La decisión del gobierno de Estados Unidos de gravar con un arancel de 12,5% a una serie de productos chilenos -entre ellos salmones, vinos embotellados y diversos tipos de frutas- ciertamente ha caído como un balde de agua fría, al tratarse de una medida no solo profundamente desconcertante -había razonables expectativas en las autoridades nacionales de que Washington no aplicaría un gravamen tan alto, entre otras razones por las recientes señales de acercamiento y distensión que se venían dando entre la administración Trump y el gobierno del Presidente Kast-, sino además profundamente dañina para nuestras exportaciones, pues es evidente que los envíos nacionales perderán competitividad frente a otros países que fueron objeto de una tasa arancelaria menor o que lograron eximirse. Lo cierto es que este paso representa un cambio de escenario para Chile, ante lo que cabe replantearse las estrategias y asumir esta nueva realidad.
Conviene tener presente que la decisión adoptada por la Casa Blanca no se trata de un castigo específicamente hacia Chile, sino que se inserta dentro de una política general que ha implementado el Presidente Donald Trump, utilizando los aranceles como herramienta proteccionista o para presionar en favor de sus intereses, afectando de uno u otro modo a la mayor parte de sus socios comerciales. En esta oportunidad la administración Trump impuso tarifas adicionales a un grupo de 60 economías –invocando la sección 301 de la Ley de Comercio-, bajo el pretexto de no haber adoptado prohibiciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado. A Chile y otro conjunto de países se les impuso el 12,5%, en tanto que al resto se le aplicó un 10% -entre los cuales se cuentan Argentina y Ecuador-, porque habrían logrado demostrar avances concretos para desalentar este flagelo.
Parece evidente que Chile incurrió esta vez en un exceso de confianza, creyendo que la solidez del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos -donde en los más de 20 años de vigencia el trabajo forzado nunca se levantó como un tema de controversia- y la mayor afinidad ideológica con el gobierno de Trump bastarían para esquivar o atenuar las sanciones comerciales. A partir de este episodio ha quedado más claro que el expediente de los aranceles es ahora una política formal del gobierno de Estados Unidos, que aplica según un molde predefinido, lo que inevitablemente obliga a reforzar las capacidades negociadoras y pensar en nuevas estrategias sobre la base de la lógica que ha establecido el Presidente Trump, cual es que ante todo los países defienden intereses, más que afinidades, y eso de suyo obliga a que nuestra política exterior deba estar mucho más activa y pendiente de los escenarios que a cada momento se van abriendo.
No es claro que esta política de Washington se vaya a extinguir una vez que Trump deje el poder en 2029. Hay una alta probabilidad de que algún tipo de política arancelaria sobreviva posteriormente -incluso si llegaran los demócratas al poder-, entre otras razones porque cada mes el gobierno recibe del orden de US$ 18 mil millones o más por recaudación arancelaria, y porque seguramente la guerra comercial con China justificará mantener en pie medidas de esta naturaleza -de hecho, la administración Biden mantuvo en lo grueso las sanciones arancelarias que el primer gobierno de Trump aplicó a Beijing-, lo que hace necesario que nuestra diplomacia también se proyecte a más largo plazo, considerando esta nueva realidad.
En lo inmediato, el gobierno debe mostrar orden en la etapa que se avecina, evitando dar señales equívocas o pasos en falso. Desde luego, no fue acertado que luego de la aplicación de aranceles se careciera de una voz oficial en La Moneda para fijar una postura, consintiendo que distintos ministros expresaran su particular parecer sobre dicha medida -algunos de ellos con visiones muy críticas-, lo que dio una sensación de desorden y falta de dirección. Más allá de que la advertencia que hizo el embajador de Estados Unidos a los ministros, en orden a que evitaran comentarios porque ello podría afectar las negociaciones en curso resulta completamente fuera de lugar, constituye una inexplicable falla que se haya descuidado la dimensión comunicacional, donde por de pronto cabe una responsabilidad al ministro del Interior, que al ostentar también la calidad de vocero debió ser más proactivo y canalizar rápidamente el tema hacia las instancias especializadas.
Es bienvenido que la voz oficial finalmente la haya tomado la Cancillería -como debió ser desde el inicio-, a la que sin duda le espera una difícil tarea. Está previsto que en agosto visite el país el vicepresidente del Departamento de Comercio, lo que deja abierto un margen para que se pueda alcanzar algún tipo de entendimiento que atenúe las sanciones. La negociación, en todo caso, será especialmente compleja, ya que en primer término Chile debe seguir defendiendo que cualquier tipo de controversia se resuelva dentro de la institucionalidad que ha establecido el TLC; prescindir de este instrumento y negociar al margen de su núcleo central solo lo debilitaría, ante lo que cabe esperar que Washington también lo entienda así.
Para algunos podría resultar tentador mirar la experiencia de Argentina y Ecuador, que a pesar de no tener TLC con Estados Unidos lograron zafar de la sobretasa más alta gracias a negociaciones directas con la Casa Blanca, sin que hasta aquí se conozcan los términos de lo que acordaron. Nuestro país por cierto que debe tener márgenes de flexibilidad a la hora de negociar -hay temas que posiblemente estarán sobre la mesa y que han sido objeto de interés por parte del gobierno norteamericano, como el “screening” de inversiones, o un mejor resguardo de la propiedad intelectual, áreas donde sin duda Chile tienen espacios de mejora o reformas por introducir-, pero siempre dentro de las reglas que ya fueron acordadas. Este punto no solo es clave para relevar la importancia que nuestro país da al TLC con Estados Unidos -probablemente uno de los mayores hitos en nuestra historia económica-, sino porque atendida la nutrida red de acuerdos comerciales que hemos suscrito a lo largo de décadas -y que han sido la base de nuestra política exterior- sentaría un precedente muy complejo que el país acuerde ventajas que no ha concedido al resto de sus socios comerciales.