueda y entrecruzamiento de información para resolver los pocos delitos que la ley estadounidense definía como federales a principios del Siglo XX: violaciones de leyes relacionadas con la banca nacional, la bancarrota, la naturalización, la legislación antimonopolio, la servidumbre por deudas y el fraude inmobiliario. Poco después se enfocaron también en la trata de personas, en el marco de la Ley de la Esclavitud Blanca, que tipificaba como delito federal el transporte de mujeres a través de las fronteras estatales con fines inmorales.
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Con sus luces y sus sombras, el nombre de J. Edgar Hoover opaca también al del verdadero creador de la agencia federal, un político de ascendencia francesa, trayectoria controvertida y personalidad algo extravagante llamado Charles Joseph Bonaparte, un hombre que como su apellido denuncia estaba emparentado con Napoleón.
A fines de 1906, cuando el presidente Theodore Roosevelt nombró a su amigo Charles Bonaparte como fiscal general, es decir, jefe del Departamento de Justicia y principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley desde el gobierno federal, el abogado tenía 55 años y venía de cumplir una cuestionada gestión como secretario de Marina. Se lo acusaba de trabajar poco y nada, al punto que rara vez permanecía más de una hora al día en su oficina, y de no estar capacitado para el puesto. Corrían tiempos complicados en el país, con el aumento de los conflictos internos, un preocupante aumento de la delincuencia organizada y casos de corrupción política y empresarial.
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En los ambientes políticos, nadie creía que Bonaparte fuera el hombre indicado para encarar semejante tarea, pero Teddy – como se llamaba familiarmente al presidente – confiaba en él. Se conocían desde 1892, cuando coincidieron en una reunión del partido Republicano en Baltimore y su primer contacto no había sido auspicioso. En la reunión, Roosevelt se jactó de que, gracias a su insistencia, se acababan de imponer pruebas de puntería para los aspirantes a ingresar a la Patrulla Fronteriza para conseguir a los mejores hombres. A su turno, Bonaparte le salió al cruce con ironía: “Debería haber hecho que los hombres se dispararan entre sí y haber dado los puestos a los sobrevivientes”, le contestó e insistió en que lo que hacía falta en las fuerzas policiales eran hombres que supieran investigar y no simples manipuladores de armas para hacer cumplir la ley.
Pasado ese primer encontronazo, los dos hombres se hicieron amigos y Bonaparte cumplió un papel clave como elector del Estado de Maryland para que Roosevelt llegara a la presidencia. Teddy sabía de la fidelidad de ese abogado de Harvard, bajo y fornido, cuya cabellera mostraba unas entradas que anunciaban una futura calvicie y por eso lo había elegido para que lo acompañara en su gestión a pesar de la mala opinión que la prensa tenía de él.
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La mala imagen de Bonaparte no se debía solamente a su opaca gestión como secretario de Marina. Otro motivo eran sus orígenes. Para el democrático espíritu del pueblo estadounidense y sus políticos, provenir de una familia francesa con títulos nobiliarios no era la mejor carta de presentación. Charles era nieto de Jérôme Bonaparte, rey de Westfalia, hermano menor del emperador Napoleón. Su padre, Jérôme (“Bo”) Napoleón Bonaparte, era fruto del primer matrimonio del hermano del emperador con Isabel de Baltimore, una unión que había provocado las iras de Napoleón, que exigió que la pareja se separara como condición para que Jérôme fuera coronado rey de Westfalia.
A la hora de separarse de su marido, Isabel exigió una pensión vitalicia de 60.000 francos anuales – una verdadera fortuna para la época – y se mudó con su hijo a los Estados Unidos. Años después “Bo” se casó con Susan May Williams y tuvo dos hijos: Jerome, que decidió ser soldado, y Charles, que prefirió estudiar Derecho en Harvard. Aunque los miembros de la rama “americana” de los Bonaparte jamás utilizaron sus títulos de nobleza ni se consideraron parte de la dinastía napoleónica, a Charles esos antecedentes le jugaban en contra.
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Era un prejuicio injusto. Nadie parecía tener en cuenta las innegables pruebas de vocación democrática que Charles había dado durante toda su carrera política. En 1885 fue uno de los creadores de la Liga Reformista de Baltimore, un grupo de republicanos progresistas que se hizo del gobierno municipal en las elecciones de 1895 y acabó con décadas de corrupción gubernamental. Fue miembro de la Junta de Comisionados Indios de 1902 a 1904, presidente de la Liga Nacional de Reforma del Servicio Civil en 1904 y fideicomisario de la Universidad Católica de América en Washington.
En las elecciones presidenciales de 1904, Bonaparte fue uno de los ocho candidatos republicanos a elector presidencial. En ese momento, Maryland elegía a los electores individualmente, en un comicio general y, en un resultado inusual, Charles obtuvo la mayor cantidad de votos de todos los candidatos, superando por un estrecho margen a los ocho candidatos demócratas, quienes a su vez superaron por un estrecho margen a los otros siete republicanos. Por lo tanto, Bonaparte fue el único elector republicano de Maryland, lo que le forjó una muy buena imagen dentro del partido de Roosevelt. Esa fue otra de las razones por las que el presidente decidió convocarlo para que se hiciera cargo del Departamento de Justicia, una oficina de gobierno que consideraba estratégica para su gestión.
