La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del gobierno de José Antonio Kast, paquete de más de 30 iniciativas legales y una reforma constitucional que busca entre otras medidas desplegar a las Fuerzas Armadas e intervenir 50 barrios críticos, no solo ha causado el rechazo de la oposición sino también de sectores del oficialismo, desde donde varios parlamentarios ya anunciaron que no están disponibles para respaldarla así como se perfila.
Aunque desde el Gobierno han recalcado que la propuesta solo busca cambios específicos en la Constitución a fin de darle soporte legal a la ACOT, medidas como la normalización de las FF.AA en labores de orden público mediante un nuevo Estado de Excepción, la facultad de intervenir telecomunicaciones en los barrios intervenidos y la restricción de derechos sociales básicos para condenados por terrorismo, narcotráfico o crimen organizado, encendieron las alarmas en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).
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Este domingo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que aunque respaldan el fondo de la propuesta, aún no conocen el texto que finalmente será ingresado al Congreso, y “lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar. La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final la debilitan (…) En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.
“El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional (…) Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones?”, agregó el timonel gremialista en conversación con La Tercera.
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De la misma opinión fue el vicepresidente de la UDI, diputado Eduardo Cretton, quien recalcó que “lo que ha planteado el presidente del partido es que hay legítimas dudas respecto del borrador de reforma constitucional que se ha conocido, sobre todo en temas de discriminación arbitraria. Esas dudas no surgen de un capricho, surgen del compromiso que ha tenido la UDI con la Constitución vigente y con la institucionalidad. A mí no cabe ninguna duda que el ministro Arrau va recoger esas inquietudes y vamos construir una buena reforma”.
Desde el mismo partido, pero caminando por la otra vereda, el senador Iván Moreira sostuvo que “no generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma y de las leyes que se implementarán en Chile con respecto a la seguridad. Conozcamos este famoso borrador cuando se envíe exactamente el proyecto definitivo. Con diálogo, con conversaciones, con acuerdos, las cosas se pueden revisar, mejorar, implementar y modificar”.
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Declaraciones que fueron refrendadas por la diputada Constanza Hube, quien manifestó que su partido “apoya y apoyará con fuerza la Agenda de Seguridad del Gobierno. Eso no está en discusión (…) Entiendo que genera ruido y especulación un proyecto que probablemente termine diciendo algo distinto al borrador inicial, pero prefiero no detenerme en ese punto. Lo importante es la reforma constitucional en sí. No se trata de estar en contra per se”.
Desde Renovación Nacional, en tanto, la diputada Ximena Ossandón subrayó la importancia de apegarse a la institucionalidad.
“Nosotros tenemos toda la facultad de, a través de las leyes, ir cambiando nuestra Constitución. El tema es: ¿qué es lo de la Constitución que tú crees que quieres cambiar? ¿Es porque no estás de acuerdo con las resoluciones que toma al final el Tribunal Constitucional? A mí me parece que eso sería un poco delicado, porque en el fondo uno tiene que respetar las instituciones”, argumento a BioBíoChile.
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Así las cosas, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tiene ahora la misión de “ordenar” a los parlamentarios oficialistas, pues una reforma constitucional requiere un quórum de cuatro séptimos, es decir, 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 en el Senado.