Actualizado Martes, 13 octubre 2026 - 11:51
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado las acusaciones de un presunto delito de cohecho en la pieza del 'caso Lezo' en la que la Audiencia Nacional le juzga, junto a otras cuatro personas, por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público.
En la primera jornada del juicio, en el que las partes han planteado las cuestiones previas, González y el resto de acusados, el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid, han negado los hechos por los que están siendo juzgados.
Para todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios de los mismos, así como una multa de 550.000 euros.
En las cuestiones previas, la defensa conjunta del hermano y el cuñado de González ha solicitado "la expulsión de la causa de la representación del Ayuntamiento de Madrid", argumentando que, aunque está personada como acusación particular, "no tiene ningún perjuicio acreditado ni alegado".
Sin embargo, el tribunal ha desestimado la falta de legitimación del Ayuntamiento por las "propias alegaciones" de la institución, que subrayó que "se encuentra integrado en la estructura societaria del Canal de Isabel II, de forma que un eventual perjuicio económico ocasionado a esta repercute necesariamente en los intereses" del consistorio madrileño.
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, "PERJUDICADO"
Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid ha señalado que "ostenta un interés legítimo, concreto y actual en la persecución de los hechos, toda vez que el resultado del procedimiento penal afecta de manera directa la esfera jurídica y patrimonial de la corporación".
La Fiscalía por su parte también se ha opuesto a que se expulse al Ayuntamiento de Madrid de la causa puesto que "es accionista del Canal de Isabel II y, por lo tanto, puede ser perjudicado por los hechos que se van a juzgar".
"Cualquier desviación económica que se produzca en las actividades del Canal de Isabel II, realizada presuntamente en este momento por los acusados, erige al Ayuntamiento en un perjudicado legítimo a efectos penales", ha indicado el Ministerio Público.
Los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal, para lo que convocó un concurso para la ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito del canal, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
Dos años más tarde, la dirección del Canal de Isabel II, ostentada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación", según Anticorrupción.