La sentencia del juicio Epic vs. Google entró en vigor el 22 de julio de 2026. Google empezó a alojar tiendas de apps de terceros en el Play Store, con acceso al catálogo completo de aplicaciones. Pero según el juez James Donato del Tribunal de Distrito de California Norte, Google lo hizo de la manera más difícil posible para los usuarios. El 13 de agosto de 2026 Donato emitió una nueva orden dirigida directamente a esa fricción. Lo cubre Engadget y TheNextWeb.
La empresa que durante años argumentó que abrir Android a tiendas alternativas «dañaría la seguridad de los usuarios» está ahora bajo supervisión judicial por hacer eso mismo… pero de otra forma.
Qué encontró el juez que no funcionaba
La inyección permanente de octubre de 2024 obligó a Google a hacer tres cosas: alojar tiendas de apps alternativas dentro de Play, darles acceso al catálogo completo de aplicaciones y no crear fricción artificial que disuadiera a los usuarios de usarlas. Los primeros dos puntos se cumplieron formalmente el 22 de julio. El tercero es el que el juez Donato considera incumplido.
Las quejas de Epic — y la evidencia que presentaron ante el tribunal — apuntaban a varios patrones concretos: advertencias de seguridad desproporcionadas cuando los usuarios intentaban instalar tiendas de terceros, flujos de instalación con más pasos que la instalación estándar de una app de Play, y una visibilidad dentro del Play Store que Epic describió como deliberadamente baja. La distinción técnica que el tribunal estableció en su nueva orden es directa: la inyección no obliga a Google a ayudar activamente a las tiendas competidoras, pero sí le prohíbe activamente disuadir a los usuarios de instalarlas.
La nueva orden de Donato exige que los flujos de instalación de tiendas alternativas sean comparables en número de pasos y claridad con los flujos de instalación de cualquier otra app en Play. También requiere que las advertencias de seguridad que se muestren sean proporcionales al riesgo real de la tienda específica — no advertencias genéricas diseñadas para asustar.
El contexto de por qué importa esto ahora
El caso Epic vs. Google comenzó en agosto de 2020 cuando Epic introdujo un sistema de pago directo en Fortnite para evitar la comisión del 30% de Google. Fortnite regresó al Play Store en marzo de 2026 después de seis años de ausencia, marcando el cierre simbólico de la fase más pública del litigio. Pero el trabajo regulatorio real — asegurar que la inyección se cumple de forma efectiva — es donde el juez Donato ha estado desde entonces.
La historia del caso tiene una ironía significativa. Google pasó años argumentando ante los tribunales que obligarles a abrir Play a tiendas alternativas crearía riesgos de seguridad insuperables para los usuarios de Android. El Noveno Circuito rechazó esos argumentos en julio de 2025. El Tribunal Supremo declinó intervenir. Pero la estrategia defensiva de Google ante el tribunal se convirtió en exactamente el patrón que ahora Donato señala: usar el argumento de seguridad como vector de fricción.
Google abrió formalmente el Play Catalog Access Program en julio de 2026, el mecanismo que permite a tiendas alternativas acceder al catálogo y distribuir las mismas apps que Play. Técnicamente, la infraestructura existe. El problema — según Epic y ahora Donato — es la experiencia de usuario que Google construyó alrededor de esa infraestructura.
El caso paralelo de Venmo ilustra por qué la apertura de Play tiene efectos secundarios relevantes. Google abrió los sistemas de pago de Play a Venmo la semana pasada, el primer acuerdo con una billetera digital de primer nivel en EEUU, directamente habilitado por las mismas resoluciones judiciales del caso Epic. La apertura de los sistemas de distribución y de pago son dos caras de la misma sentencia.
La diferencia con el caso de Apple
Las resoluciones de Donato contra Google son cualitativamente más agresivas que las que produjo el caso Epic vs. Apple. El jurado de San Francisco encontró a Google culpable de monopolización en los once cargos que planteó Epic. En el caso de Apple, el juez González Rogers rechazó los cargos de monopolización y solo ordenó que Apple permitiera los enlaces externos de pago. Eso explica por qué Google está bajo supervisión activa de cumplimiento y Apple sigue litigando en el Supremo — con un resultado diferente del mismo litigio original.
La diferencia práctica: la inyección contra Google especifica con detalle qué debe hacer y qué no puede hacer. La resolución contra Apple fue más estrecha en su alcance, lo que da a Apple más margen de maniobra en cómo implementa el cumplimiento — lo que produjo la propuesta del 15% de comisión sobre pagos externos que también anunció hoy.
Mi valoración
Lo que más me convence de la posición del juez Donato es la precisión técnica de la nueva orden. No está diciendo que Google tiene que ayudar a sus competidores a tener éxito — eso sería irrazonable. Está diciendo que Google no puede poner activamente obstáculos adicionales a los que ya existen en la competición por distribución de apps. Esa distinción entre «ayudar» y «no obstaculizar» es tanto el estándar correcto como el más difícil de escaquear.
Lo que más me preocupa es el horizonte temporal. La inyección de Donato tiene fecha de expiración: noviembre de 2027. Si Google gestiona la fricción de forma suficientemente sutil para que no se pueda documentar claramente como incumplimiento, la inyección expira y la presión desaparece antes de que los cambios de comportamiento del mercado sean significativos.
La pregunta a 12 meses es si alguna tienda de apps alternativa — Epic Games Store, Amazon Appstore, F-Droid — logra traction real en Android en EEUU, o si el efecto de red de Play es tan dominante que la apertura regulatoria no produce competencia real.