Madrid, 26 jul (EFE).- El juicio por el caso Kitchen que se está celebrando desde el pasado 6 de abril en la Audiencia Nacional quedará la próxima semana visto para sentencia una vez que acaben de exponer las defensas sus informes finales y después de que los ocho acusados decidan hacer uso o no a su derecho a la última palabra.
Este lunes será ya el turno de las cuatro defensas que quedan por informar y la primera que lo hará será la del excomisario José Villarejo, que ya ha adelantado al tribunal su intención de exponer parte de su informe final, dada su condición de abogado, junto a su letrado, Antonio José García Cabrera, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
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Las otras tres defensas que quedan por informar son las del exchófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente en esta operación; la del comisario Andrés Gómez Gordo, que fue asesor en materia de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, y la del comisario José Luis Olivera, al que solo acusan la Abogacía del Estado y las acusaciones populares de PSOE y Podemos.
El juicio está señalado esta próxima semana hasta el jueves, si bien todo apunta a que podría quedar visto para sentencia antes de ese día, según las fuentes consultadas.
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Las defensas comenzaron esta semana a hacer sus alegaciones finales, siendo las primeras las del exministro del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera su número dos Francisco Martínez.
Los dos negaron haber ordenado la puesta en marcha del operativo de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, aunque Fernández Díaz acusó a Martínez de haber manipulado los mensajes de texto que le implican en el operativo y que este presentó en el juzgado tras haberlos protocolizado ante notario, y a los que su defensa no hizo alusión alguna en su informe final.
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Así, mientras Fernández Díaz se ha desentendido por completo de la operación Kitchen, además de recalcar su defensa el nulo interés del exministro por la documentación presuntamente comprometedora que pudiera tener Bárcenas, su exsecretario de Seguridad ha defendido la licitud del operativo policial con fines "de inteligencia" que se puso en marcha en torno al extesorero para averiguar si tenía más cuentas y quiénes eran sus testaferros tras aflorar su fortuna oculta en Suiza.
"El ministerio del Interior no tuvo que ordenarla. Si la idea era robarle documentación a Bárcenas se me ocurren muchas otras maneras sin necesidad de implicar a la Policía", planteó su abogado Pedro Colina, quien defendió que lo que hubiese sido delictivo hubiera sido no investigar al extesorero y a su entorno o que su cliente hubiese ordenado parar esta operación "de inteligencia".
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A esta tesis se han abonado gran parte de los acusados, como el ex director adjunto operativo Eugenio Pino, cuya defensa indicó en su informe final que su patrocinado estaba legitimado para permitir esa "operación de inteligencia" con la que se pretendía controlar los movimientos de dinero que pudiese hacer Bárcenas y que si hubo un desvío en los objetivos por parte de Villarejo y el comisario Enrique García Castaño no se podía juzgar a todos por los hechos de otros. EFE