Tomás Pérez-Sauquillo fue presidente Invercaria, la empresa pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía, entre 2005 y 2010. Cuando abandonó el ente, se fue con la sensación del deber cumplido, pero dos años después de su salida, en plena campaña de las elecciones andaluzas de 2012, estalló el escándalo. En marzo de ese año, salieron a la luz las polémicas grabaciones de sonido en las que la entonces presidenta de la empresa de capital riesgo daba instrucciones, presuntamente, a su subordinado para que falseara expedientes de empresas afines al poder que habían recibido dinero público. En los audios, se le escucha decir: "Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización".
Fue el inicio de una macro investigación judicial en los juzgados de Sevilla, que corrió paralela a la de los ERE, sobre la gestión en Invercaria, la empresa fundada hace 21 años por el Gobierno andaluz, presidido en aquella etapa por el socialista Manuel Chaves. Su misión era fomentar el tejido empresarial andaluz a través de inyecciones de dinero público en proyectos novedosos y start up. Sin embargo, el pretendido impulso a los sectores emergentes derivó en el reparto sin control y arbitrario de fondos millonarios a empresarios afines al poder. Este caso guarda similitudes con los ERE, otra macrocausa de corrupción de la etapa del PSOE. En este asunto, la Junta repartía de forma opaca dinero público a empresas en crisis -reales o ficticias- para que hicieran expedientes de regulación de empleo en su plantilla.
Las pesquisas judiciales sobre Invercaria desembocaron en una macrocausa que se desgajó en una veintena de piezas distintas y, en todas ellas, el principal protagonista, ya sea como acusado, condenado en firme o absuelto, es Tomás Pérez-Sauquillo. De hecho, ya se ha sentado catorce veces en el banquillo en la Audiencia de Sevilla por delitos de malversación y prevaricación, de las cuales siete ha resultado absuelto y otras siete, condenado. Las penas que pesan sobre él suman 21 años y medio de cárcel, si bien nunca llegó a pisar la cárcel.
Chaves y Griñán
Mientras el PSOE ha rehabilitado políticamente a los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, y al resto de ex altos cargos, como Magdalena Álvarez, que fueron condenados por los ERE y amparados parcialmente por el Tribunal Constitucional (TC), al ex presidente de Invercaria nadie del PSOE lo reivindica.
"Es que no soy del PSOE ni del PP", indica a EL MUNDO, en conversación telefónica desde su residencia en Madrid. Alega que su fichaje en Invercaria no se debió a sus vínculos con el PSOE que, según afirma, eran inexistentes e incluso, "si me hubieran dicho que había que hacer algo con un militante, me hubiera ido al día siguiente". La conexión vino de su amistad con el entonces consejero de Innovación, Francisco Vallejo, uno de los hombres fuertes de Chaves, que confió en él para que pusiera en marcha la empresa de capital riesgo de la Junta.
Precisamente Vallejo, condenado y amparado por el TC por los ERE, fue sentenciado por la Audiencia de Sevilla el pasado julio a una pena de tres años de cárcel en la pieza de Invercaria sobre Servivation, la empresa malagueña en la que la Junta inyectó de forma ilegal 1,1 millones, a pesar del "salvaje absentismo laboral" que registraba. Idéntica condena recayó sobre Pérez-Sauquillo. La causa sobre Invercaria y sus múltiples derivadas no ha salpicado a otras consejerías, más allá de la de Innovación, ni a lo más alto de la cúpula del Gobierno andaluz, como sí ocurrió con los ERE.
"Yo estoy totalmente en tierra de nadie. Ni el PSOE ni el PP han dicho: 'oye, lo que estáis haciendo con este señor es una barbaridad'", asegura Pérez-Sauquillo, haciendo referencia a su situación procesal de los últimos catorce años, con constantes citaciones en los juzgados, además de las catorce veces que se ha sentado en el banquillo y las que todavía le quedan por delante. En esta macrocausa judicial, el PP ejerce la acusación y pide elevadas penas de prisión para el ex presidente de Invercaria. "El PP se ha equivocado por completo", dice Pérez-Sauquillo.
