El ministro Rodrigo Lara destacó el trabajo del Gobierno para lograr consensos en el Congreso de la República - crédito @Rodrigo_Lara_/X
El miércoles 23 de septiembre, las comisiones Económicas Conjuntas del Congreso aprobaron el Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, que pasará ahora a discusión en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.
Por este motivo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó en su cuenta oficial de X y destacó la gestión del Gobierno nacional para lograr la aprobación.
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El jefe de la cartera del Interior aseguró que no se trata de un discurso, sino la capacidad de contener el gasto, destacando el trabajo del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
“Hoy las comisiones económicas conjuntas aprobaron el Presupuesto. No es un discurso. Es capacidad de contener el gasto, por eso el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó un presupuesto de la verdad”, indicó.
Rodrigo Lara aseguró que el Congreso de la República no infló el presupuesto y tampoco “abrió un hueco adicional”. Por esa razón, señaló que el Gobierno nacional no es “rehén” de la mermelada ni tampoco realiza negociaciones a escondidas.
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“El Congreso no lo infló. No se abrió un hueco adicional. Este Gobierno no es rehén de la mermelada ni negocia partidas ocultas a escondidas”, afirmó.
El ministro del Interior insistió en que hay coalición entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el Congreso, Además, precisó que hay “disciplina de bancada”, razón por la cual señaló que eso genera confianza para los mercados y para el país.
“Hay coalición. Hay disciplina de bancada. Eso es gobernabilidad y capacidad de hacer. Eso es confianza para los mercados y para el país”, afirmó.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, culminó su mensaje diciendo que se dio inicio al recorte de “la grasa, la politiquería y la corrupción”.
Las comisiones económicas conjuntas aprobaron, en primer debate, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, calculado en $634,9 billones. La propuesta del Gobierno pasará a las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, que volverán a revisar la distribución de los recursos y podrán introducir modificaciones.
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Durante la sesión, los legisladores aprobaron ajustes en varias partidas. Uno de ellos reduce en $170.000 millones los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La mayor parte de esos fondos irá al fortalecimiento de la justicia ordinaria.
También fueron avaladas adiciones cercanas a $500.000 millones para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Otros organismos que recibirían recursos adicionales son la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El trámite estuvo acompañado por objeciones de congresistas del Pacto Histórico y de otras bancadas de izquierda. Los reparos se centraron en la distribución de las partidas y en las medidas contempladas en el proyecto.
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El Pacto Histórico presentó una ponencia alternativa por $598,6 billones. El senador Wilson Arias cuestionó la composición de los ingresos proyectados y comparó el aforo de 2026 con el previsto para 2027. Según expuso, los ingresos corrientes bajarían de $337 billones a $315 billones, mientras que los recursos de capital subirían de $184 billones a $287 billones.
Arias añadió que la deuda pasaría de $100 billones en 2026 a $155 billones en 2027. El presupuesto total, por su parte, aumentaría de $550 billones a $634,9 billones. También citó reducciones en nómina, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y pensiones.
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El representante Santiago Osorio Marín alertó sobre el escenario fiscal. Con cifras atribuidas al Ministerio de Hacienda, indicó que el déficit primario de 2027 estaría entre 4,5% y 4,9% del producto interno bruto. Al incluir los intereses de la deuda, calculó un déficit total de 9,4% y una deuda neta equivalente al 66,2% del PIB.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el proyecto. Afirmó que el Gobierno había previsto aplicar un plan de austeridad, pero que el terremoto del 10 de agosto obligó a redefinir las prioridades económicas para atender la emergencia.
“Veníamos con la idea de un plan de austeridad porque esa es la estrategia responsable, es allí donde se pueden abrir espacios para que el país vuelva a crecer y a prosperar. Pero obviamente no contábamos con el terremoto y sin lugar a dudas cambió en unos instantes la realidad económica que teníamos que enfrentar”, señaló.
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