Nunca se había propuesto tanto para Codelco. Vender activos. Cambiar el directorio. Incorporar privados. Reformar su gobierno corporativo. Cada propuesta apunta a un instrumento; ninguna a la pregunta central: ¿qué espera realmente el Estado de las empresas que posee?
En 2025, por primera vez, Codelco dejó de ser el mayor productor de cobre de mina del mundo. No fue por falta de inversión: en los últimos 15 años destinó cerca de US$65.000 millones, el mayor ciclo de su historia. Y aun así, con un precio del cobre 30% más alto, entre 2022 y 2025 aportó al Fisco 43% menos que en el cuatrienio anterior y su deuda creció en US$8.734 millones.
Las exigencias son muchas y, a menudo, incompatibles. Queremos que entregue más recursos al Estado, que recupere producción, que reduzca su deuda y que, al mismo tiempo, asuma menos riesgos. Gobernar una empresa pública no consiste en exigir que todo se cumpla a la vez, sino en definir con claridad qué objetivo debe perseguir y establecer el marco institucional necesario para que pueda cumplirlo.
Pero el problema no es solo Codelco. Seguimos discutiendo empresa por empresa lo que deberíamos discutir como propietarios. No todas las empresas públicas existen por la misma razón. Algunas buscan generar rentas para el Fisco; otras prestan servicios esenciales; otras cumplen funciones estratégicas o corrigen fallas de mercado. Y otras… no sabría decir. Si sus propósitos son distintos, también deberían serlo los criterios con que las evaluamos.
Eso exige abandonar una inercia frecuente: asumir que la propiedad estatal se justifica por sí sola. Muchas de nuestras empresas públicas nacieron para resolver problemas de otra época y pocas han vuelto a ser evaluadas seriamente desde entonces. En un Estado moderno, la propiedad no es un fin en sí mismo; es un instrumento para alcanzar un objetivo público. Y, como todo instrumento, debe justificarse, evaluarse y revisarse periódicamente. La continuidad, por sí sola, nunca debería ser el argumento.
Toda política pública se evalúa. La propiedad del Estado también debería hacerlo. Ese ejercicio obliga a preguntas incómodas. Si Chile construyera hoy su patrimonio empresarial desde cero, probablemente volvería a crear Codelco. También BancoEstado y Metro. De las 28 empresas públicas que analizamos en el Centro de Estudios Públicos en un reciente informe, solo una no logra justificarse bajo ninguno de esos criterios: Casa de Moneda. Pero la lista de las que exigen escrutinio es más larga: siete operan en mercados competitivos; Cotrisa (Comercializadora de Trigo) y Enami (Empresa Nacional de Minería) reciben aportes recurrentes sin mostrar una contribución relevante; Zofri (Zona Franca de Iquique) administra una concesión que vence en 2030 bajo condiciones económicas que ya cambiaron. El punto es otro: ninguna empresa pública debería descansar en la fuerza de la costumbre.
Mirar el conjunto cambia la perspectiva. Las empresas públicas generan ingresos equivalentes a casi un 10% del PIB, pero BancoEstado, Codelco y Enap (Empresa Nacional del Petróleo) concentran cerca del 90% de ese total. Ejercer la propiedad también significa distinguir dónde están realmente el valor, los riesgos y las responsabilidades fiscales.
Esta no es una discusión sobre privatizar o estatizar, sino sobre cómo un Estado moderno ejerce la propiedad cuando decide ser empresario. Como todo propietario responsable, el Estado debe poder explicar por qué es dueño de cada empresa, qué objetivo público persigue con ella y qué riesgos fiscales está dispuesto a asumir. Solo entonces tiene sentido discutir directorios, capitalizaciones o cambios legales.
No es una discusión académica. Y, en un contexto de estrechez fiscal prolongada, tampoco es postergable. La evidencia internacional recopilada por el FMI (Fondo Monetario Internacional) muestra que los rescates de empresas públicas han costado, en promedio, cerca de un 3% del PIB y, en casos extremos, hasta un 15%. En Chile, no hacerse esa pregunta a tiempo ya les está costando caro a todos los contribuyentes.
Cambiarán los gobiernos, los directorios, los precios y las crisis de hoy. Lo que no debería seguir cambiando es cómo el Estado entiende uno de sus roles menos discutidos: el de propietario.
*El autor de la columna es coordinador académico del CEP
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