Con 80 años cumplidos el pasado mayo, el ex presidente de Invercaria ha logrado eludir la cárcel por su delicado estado de salud. Sobre él pesan cuatro condenas firmes del Supremo que suman trece años de prisión. Una de ellas es por el préstamo de 100.000 euros concedido por Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis en 2009, que pretendía impulsar con el dinero público una "línea erótica" de aceitunas de mesa que incluía productos llamados "polvazos picantes", "dulces cuernos", "polvitos" o "lengüetazos". Nada de esto se hizo.
Salario inflado
Otra condena del Supremo de 4 años y medio de cárcel es por subirse el sueldo a 152.000 euros brutos anuales y la tercera -de tres años de prisión- es por el crédito de 1,5 millones a empresarios vinculados al PSOE para un proyecto fallido: Cedes Electria. La cuarta es de dos años de cárcel por el proyecto de Fumapa. Además de la cuatro sentencias firmes, hay otras tres condenas de la Audiencia que son recurribles.
Ante la primera condena firme, en 2023, la Audiencia ordenó su "inmediato ingreso voluntario en prisión, con expreso apercibimiento" de que, si no lo hacía en el plazo máximo de 10 días, se decretaría su "busca y captura". Pero, ante las patologías graves que sufre Pérez-Sauquillo, se aplazó la orden. El forense lo ha explorado ya tres veces, la última el pasado octubre. "Me dijo que no quería verme más porque soy un enfermo crónico que no tiene solución", aclara Pérez-Sauquillo.
Sabe, por lo tanto, que no ingresará en prisión, pero "a mí eso no me basta" porque, pese a las siete sentencias que lo condenan, él mantiene que su gestión al frente de la empresa pública de la Junta fue correcta y jamás se llevó "ni un euro" de dinero público.
Además de las condenas, Pérez-Sauquillo también ha sido absuelto siete veces por la Audiencia de Sevilla. "Mi vida profesional anterior a Invercaria es intachable y creo que por esa razón se me escogió. He empezado muchas veces desde cero por no admitir ninguna irregularidad en mi etapa anterior a la Junta. Pese a ello, ahora estoy más que jubilado y con más años que en Matusalén, pendiente de una historia que me ha hecho polvo y me amarga los últimos años de mi vida".
Sobre las decisiones que tomó en Invercaria, sostiene que jamás permitió ninguna "injerencia" de sus superiores. "El que me conoce sabe que no lo hubiera permitido. Si a mí me hubieran dicho algo en ese sentido, habría tardado dos minutos en irme", añade. Remarca que las siete condenas que pesan sobre él no se deben a que sustrajera o desviara dinero público para otros fines, sino que se deben a que "falta documentación, pero esos análisis existían", afirma.
Sobre la condena por su salario, explica que percibía unos pluses que "cobraba todo el mundo" en la Agencia IDEA, en la que estaba integrada Invercaria. Pérez-Sauquillo entró en Invercaria con un contrato de alta dirección por el que se le asignaba una retribución bruta anual de 108.182 euros. Posteriormente, "sin ningún tipo de autorización o conocimiento de la Agencia IDEA, del consejero de Innovación o de la Consejería de Hacienda", según recoge la sentencia que lo condenó, Pérez-Sauquillo elevó sus retribuciones a un importe bruto de 142.552,44 euros en 2007, otros 152.006,37 euros en 2008 y 140.472,48 euros en 2009.
La Audiencia de Sevilla ha absuelto siete veces al ex presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo. La última vez fue el pasado junio, en la pieza sobre el crédito de 103.000 euros concedido para el desarrollo de unos badenes inteligentes. Que el proyecto fracasara no significa que detrás hubiera una decisión prevaricadora por parte de directivo de la empresa pública de la Junta de Andalucía, dice el fallo de la Sección Cuarta.
También ha quedado exonerado en la causa correspondiente a la mercantil Operador Aéreo Andalus S.A., constituida el 28 de noviembre de 2007, con la finalidad de crear una compañía aérea andaluza para el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecía la región como emisora y receptora de vuelos.
Las otras piezas desgajadas de la macrocausa de Invercaria en las que ha sido absuelto en estos años son las correspondientes al portal de FIVA, la sociedad Bioaveda, Lolita Canalla, Juana Martín y Own&Spa.