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Cuando finalmente asumió como fiscal general, Bonaparte no demoró en darse cuenta de que tenía las manos atadas para hacer frente a la creciente ola de delincuencia y corrupción que azotaba al país. El Departamento de Justicia no tenía un equipo de investigadores propio, salvo uno o dos agentes especiales, una fuerza ínfima para enfrentar el desafío. Contaba, en cambio, con algunos peritos con formación contable para revisar las transacciones financieras y algunos especialistas que investigaban temas relacionados con los derechos civiles, pero carecía de hombres capaces de hacer un verdadero trabajo de investigación policial.
Por eso, cuando Bonaparte quería que se investigara algún caso debía pedir “prestados” algunos agentes al Servicio Secreto, lo que generaba más de un inconveniente, porque a la hora de reportar los resultados de su trabajo esos hombres informaban al jefe del Servicio antes que al fiscal general. En su primer informe al Congreso, Bonaparte denunció esa situación: “Debe llamarse la atención del Congreso sobre la anomalía de que el Departamento de Justicia no cuenta con un cuerpo ejecutivo, y más concretamente, con un cuerpo detectivesco permanente bajo su control inmediato”, dijo frente a los legisladores.
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No recibió la respuesta que esperaba. Los legisladores le preguntaron por qué “alquilaba” investigadores del Servicio Secreto para sus pesquisas si no existía ninguna ley que lo autorizara. Al final terminaron acusándolo de excederse en sus funciones y prohibieron el préstamo de agentes del Servicio Secreto no solo al Departamento de Justicia sino a cualquier otra dependencia del poder ejecutivo. Bonaparte respondió entonces que, si el fiscal general “tuviera bajo sus órdenes inmediatas una fuerza pequeña, cuidadosamente seleccionada y experimentada, se podría evitar a veces la necesidad de tener a estos oficiales nombrados repentinamente como adjuntos especiales, posiblemente en cantidades considerables, con mayores probabilidades de economía y una mejor garantía de resultados satisfactorios”. En otras palabras: pedía la creación de un cuerpo de investigadores que trabajara exclusivamente al servicio del Departamento de Justicia. Quería tener fuerzas propias, que solo le respondieran a él.
La jugada de Charles Bonaparte frente al Congreso estadounidense había sido cuidadosamente planeada. Era una idea del segundo del fiscal general, David D. Caldwell, un joven abogado, que había sugerido que los hombres que el Departamento de Justicia tomaba “prestados” del Servicio Secreto y otras agencias, se integraran permanentemente a la oficina del fiscal general y fueran puestos a las órdenes de un investigador jefe nombrado por Bonaparte. El siguiente paso fue que Roosevelt autorizara a Bonaparte a utilizar fondos asignados a los gastos de la fiscalía general para contratar un equipo de investigadores propios. Con ese visto bueno, el 26 de julio de 1908, el fiscal general creó el Bureau Of Investigation (BOI), la agencia que en 1934 pasó a llamarse como hoy se la conoce, Federal Bureau Of Investigation (FBI).
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El primer equipo estuvo integrado por 34 agentes, que quedaron a las órdenes del investigador jefe del Departamento de Justicia, Stanley Finch, que hoy es considerado el primer director del FBI. Nueve de ellos eran antiguos agentes del Servicio Secreto que ya habían trabajado a préstamo para la fiscalía general y los otros 25 fueron rigurosamente seleccionados por Finch y el propio Bonaparte. “Por orden de Bonaparte, Finch reunió a su alrededor a unos 25 hombres: los agentes del FBI originales. Juntos, Finch y el fiscal general revisaron la lista de hombres disponibles para esta labor especial de investigación. Primero, se elaboró un conjunto de criterios que se ajustaban en gran medida a las calificaciones actuales; los hombres, por supuesto, debían estar en buena forma física; debían tener una buena formación académica, preferiblemente graduados universitarios y miembros del colegio de abogados; no debían tener una apariencia inusual, de modo que pudieran pasar desapercibidos entre la multitud; y, de ser posible, debían tener conocimientos de idiomas. En este primer grupo de nombrados se encontraban media docena de los hombres anteriormente despedidos del Servicio Secreto. Estos enseñaban a los demás las técnicas de seguimiento y vigilancia. Uno de ellos, recuerda Finch, era un lingüista procedente del Servicio de Inmigración; algunos provenían del Tesoro y de las divisiones de contabilidad de otros departamentos. Todos eran investigadores criminales competentes de una u otra índole”, cuenta el periodista Don Bloch en un artículo publicado en agosto de 1935 por el Washington Star, donde repasa la historia del FBI en base a los testimonios de sus protagonistas.
Aunque David Finch era nominalmente el director de la nueva agencia federal de investigaciones, fue Charles Bonaparte quien dirigió personalmente el accionar del BOI hasta que dejó el Departamento de Justicia en 1909, coincidentemente con el final del mandato presidencial de Theodore Roosevelt. Muerto en 1921, a los 70 años, el sobrino nieto de Napoleón Bonaparte no llegó a ver como la agencia que había creado se convertía en una impresionante herramienta de poder en manos J. Edgar Hoover.
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En la actualidad, dirigido por Kash Patel, el FBI cuenta con alrededor de 13.700 agentes especiales, dedicados a investigaciones, trabajos de campo y seguridad, y más de 20.000 analistas, lingüistas, perfiladores y personal científico, a los que se suman más de 5.000 empleados administrativos, distribuidos en 56 oficinas regionales. Además, opera mediante 60 oficinas de agregados legales - conocidas como Legats - y 15 suboficinas ubicadas en embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo.