El Consejo del Poder Judicial (CPJ) puso a disposición los informes de gestión de las áreas administrativas y dependencias del Poder Judicial, documentos que reúnen las acciones desarrolladas entre 2019 y 2026 y que servirán de referencia para la nueva gestión de esa institución en República Dominicana. El material detalla avances y tareas pendientes vinculados con los ejes de Cero Mora, Transparencia y Acceso a la Justicia.
La publicación incluye informes de distintas dependencias, entre ellas la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia y la Coordinación General de Comunicaciones y Asuntos Públicos. Los documentos exponen indicadores, procesos de digitalización, cambios organizativos y compromisos para el período de transición.
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El informe de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia indicó que el inventario de expedientes en archivo activo pasó de 9.170 a 616 casos, una reducción de 93,28% durante el período evaluado.
El documento consignó, además, que el tiempo promedio de tramitación se ubicó en 27 días, frente a períodos que antes podían extenderse hasta dos años. La dependencia también registró un índice de capacidad de respuesta de 105%, con una cantidad de expedientes tramitados superior a los ingresados.
El informe atribuyó esos resultados a la reorganización de procedimientos, la digitalización de los registros y la creación de mecanismos para monitorear el curso de los casos desde su recepción hasta la emisión de decisiones.
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Entre septiembre de 2019 y enero de 2020, la Secretaría General trasladó 5.548 expedientes desde el antiguo Sistema de Gestión hacia la plataforma Statera 360. La medida abarcó expedientes de la Primera Sala, la Tercera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
El informe señaló que cerca del 70% de las actuaciones se completaba entonces de forma manual. La migración permitió reducir campos de captura, generar reportes de trámite y extender el uso del sistema a todas las salas.
En octubre de 2019, el área habilitó Office 365 como herramienta de trabajo colaborativo y almacenamiento institucional. A partir de ese proceso, se realizó un inventario digital de 6.588 expedientes del archivo activo, con datos sobre su estado procesal y posibles necesidades de documentación.
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La Secretaría General incorporó herramientas como la firma electrónica, el Back Office, una plataforma para depósitos virtuales y el Sistema Digital de Gestión de Casos.
La firma electrónica se implementó en abril de 2020 mediante una resolución del Consejo del Poder Judicial. El sistema permitió remitir decisiones y otros documentos entre secretarías por medios digitales, con menor necesidad de movilizar expedientes físicos.
El Sistema Digital de Gestión de Casos comenzó a operar en 2020 para la recepción y seguimiento de recursos, solicitudes y depósitos documentales. En abril de 2022 se habilitó para recursos de casación en materia civil y, en diciembre de ese año, para el procedimiento penal. Desde abril de 2024, su uso se extendió a las materias laboral, inmobiliaria, contencioso-administrativa y contencioso-tributaria.
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Según el documento, la plataforma incorporó un módulo que permite consultar en tiempo real el estado de recursos y solicitudes. También integró mecanismos para identificar expedientes asociados a un mismo Número Único de Caso.
En 2024, la institución habilitó la plataforma Acceso Digital, que permite presentar recursos, solicitudes y documentos sin acudir a los centros de servicio presencial.
La Secretaría General informó que esa herramienta contribuyó a reducir las visitas presenciales en 62,66% al comparar enero de 2025, cuando se registraron 6.193 usuarios presenciales, con julio de 2026, cuando fueron 2.313.
El documento agregó que los trámites efectuados mediante el portal representan actualmente 75% del total de las gestiones de esa dependencia.
La Coordinación General de Comunicaciones y Asuntos Públicos indicó que, entre 2019 y 2026, impulsó una estructura de comunicación estratégica, la Política de Comunicación del Poder Judicial y acciones de relacionamiento con instituciones públicas, organizaciones internacionales, academia, sociedad civil y medios.
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Entre los asuntos pendientes, el informe menciona la organización del Día del Poder Judicial de 2027, la ceremonia de premiación del Concurso de Comunicación Judicial prevista para el 12 de noviembre de 2026 y la continuidad de la Política de Participación Social.