El sector público institucional estatal sigue suspendiendo en materia de transparencia pues, en líneas generales, sigue sin cumplir todas las obligaciones que marca la ley aprobada en 2013 al no publicitar aquellos datos que establece la norma en los respectivos portales.
En concreto, el índice medio de cumplimiento no llega ni al 50%, quedándose en el 47,1% y la Tesorería General de la Seguridad Social figura entre las más incumplidoras.
Esta es la conclusión a la que ha llegado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que, tras analizar los portales de transparencia de 153 entidades, sigue observando una gran disparidad entre los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas y mutuas analizadas.
Lo que se comprueba es si publican o no en sus portales web toda la información a la que están obligados: la normativa por la que rigen, sus presupuestos, los contratos que suscriben, quiénes son sus máximos responsables, cuál es su formación y experiencia y sus retribuciones, entre otros datos.
El consejo ha revisado también el grado de aplicación de las 2.916 recomendaciones que realizó a estas entidades (entre las que no se incluyen los ministerios) en 2025. De las 2.916 sugerencias que les hicieron entonces, se han aplicado 830, lo que representa sólo el 28,4% del total.
La falta de publicación de informaciones obligatorias y, sobre todo, la carencia de referencias que permitan conocer a los usuarios el grado de actualización de la información publicada, son los factores que explican el nivel de cumplimiento global alcanzado.
El índice de cumplimiento global más elevado se observa en entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social, con un 82,5%.
Las restantes entidades también van mejorando pero en menor medida, pues registran incrementos que oscilan entre los 15,98 puntos (hasta el 38,04%) de las sociedades mercantiles y los 5,69 puntos (el 20,39%) de las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, según recoge Europa Press.
Se trata, según el consejo, de una "mejora reseñable" pero "no suficiente", pues si bien se han registrado incrementos en el cumplimiento de hasta 68,7 puntos porcentuales, todavía hay "una parte demasiado" amplia de sujetos que siguen sin cumplir con lo que les exige una ley que se aprobó hace ya trece años.
Entre las entidades evaluadas este año sólo dos han aplicado todas las recomendaciones efectuadas y logran el 100% de cumplimiento: el Boletín Oficial del Estado (BOE) y Palencia Alta Velocidad, que ya obtuvo la máxima puntuación en 2025. Les siguen, con el 99%, las mutuas MAZ y Mutualia, Murcia Alta Velocidad y Zaragoza Alta Velocidad 2002.
También están por encima del 90% la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), el Centro Universitario de la Defensa de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) y la Confederación Hidrográfica del Júcar. El informe analiza también las confederaciones del Duero, que aprueba por poco, y la de Miño-Sil, con un grado de cumplimiento del 41,9%.
Apenas superando el 50% aparecen ADIF-Alta Velocidad, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) se sitúa justo en el 50% y entre el 50 y el 40% están el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social y la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Instituto de la Juventud (INJUVE) y la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Por su parte, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), el Consorcio de la Zona Especial Canaria, las Autoridades Portuarias de Ceuta y Cádiz y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios aparecen con porcentajes de entre el 30 y 40%.
Y por debajo del 25% se sitúan el Centro Sefarad-Israel (23,5%), el Instituto Social de la Marina (16,3%), la Tesorería General de la Seguridad Social de la Seguridad Social (11,8%), Real Fábrica de Tapices (7,8%), la Obra Pía de los Santos Lugares (4,1%) y cierra la tabla el Consorcio del Museo Militar de Menorca, con un incumplimiento del 97%.
El Consejo recuerda a los responsables de las entidades públicas que no han alcanzado el pleno cumplimiento de los mandatos de transparencia activa contenidos en la ley que se trata de obligaciones legales de carácter vinculante que están vigentes desde 2014 y les exhorta a cumplir sin dilación, proporcionándoles de nuevo una serie de recomendaciones específicas para facilitar la tarea.
En este contexto, el Consejo vuelve a instar la publicación íntegra, actualizada (especificando a qué fecha corresponden los datos publicados), fácilmente localizable y en formato reutilizable de todo el catálogo de informaciones obligatorias en los portales y aconseja seguir para ello una serie concreta de pautas.