El Govern y los Comuns han pactado una propuesta de ley para aumentar la vivienda protegida (VPO) en las ciudades. Además de la aceleración de la construcción, dentro del plan de Salvador Illa para levantar 50.000 pisos asequibles, esta nueva medida propone el crecimiento de estas viviendas mediante actuaciones específicas: reconvertir oficinas y locales comerciales, dividir pisos grandes, hacer más altos algunos edificios o construir sobre equipamientos.
La proposición de ley, que Generalitat y Comuns presentarán este lunes en el Parlament, permite hacer estas reconversiones sin necesidad de modificar el siempre complejo planeamiento urbanístico. La norma incluye incrementar hasta un 20% la edificabilidad, levantar nuevas plantas o subdividir inmuebles –siempre que cumplan con algunos requisitos– para crear nuevas viviendas de protección.
Las medidas dependerán de los ayuntamientos, tendrán una vigencia de cuatro años y podrán aplicarse en los municipios considerados como zona de mercado tensionado (los 270 que tienen regulación del alquiler). Según los cálculos del Gobierno y los Comuns, podrían permitir generar entre 15.000 y 20.000 viviendas durante este período.
Además, todos los nuevos inmuebles que se construyan en Catalunya deberán destinarse a residencia habitual y permanente.
Govern y Comuns han presentado conjuntamente la medida en una rueda de prensa en Mollet del Vallès con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. Paneque ha remarcado que la iniciativa es un “ejemplo claro” de la voluntad del Ejecutivo de intensificar los esfuerzos para obtener vivienda de protección oficial en lugares donde “hasta ahora no era posible”.
Albiach ha remarcado que la propuesta de nueva ley es “innovadora” y supone un mensaje hacia el sector privado: “No pueden lavarse las manos ante la salvaje crisis de la vivienda”. En este sentido, la presidenta del grupo de los Comuns ha señalado que “todas las manos son imprescindibles” para hacer crecer el parque de vivienda pública.
La proposición de ley surge del acuerdo entre el Govern y los Comuns para los presupuestos de 2026 y se tramitará por el procedimiento de urgencia extraordinaria, que reduce en una cuarta parte los plazos. La voluntad es que las medidas, de carácter temporal, puedan aplicarse tan pronto como entre en vigor, aunque el PSC y los Comuns necesitarán el apoyo de otros grupos parlamentarios para aprobar la norma. Por el momento, confñian en que ERC les de apoyo.
Una de las principales novedades será permitir convertir en vivienda protegida suelos y edificios destinados actualmente a oficinas. La medida también incluirá hacer vivienda en edificios hoteleros y aparcamientos privados en altura y, en estos casos, al menos la mitad de la superficie construida deberá destinarse a vivienda de protección oficial.
La ley abre la puerta a convertir locales comerciales en planta baja en vivienda protegida, siempre que tengan una superficie mínima de 50 metros cuadrados. En este caso, sin embargo, la medida no podrá aplicarse directamente y requerirá un acuerdo previo del ayuntamiento. De este modo, los municipios podrán decidir dónde permiten estos cambios para evitar que la transformación de locales afecte a los ejes comerciales.
Un 20% más de edificabilidad
Otra de las medidas permitirá aumentar hasta un 20% la edificabilidad para construir vivienda de protección oficial en determinados edificios y terrenos. También se podrán añadir plantas en inmuebles que ya hayan agotado la superficie que pueden construir, pero que todavía tengan margen de altura. Las nuevas plantas, sin embargo, no podrán superar la altura real de los edificios colindantes.
La proposición también permitirá dividir inmuebles para obtener nuevas viviendas protegidas, incluidas las casas unifamiliares, y convertir despachos en vivienda de protección oficial. En caso de subdivisión, las nuevas viviendas que se creen serán protegidas, mientras que, si hay un cambio de uso, toda la superficie transformada deberá tener esa calificación.
El paquete se completa con la posibilidad de construir vivienda protegida en parcelas que actualmente no cumplen las condiciones mínimas de edificación, siempre que las nuevas viviendas cumplan los requisitos de habitabilidad. La propuesta también flexibiliza las cargas urbanísticas para facilitar que las colonias textiles puedan reordenarse y destinarse a vivienda.
Las medidas tendrán carácter voluntario y, para hacer un seguimiento de su éxito, el Govern elaborará un informe cada dos años sobre las viviendas conseguidas con la aplicación de la norma. La estimación inicial es que con la nueva ley puedan llegar a construirse hasta 20.000 nuevas viviendas de protección oficial en cuatro años.
La ley también establecerá que las nuevas viviendas construidas a partir de licencias solicitadas después de su entrada en vigor deberán destinarse a residencia habitual y permanente, ya sea para uso propio o familiar o mediante un contrato de alquiler de larga duración.